En un encuentro franco, sincero y lleno de emotividad, los vecinos cercanos al estadio fiscal de Punta Arenas entablaron un diálogo con ex prisioneros políticos sobre la importancia reciente de declarar monumento nacional a dicho lugar. Resulta que los camarines del recinto deportivo fueron uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura durante la dictadura militar, con el respaldo de civiles. En este sitio, cientos de magallánicos padecieron tormentos, en una historia que ha permanecido silenciada hasta el día de hoy.
Baldovino Gómez, representante de la agrupación Orlando Letelier desde 1992, se ocupa de visibilizar el espacio deportivo como sitio de memoria. «Estamos reconstruyendo la memoria colectiva y destacando los espacios públicos de represión que existieron en la región», expresó Gómez. Subrayó que la conexión física con el pasado es vital y, cuando se amputa, enfrentamos una irremediable sensación de pérdida. Por eso, es crucial reflexionar y actuar sobre las consecuencias a largo plazo de la permanente alteración de los sitios físicos de la memoria o de dejarlos sin indicación alguna. «Este acto de declarar como sitio de memoria a los camarines del Estadio Fiscal dignifica y brinda una justa memoria a un hecho que nunca más debe repetirse. Para evitar su repetición, es necesario visibilizarlo», añadió.
En esta ocasión, los vecinos prestaron atención a los relatos de los ex prisioneros políticos, lamentaron lo ocurrido y valoraron el espacio que se le otorga a la memoria, especialmente en tiempos en que el negacionismo busca imponerse.
La publicación del decreto en el Estadio Fiscal llega después de un exhaustivo proceso de análisis y revisión por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, considerando la significativa relevancia histórica y cultural del Estadio Fiscal de Punta Arenas, utilizado como centro de detención y tortura entre noviembre de 1973 y diciembre de 1974. Rodrigo González, historiador e investigador del proyecto Estadio Fiscal de Punta Arenas como sitio de memoria para la comunidad magallánica, aseguró: «Este lugar será protegido y conservado como un testimonio material de una etapa oscura en la historia de Chile que nunca más debe repetirse».
Cristián Morales, periodista e investigador, señaló que la declaración es un importante primer paso, pero subrayó que la preservación física de los lugares no es suficiente. Para que un lugar tenga sentido, debe ser narrado y comunicado a las generaciones presentes y futuras, lo que implica un trabajo constante de educación.
Por su parte, el seremi de las culturas, las artes y el patrimonio, Diego García, valoró el esfuerzo de la agrupación de despertar la conciencia colectiva sobre la importancia de recordar y aprender de la historia reciente.
“La visibilización de los sitios de memoria no solo ayuda a promover la pedagogía de los derechos humanos, sino que también desempeña un papel crucial en la prevención del negacionismo. Este acto contribuye a preservar la memoria histórica y garantiza que las generaciones futuras estén conscientes de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron”, expresó.
En 1973, la región albergó más de 30 recintos clandestinos de detención y tortura, en una población que no superaba los 90 mil habitantes. El Estadio Fiscal fue testigo de innumerables actos de violencia contra cientos de magallánicos. Morales concluyó afirmando que esta declaración contribuye al reconocimiento y la reparación simbólica de las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto, promoviendo la no repetición de actos de violencia en el ámbito de la cultura y el patrimonio.