La Asociación de Salmonicultores de Magallanes y sus seis empresas productoras, ha querido dar respuesta a las últimas acusaciones realizados a la industria, en el contexto del inicio de producción de la empresa Nova Austral en Cabo de Hornos. Afirmaciones que van desde que empresas de la región han causado daños en otras regiones, cuando nunca han operado en dichos territorios; o que la industria quiere invadir Cabo de Hornos, cuando es solo una empresa la que tiene concesiones en esa zona, Nova Austral.
Sobre los dichos de los ambientalistas, respecto de que las empresas que hoy están en Magallanes se han escapado de las regiones de Los Lagos y Aysén, hay que aclarar que en Magallanes hay empresas que están produciendo salmones por más 20 años y que solo han estado presentes en este territorio. Por otro lado, otras cuatro empresas, que tienen operaciones en las regiones de los Lagos y Aysén, han diseñado una estrategia de negocio que implica estar en Magallanes, sin dejar de producir en las otras regiones. Ninguna de estas 4 empresas ha abandonado una producción en otras regiones, dejando atrás malas prácticas, como se ha señalado. Magallanes alcanzó una producción de 87 mil toneladas, en 2018, y para lo cual utilizó 40 concesiones. Hay que recordar que en la región existen 130 concesiones, que en su conjunto significan 1.900 hectáreas marítimas.
Magallanes produce el 12 por ciento de los salmones de Chile, con el 10 por ciento de concesiones del país. Eso significa que, entre las regiones de Los Lagos y Aysén se concentra el 90 por ciento de la producción y concesiones. Eso da luces de que la industria en Magallanes es distinta a la de otras regiones, que ha pasado por un proceso de ordenamiento territorial significativo, con una participación de los distintos grupos de interés de la región y donde se disminuyeron los espacios aptos para la acuicultura, considerablemente.
Respecto de la falta de información que existe a la hora de hacer declaraciones, es necesario precisar que las concesiones acuícolas son obtenidas luego de un extenso trámite, que incluye ser analizada por decenas de instituciones públicas y por la propia comunidad. Trámites que duran en promedio 6 a 7 años.
«Lo primero, es que solo se puede solicitar una concesión dentro de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA), donde se verifica, entre otras cosas, no sobreponerse a otra concesión otorgada y que se ubique a más de 1.5 millas de otra concesión. El trámite continúa con un estudio para verificar que no existan bancos naturales de recursos hidrobiológicos en el área solicitada. Una vez resuelto estos puntos, el proyecto es presentado, en detalle, al Servicio de Evaluación Ambiental (a esto se denomina DIA). La DIA es evaluada por distintas instituciones, tanto Seremías como Servicios públicos y las municipalidades donde se quiere levantar el proyecto, e incluye una instancia de participación ciudadana. Una vez que la DIA deja de tener objeciones, el proyecto se considera viable, y es presentado a la Comisión de Evaluación Ambiental, presidida por el intendente regional, donde se aprueba por votación de sus integrantes. Luego de esto, el proyecto continúa siendo revisado y concluye con la entrega física de la concesión. El trámite descrito, sucintamente, demora 7 años en promedio”, comenta el gerente de la Asociación de Salmonicultores, Cristian Kubota.
Existen espacios determinados donde se pueden solicitar concesiones, lo que se denominan Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA), definidas por el Estado. Las AAA fueron reducidas en Magallanes, a partir de un proceso de ordenamiento territorial, que buscaba establecer las compatibilidades de usos entre las actividades humanas y el activo ambiental en el Borde Costero, de acuerdo a los intereses y prioridades regionales. Fue así como a partir de este trabajo se desafectó un 60% de las Áreas Aptas para la Acuicultura. Posteriormente, a partir de una resolución de la Contraloría, el año 2012, se determinó que las concesiones que están en las aguas colindantes a un parque nacional, debían ser relocalizadas, lo que desafectó otro 20% de las AAA existentes en la región. En ese proceso participaron instituciones del Estado, otras industrias, la academia y las comunidades locales, incluidos pueblos originarios, es decir, se trató de una decisión participativa regional. Esto quiere decir que, aquellos territorios donde existen concesiones acuícolas, fueron definidos por la región y no por la industria.
Por último, es importante que, además de reconocer que los procesos se han ajustado a la normativa, son legítimos, en cuanto han contado con una fuerte participación de distintos actores de la región, tanto representantes de instituciones como de la comunidad.
Es necesario transparentar las verdaderas inquietudes de algunos sectores, respecto de la industria. Las empresas que hoy producen salmón en Magallanes, creen que el cuidado del medio ambiente y el ejercicio de las actividades productivas (turismo, pesca artesanal, entre otros) pueden coexistir. Cada una de ellas transitando en el correcto uso del territorio que compartimos y en un trato respetuoso. Como se ha dicho antes, la industria salmonicultora está compuesta por 5 mil personas, 5 mil familias, cuyo trabajo está siendo deslegitimado día a día, de manera desmedida y arbitraria.
Finalmente, aunque ciertos sectores nunca han querido escuchar esto, la industria necesita cuidar el patrimonio medioambiental, sin lo cual sería imposible obtener el salmón de la calidad que se cultiva en Magallanes.
