Durante muchos años hemos visto en nuestro país, que cada cierto tiempo han surgido manifestaciones ciudadanas que han remecido el clima de la política en aquel entonces, muchas veces por constantes críticas a un sistema ilegítimo desde su origen, a falta de oportunidades, al abuso de poder de los distintos poderes del Estado y la elite económica, que daba paso a una indignación constante y sostenida en el tiempo. Una indignación hacia quienes ostentan poder, de cualquier tipo, porque nadie confía en nadie. Ciudadanos y ciudadanas que se sienten de distintas categorías por su nivel socio económico.
Desde el 18 de octubre del 2019, toda esa indignación abrió hacia una explosión de participación ciudadana en muchas ciudades de Chile. Esto nos hizo despojarnos de la idea que existía una ciudadanía apática, desinteresada por los asuntos públicos, que sólo veíamos de forma indignada en manifestaciones circunstanciales. Ahora no, la ciudadanía quería participar, debatir, verse a los ojos, reconocernos, decir los que nos gusta y no nos gusta, pero por sobre todo, no sólo quedarse en la protesta, sino participar en las propuestas de un nuevo Chile. A través de cabildos autoconvocados, asambleas territoriales, diálogos entre vecinos y vecinas en las plazas, juntas de vecinos, etc.
Ahora bien, es necesario analizar nuestro escenario institucional actual, y me atrevo a decir que este está limitado en cuanto a la participación ciudadana. Si bien existe una obligación de implementar mecanismos de participación ciudadana en varios de los ámbitos urbanos, incluyendo la planificación urbana, el único instrumento vinculante es el plebiscito comunal, el que ha sido usado sólo cinco veces desde los años noventa y que tiene como requisito, para ser vinculante, que al menos un 50% de los inscritos en el padrón electoral voten. Además de los Consejos de la Sociedad Civil, consagrados por la ley 20.500, promulgada en 2011, se ha podido identificar una diversidad de experiencias de participación ciudadana relacionadas con la planificación, de lo urbano, del transporte y del medioambiente entre otros, así como con proyectos de diseño urbano. Sin embargo, se demuestra una gran dispersión y discontinuidad de estas iniciativas a lo largo de nuestro territorio nacional, lo que da cuenta que estos mecanismos tienen que ser reforzados por nuevas formas de organización desde los territorios.
La discusión pública sobre la necesidad de profundizar la democracia, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, es aún bastante discreta en Chile. Es necesario establecer modificaciones sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, falta aún una reflexión ciudadana más amplia sobre los mecanismos de participación ciudadana y la organización vecinal y territorial que queremos.
Y precisamente vinculando esto, al proceso constituyente al que estamos ad portas de una semana, me parece importante que desde ya conversemos sobre cómo queremos que estén organizadas nuestras ciudades y qué rol queremos tener como ciudadanos y ciudadanas en la vida pública de nuestro país. Además se deben establecer nuevos mecanismos que nos permita poder plantear nuestras diversas experiencias e ideas en este proceso tan importante e histórico. Que esta pandemia a la que nos vemos enfrentado, no nos devuelva nuevamente a un estado de pasividad pública. La ciudadanía no sólo tiene el derecho, sino que la obligación a expresarse fuera de las urnas, de manera permanente y con incidencia en sus ciudades de forma vinculante.
Votar es necesario, pero con eso no basta.
BASTIÁN MILLAPEL TIZNADO
VANGUARDIA COMUNITARIA