Amigos y amigas, la semana que pasó, ha quedado marcada por la amplia cobertura de medios de prensa y programas de TV, a la paralización y bloqueo de rutas, efectuada por agrupaciones de camioneros de la zona norte, y sur del país. El bloqueo inició el lunes, y se ha prolongado ya durante una semana. Lo que resulta insólito, es que la Confederación nacional del sector, que agrupa a seis organizaciones de base, efectuó negociaciones con autoridades de gobierno, llegando a un acuerdo preliminar, que fue destacado transversalmente por su contenido y alcance. El texto que lleva la firma del ministro de Hacienda Mario Marcel y del subsecretario del interior Manuel Monsalve, contiene más de quince materias, dentro de las más relevantes:
-El mecanismo de estabilización del precio del petróleo, Mepco continuará su vigencia con una ampliación del límite establecido por ley, con un nuevo umbral de 1.500 millones de dólares, que estarán contemplados en la Ley de Presupuestos de 2023.
-El Gobierno se comprometió a crear un mecanismo que estabilizará el precio del diésel en un plazo de 90 días. Finalizado dicho lapso, el precio será ajustado en un máximo de $36 por litro al alza o a la baja. Vencido el mecanismo transitorio, el mecanismo permanente considerará ajustes cada 15 días con un máximo de $12 por litro.
-En cuanto al beneficio de reintegro del impuesto específico, se ampliará su vigencia por un año.
-En cuanto a la temática de seguridad, se elaborarán planes de prevención y control de rutas por parte de Carabineros en la macro zona norte.
– En las rutas de la macro zona norte, concesionadas y no concesionadas, se habilitarán zonas de descanso seguras.
-Se evaluará un Seguro complementario de carácter público en consideración al aumento de los costos de los seguros y deducibles.
– Se estudiará una agenda legislativa que permita la persecución efectiva de delitos que afecten la actividad productiva del transporte de carga.
-Se efectuará el mejoramiento de la conectividad digital y telefónica en las rutas de la Macro Zona Norte.
-Para implementar este conjunto de medidas, los subsecretarios del Interior, Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, visitaran la Macro Zona Norte.
– Se creará una instancia de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos para reducir informalidad y evitar malas prácticas, o actividades ilícitas como el transporte de mercaderías de forma irregular o el lavado de activos.
-Se ingresarán cambios al tratamiento tributario del leasing para material de transporte en una ley corta, durante el mes de noviembre, de forma que no entre en vigencia la norma aprobada en el mes de enero de este año.
-Se estudiarán los problemas previsionales del sector, en el marco de la reforma al sistema de pensiones.
-Como parte de la Nueva Política Nacional de Peajes del Ministerio de Obras Públicas, se revisará la operatividad para el transporte de carga y de pasajeros.
Como se puede apreciar de la simple lectura del acta de acuerdo obtenida, producto de las negociaciones entre la Confederación y el gobierno del presidente Boric, los acuerdos alcanzados cubren todas las temáticas expresadas por el sector. Entonces, ¿Por qué fue desechado por un par de organizaciones afiliadas a la confederación? El petitorio expresado por los dirigentes de la zona norte, apuntan básicamente hacia obtener mayores recursos para congelar el precio del petróleo por más tiempo. Sin mayor argumentación, que la cantinela archi conocida de cada paro camionero, el grupo de dirigentes disidentes, solicita que se rebaje en un 30% el precio de todos los combustibles por seis meses. Una petición que el ministro Marcel, expresó que resulta absolutamente desproporcionada, ya que tiene un costo fiscal de unos 2.500 millones de dólares, si es que los precios se mantienen. Para que cualquiera de nuestros vecinos y vecinas, dimensione la magnitud y lo descabellado de esta exigencia, el propio ministro Marcel, ha señalado que es equivalente a dos y media veces al pago de un bono que el año 2021, se entregó a siete millones de personas, y corresponde a casi todo el presupuesto de la salud primaria.
Contra la lógica más mínima, que recomendaría suscribir el acuerdo, negociado con el gobierno, un grupo reducido de dirigentes gremiales, ha mantenido bloqueos parciales o intermitentes en distintos puntos del país. Han hecho caso omiso a los llamados del gobierno a deponer sus acciones, para retomar el dialogo. Si bien las autoridades regionales, en conjunto con los actores productivos de todo el país, han asegurado el abastecimiento de la población, la persistencia de estas acciones, han obligado al gobierno a interponer al menos 31 querellas por ley de Seguridad del Estado, en contra de personas determinadas. Asimismo, los delegados presidenciales han estado coordinando con Carabineros de Chile, el cumplimiento de la orden emanada del ministerio del interior, en orden a despejar las rutas, y garantizar el libre y seguro tránsito por las rutas del país. De hecho, en algunas regiones, como la región de Coquimbo, las fuerzas de orden, escoltaron a una caravana de más de 150 camiones con combustible y mercaderías. En esta región se despejó el bloqueo, y se procedió a la detención de los responsables. Se ha reiterado desde el gobierno que, en todo el país, rige la misma orden para Carabineros de Chile, por lo que debe procederse del mismo modo.
En tanto, en el ámbito de los trabajadores de temporada del sector agrícola, existe gran preocupación, ante la posibilidad de que la temporada de cosecha se vea interrumpida. Así lo han advertido dirigentes gremiales de agricultores y exportadores de fruta, quienes señalan que, ante la imposibilidad de llegar a puerto con los embarques, se enfrenta el riesgo de tener que suspender la cosecha, con las consiguientes pérdidas económicas y de miles de empleos. En resumen, una movilización injustificada, abusiva, no con el gobierno (porque esto les ha pasado a gobiernos anteriores también), sino con la población más modesta, que vive al día, y no puede hacer acopio de mercadería o de combustible. Surge la preocupación acerca de una posible instrumentalización política, de sectores de ultra derecha, que se han mostrado en RRSS, muy activos en apoyo a quienes hoy bloquean carreteras y rutas. Una conducta de irresponsabilidad máxima, por cuanto, el debilitamiento institucional, y las acciones de fuerza, perjudican a la sociedad toda, no sólo al progresismo gobernante.
En el ínterin, los mismos políticos que se solazan, viendo al gobierno del presidente Boric, preocupándose del orden y seguridad pública, no trepidan en echarle más carbón a la caldera, y continúan dilatando el archi discutido mecanismo constituyente. Se ha llegado a tanto, que un grupo conservador, conocido porque adoptó por nombre un color, propuso esta semana, que la nueva constitución la elabore un grupo de expertos designados por el congreso. Lo que el 4 de septiembre se decía que era urgente, hoy se le posterga y posterga, girando a cuenta de ese 62% que rechazaron la propuesta de la convención. Sólo quienes viven de su trabajo, quienes tienen que esforzarse cada día para ganarse el pan, para dar trabajo, para pagar sueldos, saben la importancia de que, en el país, las cosas funcionen. Que, sigan pasando las micros en las mañanas, que siga habiendo pan y leche en el negocio de la esquina. Que sigamos siendo libres de ir y venir por los caminos de la patria. No es tan difícil de entender, y es lo mínimo que deben garantizar el gobierno, las instituciones de orden y seguridad, y es lo mínimo que debe buscar todos hombre o mujer dedicado a la política. Ese mínimo civilizatorio, es lo que nos mantiene unidos como sociedad, y es lo que debemos cuidar, rechazando a quienes quieren aprovecharse del sufrimiento ajeno.