Recursos millonarios destina cada año la Universidad de Magallanes para financiar el pago de la asignación de zona de sus trabajadores. Como funcionarios públicos ellos tienen este derecho, sin embargo el Estado no entrega dichos recursos a la UMAG y tampoco a las otras Ues de regiones extremas y aisladas.
Para plantear esta problemática, el rector de la U. de Magallanes, José Maripani, y sus pares de la U. de Aysén, U. de Tarapacá y U. Arturo Prat acudieron a la Comisión de Zonas extremas del Senado que es presidida por Alejandro Kusanovic.
“Nuestros funcionarios merecen el mismo trato del Estado que los funcionarios públicos de los otros servicios, nosotros como institución hemos financiado por años esta justa demanda pero creemos que el gobierno debe cambiar esta situación ya que las universidades tenemos recursos limitados, y más todavía aquellas ubicadas en zonas extremas”, afirmó Maripani.
El rector magallánico subrayó que las universidades son la base del desarrollo de los países y planteó que “las universidades de zonas extremas y aisladas cumplimos un rol geoestratégico y de soberanía, por lo que el Estado debe entregar los aportes necesarios para alcanzar mayores niveles de desarrollo y generación de capital humano”.
Maripani explicó que la Universidad de Magallanes ha asumido relevantes desafíos, por ejemplo en el área de Medicina y en Investigación, y los recursos que se destinan al pago de la asignación de zona son fondos que pudieran ir a éstas u otras áreas relevantes para la región.
Otro de los puntos que se abordó fue el bono de zonas extremas que se creó en 2009, el que se financia a través de un fondo fijo –que se reajusta de acuerdo al sector público- que se estableció en base a la dotación de personal de ese año.
En la sesión también expuso Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la UMAG y presidenta de ANTUE (Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales) quien solicitó que este beneficio que se paga cada tres meses pueda ser financiado per cápita y no a través de un fondo común para cada universidad. Esto debido a que “el monto total en el fondo sigue siendo el mismo y los trabajadores han aumentado por lo que el mismo monto se divide entre más personas y eso genera que recibamos menos que nuestros pares de los otros servicios del Estado”.
La Universidad de Magallanes en 2008 tenía una dotación de 458 personas y actualmente es de 670.
Por su parte, la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, sostuvo que “nosotros actualmente tenemos una dotación de casi 200 funcionarios, por lo tanto, se traduce en más o menos $1,500 millones de pesos, lo que requerimos para financiar la asignación de zona, lo que para nuestro volumen y para nuestra universidad es muchísimo proporcionalmente”.
Pino recordó, durante su exposición, que “nosotros no contamos con el bono de zonas extremas. Cuando esto se asignó a las otras universidades, nosotros todavía no existíamos, por lo tanto, no lo tenemos y nos parece necesario señor presidente a través suyo, el poder solicitarlo también”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Zonas Extremas, el senador magallánico Alejandro Kusanovic afirmó que «nos pareció que el Estado debería hacerse cargo de esta problemática que han planteado las universidades y por ello vamos a enviar un oficio al Presidente, al ministro de Hacienda y al de Educación pidiendo que el gobierno pueda considerar dar respuesta a esta demanda que afecta a estas instituciones que cumplen un rol geopolítico y social tan relevante en las regiones extremas y aisladas. Entendemos que la solución no puede surgir desde nosotros como parlamentarios ya que implica la entrega de recursos y, por ello, en primera instancia, vamos a enviar este oficio y estamos evaluando también generar un proyecto de acuerdo».
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