Después de días de espera, el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional (TC) con el propósito de frenar la iniciativa legislativa que actualmente se discute en el Senado y que pretende autorizar un tercer retiro de fondos previsionales.
Consultado sobre la iniciativa parlamentaria y las ayudas del Ejecutivo, Rodrigo Álvarez afirmó que “lo primero que debemos hacer es reconocer que existen muchas personas y familias que están pasando un momento complejo. Además de empatizar, el Gobierno -especialmente teniendo en consideración que gran parte del país se encuentra en cuarentena- tiene que hacer todo lo posible para inyectar liquidez a los hogares más afectados”.
El abogado continúo señalando que “por ello los anuncios gubernamentales recientes son valorables. Extender y fortalecer el Ingreso Familiar de Emergencia, otorgar bonos para la clase media, mejorar los subsidios, entre otras medidas, implica un esfuerzo fiscal relevante. Son más de US$ 6.000 millones, que vienen a complementar los recursos del Fondo Covid original, y que permitirán mitigar en parte los efectos económicos negativos derivados de la pandemia”.
Frente a las posibles soluciones que se discuten, el exdiputado agregó que “si estimamos que los recursos son insuficientes, debemos buscar fórmulas que sean responsables y que no comprometan a los futuros pensionados. Velando por la sostenibilidad fiscal de largo plazo, considero que es preferible financiar las ayudas sociales con fondos públicos y no recurrir -a menos que sea estrictamente necesario- a los recursos del Fondo de Cesantía y a los recursos propios de las personas contenidos en las cuentas de capitalización individual”.
Álvarez, abordando la moción parlamentaria que busca autorizar un tercer retiro, advirtió que “el Banco Central, en su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado, fue claro en señalar que el eventual tercer retiro no favorecerá particularmente a las familias más vulnerables. De hecho, es necesario señalar que un 27% de los afiliados al sistema quedaron sin fondos tras la aprobación del segundo retiro. Son antecedentes, que sumados al impacto de largo plazo que generan medidas de esta naturaleza, deben ser considerados por los parlamentarios”.
Finalmente, el candidato a la Convención Constitucional se mostró preocupado
por la ofensiva parlamentaria puesto que “perseverar en iniciativas contrarias
al ordenamiento jurídico vigente afectan la certeza jurídica de nuestro país.
Certeza jurídica que es indispensable para que tengamos una recuperación
exitosa y que es necesaria también para el éxito de nuestro proceso
constituyente. Las reglas de iniciativa exclusiva en determinados ámbitos están
justificadas por nuestra historia. Por ello, por ejemplo, se ampliaron las
materias de iniciativa exclusiva en los mandatos de los expresidentes Juan
Antonio Ríos y Eduardo Frei Montalva. De hecho, fue este último quien incorporó
al catálogo de materias de iniciativa exclusiva presidencial las materias
relativas a la seguridad social. Me gustaría ver un cambio de actitud en el
Ejecutivo, pero también del Congreso. Mientras el Ejecutivo debe ser protagonista
en conducir todas las iniciativas que requieran gasto público, el Congreso utilizar
sus atribuciones conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente”.