Este lunes 21 de agosto, el autoconvocado “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” envió una carta al Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, con copia al Delegado Presidencial Regional, a la Dirección Regional de CORFO, y a las Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno, Energía, Hacienda, Economía, Medio Ambiente, Transporte y Telecomunicaciones, de la Mujer y la Equidad de Género, y Bienes Nacionales. En ella, se describen: el contexto socio ambiental crítico que viven tanto el planeta como la zona austral de Chile; los efectos asociados a la instalación de la industria del hidrógeno, y las dudas que plantea la dimensión declarada en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2020, de 300 GW de capacidad instalada al 2050.
En la misiva, afirman que “hasta ahora, desconocemos al menos cuatro elementos clave: (1) cuál será la escala de intervención que se requiere para alcanzar la meta productiva; (2) cuáles serán los impactos que generará esta industria en comunidades y ecosistemas; (3) cómo se resguardará el cumplimiento de los compromisos de democracia y justicia ambiental, y (4) cuáles son los usos que se le dará a este vector energético en la región”, considerando que, recientemente, ha sido declarada en Emergencia Climática.
Al igual que a la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), preocupa al Panel el impacto del cambio de uso de suelos para sostener la expansión urbana y los actuales sistemas de producción y consumo, pues aceleraría la velocidad de la crisis ecológica, así como la profundización de la desigualdad social de las comunidades más desposeídas que menos contribuyen a la emisión de CO2. Estos aspectos, dicen, “han sido escasa y vagamente abordados en la promoción de la industria del H2, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font como una de las vías fundamentales para la transición energética”.
Si bien reconocen el crecimiento económico que esta iniciativa transnacional aportará a la zona, les inquieta que el foco esté puesto en la exportación y no en el cumplimiento de las metas de descarbonización de las regiones donde se produce. También les preocupa el cuestionamiento científico, social y político al que están siendo sometidas la viabilidad y pertinencia del hidrógeno, y la eventual pérdida de las oportunidades de desarrollo regional armónico que ofrecen la ciencia y el turismo responsables.
Qué se pide
Específicamente, el Panel solicita al Gobierno la posibilidad de que la comunidad regional discuta acerca de la compatibilidad del desarrollo esperado con la instalación de la industria de H2, sobre la base de: información socio-ambiental de los territorios que podría afectar; prospección de escenarios, amenazas y riesgos climáticos; dimensiones de la escala mínima de intervención para que sea viable el negocio de exportación; impactos y riesgos asociados a cada territorio; detalles de los proyectos que se aproximan (cuántos, dónde, qué producto generarán), y visualización de todos los parques eólicos, líneas de transmisión, plantas desaladoras, refinerías de amonio y flujo de transporte y contaminación que se generarían, a través de un mapa ilustrativo de la región.
El Panel Ciudadano también demanda evaluar la viabilidad social, ambiental y económica de esta industria en la región, con todos los proyectos contemplados en conjunto, y no por empresa o actividad, para así abordar tempranamente los factores críticos, y robustecer la institucionalidad ambiental. La intención es que la carta sea considerada en la sesión del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde programada para esta semana.
Posibles colapsos ante la nueva industria
Las organizaciones propusieron una planificación que considere los riesgos e incertidumbres ya identificados por la ciudadanía en los “Diálogos país para la reducción de asimetrías de conocimiento sobre el H2V”, impulsados por el Ministerio de Energía, donde se reconocieron para Magallanes algunos posibles efectos.
Según el documento, los más inquietantes son el colapso de servicios públicos y mayores dificultades de acceso a salud, educación y vivienda, producto del incremento repentino de la población y la ausencia de planificación; afectaciones a especies nativas y ecosistemas; afectaciones en las cuencas hídricas y el pompón de turbera por la instalación masiva de aerogeneradores; impactos en la trayectoria y zonas de nidificación de aves; falta de normativas y potenciales impactos por la acumulación de salmueras; generación de residuos durante la operación y luego del cierre; impacto por ruidos; efectos sobre el suelo; incompatibilidad con la visión de Magallanes como observatorio de cambio climático y como refugio global; desconocimiento sobre escala, espacios a utilizar y capacidad de carga; instrumentos normativos, fiscalizadores y de gobernanza débiles; evaluación fragmentada de proyectos, y aumento en el costo de la vida, entre otros.
La propuesta de moratoria a la instalación de la industria del H2 tiene como objetivo final, evitar que esta región se convierta “en una nueva gran zona de sacrificio, que satisface las necesidades y urgencias del primer mundo, a costa de las propias potencialidades”. El Panel que la presenta está compuesto por: Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco, Agrupación Ecológica Patagónica, Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), Centro de Análisis Socioambiental, Fundaciones Ciudadanos y Clima, Lenga, Mar y Ciencia, Rewilding Chile, ONG FIMA, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC Magallanes) y un equipo de asesoría experta.