Después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas es el tercer negocio del crimen organizado más lucrativo a nivel mundial, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una realidad no muy lejana a nuestro país. En 2018, a nivel nacional ingresaron 43 personas al Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas, coordinado por el Programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En este contexto, la Mesa Intersectorial sobre la Trata de Personas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se propuso para los próximos tres años visibilizar este delito a la ciudadanía. Con ello, también busca promover la prevención, detección y protección de las víctimas para lograr una efectiva persecución.
La coordinadora regional de Seguridad Pública, Jennifer Rojas, manifestó que en esta nueva conmemoración del Día Mundial contra el Trata de Personas, es relevante que todos los habitantes de la región puedan ser agentes protectores y denunciar ante posibles casos de trata de personas que se presenten en nuestro entorno. “Este delito es complejo, muy duro para las víctimas, por eso la pesquisa es relevante, y en ese sentido, la denuncia es fundamental para que se inicie una investigación y se pueda dilucidar la presencia del ilícito”, afirmó la autoridad, resaltando que la Trata que se ha presentado a nivel local es laboral y sexual, y puede afectar a chilenos o extranjeros.
En términos de datos, en el período 2011-2018, el número de víctimas identificadas en causas formalizadas por este delito en Magallanes llega a 9 personas, que representan el 3,9% del total nacional, que son 228 víctimas. En tanto, las causas formalizadas por el delito de Trata de Personas en la región son 4, que representa el 10,81% del total país.
¿Qué es la Trata de Personas?
Consiste en captar, trasladar, acoger o recibir a una persona mediante violencia o engaño, para someterla a explotación sexual –incluyendo la prostitución y la pornografía forzada-, trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos.
Plan de Acción Nacional 2019-2022
La secretaria Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Ministerio del Interior, Fabiola Cifuentes, señaló que los principales desafíos del Plan de Acción Nacional 2019-2022 son el fortalecimiento de la prevención, la persecución y la atención a las víctimas de este delito.
“Se promoverán alianzas con el sector privado, medios de comunicación, academia y se continuará la formación de funcionarios públicos. Asimismo, junto con prevenir la trata de personas en grupos especialmente vulnerables como las mujeres, niños, niñas y adolescentes y migrantes, incorporar a nuevos focos preventivos como el riesgo de trata de personas en situaciones de emergencias – catástrofes y en personas en condición de discapacidad”, expresó.
A su vez, Cifuentes explica que se generarán alianzas con el Poder Judicial para sensibilizar esta materia entre los jueces y funcionarios, con el fin de promover la coordinación de fiscalizaciones intersectoriales. “Esto nos permitirá avanzar en el análisis criminal e investigación con delitos conexos, como el lavado de activos, narcotráfico, cibercrimen, entre otros”, agregó.
A su turno, la Coordinadora Nacional de Casos del Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas, Daniela Madsen, aseguró que este año incorporarán el procedimiento de retorno asistido y protegido de víctimas. “Este instrumento regula los aspectos asociado al regreso voluntario de personas a su lugar de origen, en el marco de la protección de sus derechos y requerimientos”, dijo.
Víctimas de Trata de Personas en Chile año 2018
La Mesa Intersectorial de Trata de Personas es una instancia donde diferentes instituciones trabajan coordinadamente para determinar acciones que permitan restituir los derechos de las personas que han sido víctimas de este delito.
En 2013 surgió el Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas como una manera de formalizar la prestación de asistencia a las víctimas, además de permitir la recolección sistemática de datos acerca de cada caso y sus víctimas.
– En 2018, ingresaron 43 personas al Protocolo: 41 víctimas directas y 2 indirectas.
– Del total, 31 eran mujeres y 12 eran hombres.
– Respecto a la nacionalidad de las víctimas, la mayoría era ciudadana de un país distinto a Chile: bolivianas (40%), haitianas (24%) o venezolanas (12%).
– La Región de Tarapacá (40%) fue la región en la que ingresaron más víctimas al Protocolo, seguida principalmente por la Región de Magallanes (24%) y la Región Metropolitana (20%).
– El 51% de las víctimas de trata fue con fines de trabajos o servicios forzados. El 29% fue por fines de servidumbre, esclavitud o prácticas análogas. El 20% fue por explotación sexual.
– El 44% ingresó al país a través de un paso fronterizo habilitado, el 39% ingresó por aeropuertos y el 12% por pasos fronterizos no habilitados. Esto da cuenta de que este delito no solo se da en contextos de ingresos irregulares al país.