Contrario a lo publicado en algunos medios de comunicación regionales, respecto a una supuesta ilegalidad en el actuar de Tesorería en el pago del beneficio de bonificación de la Ley Navarino, el organismo recaudador destacó que “dicho ente de control ratificó en su informe, de manera contundente, el proceder de la Tesorería Regional respecto de la aplicación de la Ley 18.392, al desestimar las denuncias presentadas por la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino”.
Cabe recordar que la Contraloría Regional auditó los procesos de la Tesorería de Magallanes, en base a denuncias de dicho gremio. Luego de un exhaustivo análisis de los antecedentes entregados tanto por los denunciantes como por Tesorería, Contraloría sólo requirió a este último organismo efectuar dos mejoras en aspectos formales y puntuales del procedimiento, los que se encuentran ya subsanados o en curso de ser resueltos.
Respecto al fondo de las denuncias, que dicen relación con las supuestas excesivas demoras en los pagos de las bonificaciones, que provocarían perjuicios económicos a dicha asociación, TGR subrayó que, de los 236 casos revisados, Contraloría observa en sólo uno de ellos un atraso de 3 días hábiles. “Esto significa que sólo en un 0,4% del universo de los 236 casos auditados, se pudo detectar un retraso en los pagos, por un período muy acotado, lo que difícilmente podría llevar aparejados perjuicios en los términos expuestos por la asociación”. Muy por el contrario, prácticamente en la totalidad de los casos el pago se efectuó en el plazo legal, el que se contabiliza desde que se comprueba el cumplimiento de los requisitos legales y no desde la presentación del interesado, como lo estableció la Contraloría en este informe.
“Es una preocupación constante para Tesorería mejorar sus procedimientos y para ello hemos adoptado acciones concretas de coordinación con los restantes servicios involucrados y la Seremi de Hacienda, incluyendo a la propia Asociación de Industriales, que ha participado en capacitaciones para garantizar una mayor fluidez de las solicitudes. Es así como se han reducido efectivamente los tiempos de espera, en menos de un año, hasta en un 50%, junto con casi duplicar el aporte fiscal a través de las leyes de excepción en los últimos años”.
El organismo agregó que “es nuestro deber resguardar debidamente los recursos del fisco, lo que lógicamente, de acuerdo al número de antecedentes y la envergadura de los montos bonificados, exige una revisión exhaustiva de Tesorería, a quien, de acuerdo a Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, y su Estatuto Orgánico, le compete la administración y custodia de los fondos fiscales”.
