Lo que se ha vivido en las últimas semanas en el centro sur de Chile, es como un dejavú. Es algo de nuestra historia, ya es tradicional en Chile, que las fuerzas de la naturaleza cambian la agenda pública. De tanto en tanto, terremotos, aluviones, inundaciones, o como en este caso, daños masivos producidos por el viento. El sistema frontal que afectó la Región Metropolitana (RM), región de O´Higgins y la Araucanía, produjo intensas precipitaciones, y vientos que, en algunas partes, superaron los 90 y 100 Kms/hora. Vientos de esta naturaleza son inusuales en estas zonas, por lo que produjeron daños en techumbres, de casas y edificios, daño a terminales de aeropuertos, inundación de vías férreas y estaciones de metro. Pero lo que fue más perjudicial, fue la caída de árboles y postes, que interrumpieron la distribución eléctrica. En las primeras
horas de este evento, se reportaba más de 700 mil clientes afectados sólo en la región metropolitana. En todo el país pudimos apreciar los programas de TV, volcados por entero a explotar el morbo, de las personas afectadas. Como es un clásico de nuestros medios de comunicación, las penurias e incomodidades de los vecinos, se trataban de reconducir hacia una crítica a las autoridades. Sin embargo, la incomodidad al comienzo, y la molestia e indignación un poco más tarde, se empezó a dirigir espontáneamente hacia las empresas de distribución eléctrica. En el área afectada, operan ENEL, CGE y CHILQUINTA, pero de estas las que se llevó todos los reclamos fue ENEL, por ser la que concentra la mayor cantidad de clientes, es natural.
Pero lamentablemente, fue la que incurrió en mayores errores en el manejo de esta crisis. Canales de atención al público saturados, la tele atención que opera con dispositivos de IA, fueron deshabilitados ante la imposibilidad de dar respuesta a la avalancha de reclamos. La paciencia de los vecinos, se agotó cuando había transcurrido un par de días, ya no llovía ni golpeaba el viento, pero nadie se presentaba a retirar los cables ni los postes derribados. Se produjo gran impotencia y frustración a las personas, que veían alteradas sus vidas, en los aspectos más esenciales, como la conservación y preparación de los alimentos. El aseo, el cuidado de niños y de personas mayores. La poderosa compañía eléctrica no dio abasto a resolver la situación. Se empezó a desnudar en todas sus flaquezas un modelo de negocios, construido sobre la base de un mercado regulado, cuasi monopólico. Por toda la región metropolitana, surgieron espontáneamente
acciones de protesta de los vecinos, para visibilizar los problemas no resueltos por ENEL.
La gerencia general de la compañía, que abastece a 33 comunas de la Región metropolitana, expresó que, desde el mega terremoto de 2010, no se enfrentaba una situación con tantos postes caídos. La empresa se comprometió a la recuperación paulatina de los alimentadores y las líneas de transmisión, para normalizar el suministro eléctrico. Sin embargo, la magnitud de la afectación ha impedido que esto suceda. Como consecuencia de esto las autoridades de gobierno han manifestado que los graves incumplimientos de ENEL, justificarían el cese de la concesión eléctrica, que está explotando. El subsecretario del interior Manuel Monsalve, afirmó que la impresión del gobierno, es que la empresa no ha destinado los recursos necesarios
para enfrentar la emergencia con la oportunidad y rigurosidad requeridas, dejando a muchas personas sin suministro eléctrico desde el 1 de agosto”. Ha debido ser la autoridad la que exija un plan de reposición hasta la total recuperación del suministro eléctrico a todos los clientes, pero se ha evidenciado, el incumplimiento de la compañía, incluso a sus compromisos voluntarios. Se está gestionando asimismo el envío desde Argentina de diez generadores para proveer electricidad temporalmente a las zonas afectadas.
Pese a la existencia de derecho a compensación a los clientes afectados, no se aprecia una
disposición clara e inequívoca de ENEL, de generar a la brevedad un mecanismo de compensación
económica. Esto contrasta con lo informado por Chilquinta a sus clientes, quienes ya fueron informados de una rebaja inmediata en su próxima cuenta. Algunas voces del populismo parlamentario, ya están sugiriendo una nueva postergación del alza a las cuentas de la luz. Insólito e irresponsable, cuando estamos sufriendo este mismo mes la brusca alza del IPC, producida por la postergada alza de las mismas, ocurrida en pandemia.
Numerosas voces se alzan hoy día, pidiendo el fin de la concesión a ENEL. El tema de discusión
debiera ser más amplio. ¿Se justifica hoy la prohibición al estado para que realice actividad empresarial? La norma está en la base del orden público económico de la constitución redactada por la comisión Ortuzar.
Desde allí surge el impulso privatizador, que arrasó con el patrimonio, construido durante décadas por el estado con el impulso de la CORFO. Hoy pocos saben, y menos recuerdan, que los servicios básicos en Chile, eran proveídos a través de servicios y empresas públicas. Agua potable, gas, electricidad, telefonía y telecomunicaciones. Al igual que en otros múltiples países, fue el estado el gestor, el motor empresarial que dotó a todo el territorio de las bases elementales para su desarrollo. Sólo mediante una dictadura como la chilena, con la conducción económica de fanáticos neoliberales, se entiende la destrucción del patrimonio nacional, y la vil forma de apropiación y enriquecimiento privado, que benefició a los agentes civiles del régimen. La cuestionada empresa ENEL es propiedad del estado italiano, como lo fue otrora del estado
chileno. Para el que quiera indagar más acerca de la burda operación que llevó al gerente de la empresa eléctrica del estado, a convertirse en su principal accionista como empresa privada, puede leer “Poderoso caballero” del periodista Daniel Matamala. Spoiler, hasta el finado ex presidente estuvo en el negocio.
El funcionamiento de la economía de mercado de la que Chile forma parte, hace imprescindible el
impulso, la creatividad y el dinamismo de la empresa privada. Eso no se contradice para nada, con la existencia de un estado emprendedor, un estado propietario y gestor de empresas públicas. Chile las tuvo en el pasado, no sólo en la distribución eléctrica, también en la generación. ENDESA, empresa nacional de electricidad SA, fue una filial de CORFO creada en 1943. Según el “Repositorio de historia económica y de la industria de Chile” ENDESA implementó con éxito un plan de electrificación del país. Alcanzando el 56,7 por ciento de la potencia eléctrica instalada del país, y el 79,7 por ciento de la de servicio público en 1975. En 1981 se inició la privatización de Endesa y sus filiales, proceso que culminó en 1989. En 1999 el grupo económico ENERSIS S.A. tomó el control de la empresa y lo mantuvo hasta 2016 cuando fue vendida al grupo italiano ENEL.
La superación de los daños producidos por el inusual evento de la naturaleza, reparar los postes y
cableado, es responsabilidad exclusiva de las empresas distribuidoras de electricidad. No está tan claro que pueda concretarse en el corto plazo el fin de la concesión eléctrica de ENEL. Ya ha intervenido el ultra conservador gobierno Italiano, ante el gobierno de Chile, preocupado por el perjuicio que puede causar a la estatal ENEL. Por otro lado, y para variar, ha salido en distintos medios, la nómina de aportes de campaña de la compañía eléctrica, que benefició a varios partidos con representación parlamentaria.
Curiosamente, cuando se leen los entretelones del DFL 1 de 12 de septiembre de 1982, decreto de la dictadura que privatizó las empresas eléctricas, se aprecia que el objetivo no fue reemplazar empresas ineficientes, como nos repitieron durante años los guardianes del modelo. Por el contrario, como reconoce Renato Agurto, uno de los redactores del decreto de 1982, entrevistado por “La tercera” en 2012, “Las empresas estatales no estaban arruinadas, el sector no estaba en crisis. La idea fue poner a tono el sector eléctrico con la política general de desarrollo que venía aplicando el país”. Asimismo, dentro del equipo redactor de la norma que privatizó las empresas eléctricas, se pensaba que el sector eléctrico iba a ser mixto, estatal-privado.
El sistema económico actualmente vigente en Chile, y en gran parte del mundo, requiere de
transparencia, de libre competencia entre los actores económicos. Algo que los fundadores del neoliberalismo chileno, parecieron olvidar, cuando compraron a vil precio la empresa nacional, para alzarse como controladores de un negocio multimillonario. Lo que pudieron hacer con total impunidad en plena dictadura, y en los primeros años de nuestra democracia, hoy es inaceptable. Podemos y debemos revisar la norma constitucional que establece que sólo por ley de quórum calificado, se puede autorizar al estado a desarrollar actividad empresarial. Debemos discutir el mejor modelo para las empresas de servicios básicos, empresa estatal o empresa mixta. El dinamismo de la economía, y la exigencia de una gestión de excelencia, como se ha visto, en esta semana no es patrimonio exclusivo del sector privado.
Ernesto Sepúlveda Tornero