Los hechos ocurridos en torno al desalojo de municipios, en la Araucanía, son de gravedad extrema. Como resulta evidente, para cualquiera que haya visto noticias este fin de semana, lo que allí se dio, no es propio ni de cerca, de un estado de derecho. Se podrá discutir si algunas comunidades de la etnia Mapuche, obraron legítimamente al irrumpir en dependencias municipales. Un hecho que ha ocurrido anteriormente, y que concluye o con acuerdo de la salida, de los ocupantes, o con desalojo de la fuerza pública. Pero lo acontecido ahora, es distinto, a un acto nacido de la fuerza ejercida por un grupo, se opuso otro, que pretendió ejercer funciones policiales, para desalojar los inmuebles ocupados. En medio de gritos racistas, vecinos, habitantes de la Araucanía, enfrentándose a palos, en medio del espacio público. Integrantes de las comunidades denunciaron golpizas, propinadas por particulares. Quién o quienes fallaron aquí, se requiere con urgencia determinarlo. La convivencia democrática es y debe ser siempre PACÍFICA, la sociedad civil, ha entregado el monopolio de la fuerza, al estado. El estado lo ejerce a través de las fuerzas de orden y seguridad. Los ejercicios de autotutela, donde cada quien decide como poner orden, y hacer justicia por propia mano, están absolutamente descartados en un estado de derecho.
No es baladí, lo que ha ocurrido en la Araucanía, no es sólo un hecho policial más. Es el germen que corroe la convivencia democrática. Mas allá de quien sea el presidente de la República. Si no es capaz de garantizar, a través de sus mandos administrativos y policiales, la convivencia pacífica. Está incumpliendo gravemente a sus deberes y obligaciones constitucionales.
La sociedad chilena, sin distinción debe unirse para repudiar el uso de la violencia. La Araucanía, y el país entero, necesita de un soporte mínimo de orden público y de paz social, que nos permita a todos sin distinción, crecer y desarrollarnos. Se equivocan garrafalmente, quienes ven en estos hechos, algo así como el reinicio del estallido social. Nadie en su sano juicio, puede aplaudir que personas comunes y silvestres, se trencen a palos en las calles. Ninguna causa por legítima que sea, justifica ese nivel de irracionalidad.
Las autoridades regionales de la Araucanía deben responder, son autoridades políticas designadas, por el gobierno de turno. Pero trabajan y viven en el territorio. Allí crecen sus hijos, y residen sus familias. Han fallado de una forma aberrante, en su tarea primordial.
En todo el país, en millones de hogares, se hacen esfuerzos por lograr llegar a fin de mes, esfuerzos por “parar la olla”, por cuidar “la pega”, y por, sobre todo, se hacen esfuerzos titánicos por respetar las normas sanitarias, permanecer en casa, cumplir las cuarentenas y cordones sanitarios. Cuando un país entero tiene el objetivo común de sobrevivir, no podemos permitir que unos cuantos cabezas calientes, nos distraigan de nuestro sagrado deber.
Hay sectores políticos, de ambos extremos, que han tratado de obtener redito, sacar partido del enfrentamiento. Parecieran extasiarse en la contemplación del caos y la destrucción. No son ellos quienes deben seguir conviviendo, a escasos metros, de predios incendiados, o de comunidades intervenidas por la fuerza militar.
Está documentada, la relación errática que ha tenido el estado de Chile, con las etnias originarias. Una relación que no es meramente económica. Con políticos más duchos que los actuales, el gobierno chileno, en el pasado, fracasó igualmente. Existen reivindicaciones históricas legítimas, que no han tenido debido cauce. Y aunque parezca broma, también esta materia, deberá tratarse cuando se discuta la nueva constitución. Para el caso que triunfe el apruebo en octubre.
Mientras tanto, lo que debemos esperar, lo que debemos exigir, es que el gobierno central garantice la convivencia pacífica, el normal desarrollo de la vida social, económica, y política, en todo el territorio nacional. Pues ese constituye su deber primario de gobernante. Ya que, si esta tarea, es superior a sus fuerzas o sus capacidades, deberá asumir su responsabilidad constitucional. El ya mencionado notable abandono de deberes constitucionales, por las razones indicadas, parece del todo pertinente, si la situación se prolonga.
Hagamos votos, por que la paz y la concordia, vuelvan a la Araucanía, y para que nunca más tengamos que ver, alzarse vecino contra vecino, y para que respondan adecuadamente los responsables.
Ernesto Sepúlveda Tornero