El “conflicto mapuche” debe ser uno de los que por más ha perdurado en el imaginario colectivo. Nos podríamos remontar a 1520 con la llegada del imperio español a lo que hoy en día es territorio de Chile y parte del territorio mapuche, desde ese momento comenzarían cruentas masacres hacia los pueblos que habitaban el territorio y obligando a mantener una constante resistencia, en el caso de los mapuches.
Pero podríamos decir que el actual conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche radica desde 1866, ya que en este año se decretó una ley en la que todos los territorios al sur del río Biobío donde ha permanecido asentado durante siglos la comunidad mapuche, trabajando en la agricultura, ganadería, etc. Debía ser confiscada para pasar a ser propiedad fiscal, posteriormente las tropas del Estado Chileno llegaron a la Araucanía para usurpar los territorios, tenían la idea de “tierras vacías” esto originó años de batallas muy sangrientas donde el pueblo mapuche una vez más debía defender su territorio. Este periodo es conocido en la historiografía tradicional como “la pacificación de la Araucanía”,
Este transcurso de ocupación por parte del Estado chileno y de resistencia por parte del pueblo mapuche, desciende notablemente con la refundación de la ciudad de Villarrica en 1881 y el proceso de radicación de los indígenas en reservaciones en 1884, lo que provoca una reducción de su territorio y de la sociedad ganadera, empobreciéndola mediante la fuerza, originando al complejo conflicto entre estos dos protagonistas que conocemos hasta los días de hoy.
A pesar de que el proceso de expropiación estatal duro hasta mediados del siglo XX, surgieron movimientos dentro de la comunidad mapuche, como el que buscaba la “integridad respetuosa” a la sociedad chilena a través de la activa participación política, no obteniendo resultados y siendo rechazados estructuralmente, recurriendo a los hechos como la “toma” de fundos de los mapuches que se produjo en el gobierno de Allende.
Dicho todo esto, ahora es necesario aclarar que durante todos estos años que llevamos como República no ha existido un claro diálogo con el pueblo mapuche, más bien han existido “pequeños parches” que a mi entender nos sumergen en un problema mayor en lugar de encaminar hacia el dialogo y la voluntad política y no a balazos ni más muertes que por lo demás bastante ya tienen.
El Estado Chileno tiene una deuda histórica de reconocimiento como una Nación mapuche que comparte una noción de etnicidad propia de nuestro Estado que yace desde mucho antes de la conformación de este. Por lo tanto, la creencia de una única etnicidad, ligada a la presencia europea que vino de tiempos coloniales que posteriormente se fue entremezclando, no representa a un Estado diverso en lo cultural como el nuestro.
Eso al parecer no es muy bien conocido por la población chilena, ya que en los niveles de enseñanza poco y nada se habla en torno a nuestros pueblos originarios. No ha existido una interculturalidad real en nuestro país, eso se suma a los estereotipos, prejuicios y racismo que se han visto alimentados por la fatal ignorancia, utilizando muchas veces palabras internalizadas por nuestra sociedad como: “ya le salió lo indio”, “se te paró la pluma”, etc. Evidencias de un racismo inconsciente alimentado como dije anteriormente por la ignorancia.
Sin embargo, es positivo ver como un gran porcentaje en nuestra población apoyan las causas mapuches, esto lo podemos observar desde las manifestaciones que han existido desde la vuelta de la democracia y sobre todo después del 18 de octubre del año pasado.
El censo del 2017 nos deja ver que un 12,8% de la población se considera perteneciente a un pueblo originario y un 9,9% de esos se considera perteneciente la etnia mapuche.
Es ahí donde creo que es necesario un reconocimiento constitucional por el Estado de Chile a nuestros pueblos originarios, que no ha existido en toda nuestra historia republicana por las tres constituciones que hemos tenido como República.
Hay que comenzar con ese anhelado reconocimiento el cuál debe tener escaños reservados para pueblos originarios en el Congreso, para que pueda verse representadas las diversas realidades de nuestro país, que en definitiva es la esencia de toda democracia representativa. Y por lo demás puedan manifestar sus ideas para un Estado que más bien a sido “sordo” durante décadas a un conflicto político, derivándolo como sólo un problema de seguridad pública. Los conflictos políticos, se solucionan con acciones políticas.
Bastián Millapel Tiznado
Colectivo Vanguardia Comunitaria