Amigos y amigas, esta semana estuvo marcada por sucesos impactantes que están
pasando en los países de nuestro entorno. Nos enteramos este martes, de la condena en
Argentina, de la vice presidenta peronista, Cristina Fernández. Se trata de un juicio iniciado en
2019, en que fue encontrada culpable, de administración fraudulenta de fondos públicos, en
concesión de obras públicas. Por hechos ocurridos en el período 20023 al 2015, durante los
gobiernos kirchneristas. El tribunal Oral federal, condenó a Cristina Fernández a seis años de
cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero goza de inmunidad hasta
diciembre de 2023, cuando termina su cargo de vice presidenta. La sentencia está sujeta a
recursos que están pendientes, por lo que puede transcurrir un buen tiempo, hasta que sea
ratificada o revocada por la Corte Suprema. El gobierno peronista enfrenta una crisis de gran
impopularidad, debido a su manejo económico, por lo que, de optar a algún cargo de elección
popular, se estima que Cristina Fernández lo haría a senadora, lo que le permitiría mantener su
condición de inmunidad. El presidente Fernández y jefes de piquetes de adherentes, se han
movilizado acusando una persecución política, también lo ha hecho la propia Cristina
Fernández, a través de encendidos discursos, donde acusa al poder judicial de estar coludido
con la derecha.
Como si no fuese suficiente con lo anterior, el día miércoles, pudimos ver al presidente
del Perú Pedro Castillo, quien, en un acto insólito e inesperado, anunció la disolución del
Congreso y nuevas elecciones. El congreso peruano, dominado por la oposición de derecha,
recientemente le había impedido asistir a una reunión de la Alianza del pacífico. Y, asimismo, se
aprestaba a votar una nueva moción de censura en contra del presidente Castillo. El anuncio
efectuado en los medios, por el presidente, precipitó las cosas, y el Congreso decidió seguir
adelante con la tercera moción de censura en contra del presidente. Esta vez fue apoyada por
101 votos, despojando del cargo de presidente a Castillo, y procediendo al nombramiento de la
vicepresidenta, Dina Boluarte, como su sucesora y primera mujer que presidirá el Perú. En el
continente esta noticia, ha producido gran conmoción, los países integrantes de la alianza del
pacífico, esperaban realizar su reunión en Perú, ya que México debía traspasarle la presidencia
al presidente Castillo. Inicialmente, se pensó que la aprobación del voto de censura,
correspondía únicamente al ejercicio de una mayoría política en el congreso. Con el paso de las
horas, se aclaró que el anuncio de disolución del congreso y llamado a nuevas elecciones,
efectuado por el presidente Castillo, carecía de asidero constitucional. Se trataría de un intento
de golpe de estado, el que no fue secundado ni por las fuerzas armadas, ni por las fuerzas
políticas de izquierda que sustentan su gobierno. Tan brusco fue el vuelvo, que Pedro Castillo,
que por la mañana era el presidente del Perú, por la tarde figuraba detenido por el delito de
sedición, en la prisión de Barbadillo, la misma en la que está preso el expresidente Alberto
Fujimori.
De las dos situaciones referidas, se puede extraer una verdad más grande que una
catedral. La separación de poderes, y la autonomía del poder judicial, son esenciales para el
buen funcionamiento del estado de derecho, y para la buena salud de la democracia. La
corrupción puede afectar incluso a las más altas esferas del poder, y un sistema judicial que
pueda procesar sin intervenciones, a los más poderosos, es garantía tanto para los ciudadanos,
como para las organizaciones de la sociedad civil, los actores sociales y económicos. Un cargo
de elección popular, no puede blindar a quien delinque o comete irregularidades. Suficiente de
eso, pudimos ver en Chile, con los procesos por el financiamiento irregular de campañas. Sólo
un parlamentario preso, de docenas de involucrados. Algunos aún en el parlamento, y llevando
la voz cantante. El debilitamiento de las instituciones democráticas termina afectando a todos,
incluso a aquellos, a los que no les gusta la política, y detestan tener que votar.
En el Chile de hoy, no estamos, afortunadamente, pasando por una crisis como la del
Perú o Argentina, pero no podemos jactarnos de nada. Hoy nos afecta una bacteria, que corroe
por dentro las instituciones, capaz de destruir en corto tiempo a las más sanas. La bacteria del
populismo y la irresponsabilidad. Eso es lo que vemos hoy, en las postergaciones y dilaciones,
de grupos minúsculos, que torpedean las negociaciones para un nuevo proceso constituyente.
De pronto, vemos que quienes alzan más la voz, ni siquiera cuentan con representación
popular, ni tampoco están debidamente reconocidos como partido político. Me refiero al grupo
denominado “amarillos”, que ha puesto en jaque a la derecha tradicional. A la fractura
existente entre RN y la UDI, en una lucha sin cuartel por la hegemonía del sector, ahora son
jaqueados, por un grupo de conservadores de última hora, que muestran un apetito inusitado y
voraz por el poder. Ninguna alternativa propuesta por el oficialismo, les satisface. Los partidos
progresistas, estuvieron incluso dispuestos, a reducir el número de constituyente a 50, como
proponía la derecha. A estas alturas resulta evidente, que tanto el grupo de amarillos, como las
escisiones de la DC, no constituyen actores de centro izquierda, como se quiso hacer entender
durante la campaña del rechazo, sino que son un actor de derecha más, disputando poder a los
partidos tradicionales del sector. La discusión para dotar a Chile de un nuevo contrato social, y
de una nueva constitución, está secuestrado por grupos disputando la hegemonía política en la
derecha. Es una mera disputa de poder por el poder, y la reducción del número de
constituyentes, o la exigencia de expertos con derecho a voto, ha sido una simple excusa, para
prolongar el debate ad aeternum. Prueba irrefutable del secuestro del proceso constituyente,
por el conservadurismo, es la negativa rotunda de la derecha, a que sea el pueblo quien decida,
el órgano constituyente, en un plebiscito de entrada. Esa es la verdad de la milanesa, y ni los
llamados al patriotismo y a la responsabilidad con Chile, efectuados por parlamentarios
progresistas, han sido atendidos. Por esta razón, en Chile, no podemos ufanarnos de lo bien
que lo hacemos, de lo probas y transparentes que son nuestras instituciones, porque en la
búsqueda del interés personal, o de grupo, por sobre el bien general, se alberga el germen que
ha destruido economías y democracias. Esperemos que quienes hoy entraban el progreso,
entren en razón, y pongan el bien de Chile primero.
Ernesto Sepúlveda Tornero