Amigos y amigas, esta semana causaron mucho revuelo, comentarios en redes sociales, y las consabidas columnas de opinión, las expresiones vertidas por la ministra del trabajo, en un panel donde participaba un alto dirigente empresarial. Al fragor de lo que allí se discutía, la ministra espetó al líder empresarial:” paguen mejores sueldos”. La frase en sí no es ofensiva, ni debiera ser más que una anécdota, pero ha reabierto el debate respecto a los salarios en Chile. Hagamos un poco de historia, según datos del INE, el
ingreso mínimo el primero de junio de 1989, último año de la dictadura civil-militar chilena, era de $18.000. A junio de 1990, primer año del retorno a la democracia, gobierno del presidente Aylwin, el ingreso mínimo tuvo un incremento llegando a $26.000. Al término de su mandato el ingreso mínimo ascendía a $46.000. Treinta años después, durante la administración del presidente Boric, se estableció un mecanismo de reajustes gradual del ingreso mínimo, el que aumentó a $440.000 el 1° de mayo de 2023,
y aumentará a $460.000 el 1° de septiembre de 2023 y a $500.000 el 1º de julio de 2024. Según
estimaciones del INE unos 900 mil trabajadores perciben el ingreso mínimo en Chile,
correspondiendo principalmente a trabajadores (as) que prestan servicios en micro y pequeñas
empresas. Por sector económico trabajan en los sectores comercio y agricultura
mayoritariamente.
Estas cifras ilustran de mejor modo, la discusión en torno al nivel de ingresos. Los
trabajadores (as) que perciben el ingreso mínimo mensual, verán incrementados sus
ingresos durante la actual administración en un 8,7%, el mayor incremento en más de
veinte años. El grueso de los trabajadores y trabajadoras de Chile, percibe un ingreso
superior, por lo que los incrementos fijados por ley, para beneficiar a los trabajadores del
ingreso mínimo, no se les aplica. Entonces, debemos entender el reclamo de la ministra
del trabajo, no para este segmento de trabajadores, ni para las micro y pequeñas
empresas, que los emplean, sino para la gran empresa, y para aquellos trabajadores y
trabajadoras, que están inmediatamente por sobre el ingreso mínimo. Y allí se encuentra
la mayoría de la fuerza laboral chilena, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos ESI
2022, el ingreso mediano llegó a los $450.000 mensual. Es decir, que el 50% de la fuerza
laboral chilena percibía una renta inferior a 450 mil pesos mensuales al año 2022. Sólo
cuatro regiones del país superaron el promedio nacional ($757.752), la región de
Antofagasta, con un ingreso medio de $933.988; la región de Magallanes y de la antártica
chilena, con un ingreso medio de $890.645: la región Metropolitana con un ingreso medio
de $875.891 y la región de Aysén con un ingreso medio de $870.858.
La mitad de los trabajadores y trabajadoras de Chile, depende de la negociación individual
o colectiva para mejorar sus condiciones de remuneración. Considerando que menos de
un 20% de los trabajadores, participa de procesos de negociación colectiva, estamos
hablando de un segmento relevante de trabajadores. Ellos perciben un ingreso levemente
superior al ingreso mínimo, por lo que cualquier reajuste es significativo.
Considerando lo anterior, surgen varias interrogantes. Si las condiciones de remuneración
del grueso de los trabajadores de Chile, dependen de negociaciones al interior de las
empresas, individuales o colectivas, ¿qué puede hacer el gobierno al respecto? Da la
impresión que un reclamo pidiendo que suban los sueldos, es ineficaz, y del todo
insuficiente. No divagaremos aquí, acerca de la estructura de costos de las empresas, y del
delicado equilibrio existente entre estos, y los precios finales de los bienes y servicios. Sólo
dejemos enunciado, que en general todo incremento en los costos, son traspasados a
precios. Por tanto, no es inocua la discusión sobre el nivel de ingresos que debiéramos
tener en Chile, de acuerdo al tamaño de nuestra economía. Considerando que la actual
administración, ya consiguió un tremendo logro, con el incremento histórico del ingreso
mínimo, ¿no será hora de impulsar un gran acuerdo por el empleo? En los nunca bien
ponderados 30 años, de la eterna transición a la democracia, se forjaron acuerdos muy
importantes, y ya es hora de retomar ese dialogo. Por ejemplo, la sala cuna universal. Está
probado con abundante evidencia, el impacto que produce en los hogares chilenos,
cuando la mujer puede incorporarse al mundo del trabajo. Hoy aparte de una brecha
salarial inaceptable, en el sector privado, existe la condicionante principal a la
contratación: La norma sobre sala cuna obligatoria y de cargo del empleador, cuando se
tiene más de 20 mujeres. En los países desarrollados, particularmente los del norte de
Europa, con los que nos gusta compararnos, cuentan desde hace décadas con normas de
corresponsabilidad paternal y de cuidados, y los permisos de maternidad son compartidos
entre ambos progenitores. Lograr un acuerdo en esta materia, haría innecesario estar
reclamando en paneles de TV, por mejores salarios. La participación laboral femenina
pasó de un 32,5 % en 1990 a un 48,9% en 2017, estamos muy lejos aún del estándar de los
países de la OCDE, donde figuramos como el sexto país con la mayor brecha en este
ámbito. Otra discusión técnica, que debe abordarse sin tapujos ideológicos: La flexibilidad
de la jornada. La mejor forma de incorporar a las mujeres y a los jóvenes al mundo del
trabajo, es con jornadas flexibles. Por ejemplo, se puede incorporar una modificación a la
ley de las 40 horas, para que ese número de horas pueda cumplirse en promedio de varias
semanas. Asimismo, la sala cuna debe financiarse con una cotización por cada trabajador
independiente del género. O puede formar parte del pacto fiscal, para que sea financiado
con impuestos generales. Estas son áreas en la que es muy probable exista disposición
transversal a avanzar. Esa es la tarea de hoy, y no queda mucho tiempo, la frase para el
bronce la dice cualquiera, pero sólo unos pocos pueden mirar más allá, y encontrar los
caminos.
Ernesto Sepúlveda Tornero