Esta semana quedó marcada por los temas de seguridad, una seguidilla de
homicidios ocurrida en un lapso de cinco días, cobró la vida a quince personas en
la región metropolitana. La brutalidad de los hechos, dejó impactado al país
entero. La pauta de los matinales y los noticieros, redoblaron el espacio dedicado
a la crónica roja, ya de por sí bastante extensa. Los hechos sorprendieron al
presidente de la república Gabriel Boric, en visita de estado en la república del
Paraguay, por lo que le correspondió a la ministra del interior, Carolina Tohá,
liderar como vicepresidenta la respuesta de los organismos del estado a esta
nueva crisis. Dentro de las medidas anunciadas, se considera implementar un plan
con cinco acciones para enfrentar crisis de seguridad que afecta a la Región
Metropolitana. La primera acción es constituir de forma inmediata, una fuerza de
tarea conjunta de Carabineros y la PDI, con apoyo de la fiscalía, para aunar las
capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, y del
comportamiento criminal de los lugares de mayor riesgo, y abordarlos con una
estrategia conjunta. La segunda acción, será el reforzamiento de dotaciones
policiales. Para el caso de Carabineros de Chile, esto implicará tanto la
destinación de funcionarios recién egresados, como el reordenamiento de las
fuerzas operativas de la Región Metropolitana. Se trabajará con el foco en los
delitos violentos, las armas, las bandas, tanto de crimen organizado sofisticado
como bandas comunes. En tercer lugar, se va a modificar la actividad de las
comisarías y cuarteles policiales en la región, esto permitirá liberar para labores
operativas, personal dedicado hoy a tareas registrales o administrativas. La cuarta
acción será el reforzamiento del trabajo de la PDI, para mejorar las capacidades
de control de armas en las calles, se reforzará el programa Micro tráfico Cero, y el
trabajo en la frontera. La quinta acción será el reforzamiento de los Equipos de
Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, se dispondrá de mayores
recursos para investigar, también delitos que hoy no están cubiertos por las
unidades ECOH, especialmente la investigación de bandas criminales.
A su regreso a Chile, el presidente Boric, dispuso la discusión con suma
urgencia de los proyectos de infraestructura crítica y ministerio de seguridad,
asimismo informó la creación de una fuerza de tarea especializada, integrada por
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio
Público, la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI), Gendarmería de Chile, y que
será coordinada por el Delegado Presidencial de la región Metropolitana. Quizás la
medida que provocó mayor revuelo, fue el anuncio presidencial de la construcción
de nueva cárcel de máxima seguridad. El penal contará con el estándar de los
países desarrollados, para que cumplan condenas delincuentes de alta
peligrosidad, como los líderes de bandas criminales. Se anunció que esta nueva
cárcel aumentará en 500 los cupos, para este tipo de reos, y se emplazará dentro
de la región metropolitana. El presidente anunció también, que presentaría una
reforma legislativa, para que la construcción de la cárcel de máxima seguridad,
quede exenta de la obtención de algunos permisos administrativos, a objeto de
que se pueda agilizar su construcción.
Para dimensionar en base a datos y evidencia, el tema de la seguridad,
consulté la página de la subsecretaría de prevención del delito, en específico
estudios efectuados por el Centro de Documentación y Análisis del delito. En su
informe de Casos policiales y personas aprehendidas por delitos de mayor
connotación social (DMCS) del primer trimestre de 2024, se establece que la tasa
de casos policiales de Delitos de Mayor Connotación Social cada cien mil
habitantes, informados por ambas policías durante el primer trimestre del año
2024, presentó una disminución de -3,9% respecto del primer trimestre año 2023 y
una reducción de -14,6% respecto del primer trimestre del año 2019 (año sin
pandemia).
Respecto del primer trimestre 2023, la tasa de denuncias cada cien mil
habitantes registró una disminución de -3,2%, mientras que la tasa de detenciones
disminuyó en -8,3%.
Respecto del primer trimestre 2023, 10 de los 12 grupos delictuales
registraron disminuciones en la tasa de casos policiales cada cien mil habitantes.
Las mayores corresponden a: violación (-19,1%), robos con fuerza (-14,2%) y robo
en lugar no habitado (-11,3%). En contraste, solo se registraron aumentos en
robos por sorpresa (12,3%) y lesiones leves (1,8%).
Respecto del primer trimestre 2023, 14 de las 16 de las regiones
presentaron disminuciones en la tasa de DMCS cada cien mil habitantes. Las
regiones que registraron las mayores disminuciones son: Tarapacá (-14,5%),
Antofagasta (-10,9%) y la Región de Atacama (-10,8%). Solo la región de
Magallanes registró un aumento en su tasa de 1,9%.
Contra lo que dicen los matinales y los noticiarios nacionales, las cifras de
delincuencia, arrojan disminuciones ostensibles en todo el país. El caso ocurrido
en la región metropolitana, principal mercado para la mafia narco, impacta
seriamente, y es un desafío a nuestro estado de derecho. El discurso facilista aquí
sería quedarnos sólo con lo que nos dicen las estadísticas, el trabajo de las
policías y la fiscalía está surtiendo efecto. Pero no estamos en Chile para
conformarnos con poco, y la ostentación de poder de fuego, que hacen los narcos
en la capital del país, obliga a todos los poderes del estado a coordinar acciones.
Algunos (as) políticos (as) hacen su negocio, culpando al gobierno, con ojitos
blancos mirando a los cielos. Pero es un aprovechamiento espurio, e inútil, Con
elecciones en ciernes, todos los problemas no resueltos ahora, rebotarán a las
autoridades siguientes. A la actual administración le ha costado lágrimas de
diverso tamaño, el mea culpa por los arrebatos adolescentes pasados. La
satanización de la política de los acuerdos, los reproches morales a las
generaciones precedentes, tres años después son cosa olvidada. Y enhorabuena
que así sea, porque son precisamente altos ejecutivos de gobierno, de la otrora
vilipendiada centro izquierda, quienes tendrán que buscar los votos para aprobar
la agenda de seguridad.
Los datos del Centro de documentación y análisis del delito, indican que estamos
muy lejos de un “estado fallido”, como pregonaban políticos populistas esta
semana. Sin embargo, la ocurrencia de sucesivos asesinatos en la capital del
país, obligan a tomar medidas excepcionales. Ninguna está descartada, inclusive
la aplicación de un estado de excepción constitucional en la región metropolitana.
El desafío es, que gobierno, oposición y sociedad civil toda, se unan con el
propósito de garantizar el derecho a vivir seguros en las casas y en las calles.
Ojalá que se escuche el llamado a la unidad, y se depongan las rencillas
partidistas, al menos hasta la próxima elección.
Ernesto Sepúlveda Tornero