Y finalmente la presión mediática instalada, provocó que el director general de carabineros no fuera formalizado el 7 de mayo recién pasado «por su eventual responsabilidad en el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada, durante el estallido social.
Dicha acción legal tendrá lugar, si es que prospera después de todo lo sucedido, el próximo 1 de octubre.
Nada de esto puede parecernos extraño, solo basta seguir el hilo a los casos conocidos como pacogate y milicogate – que implicaron robos, dilapidaciones, no rendición de miles de millones de pesos – y ver como ya salieron del interés mediático, para constatar que siempre será así con los que ayudan al poder.
2.- Cientos de uniformados permanecen impunes, pese a haber torturado y asesinado a compatriotas hace ya más de 50 años y sus defensas legales, cuando fueron identificados, trabajaron para obtener la impunidad o bien sanciones simplemente ridículas.
Con ocasión de lo sucedido hace algunos días en Cañete, el presidente de la UDI reclamó «menos condolencias y más tanques».
Algunos parlamentarios estan pidiendo amnistía para todos los involucrados en los graves hechos de lesiones y torturas durante el estallido, incluido el general Yañez quien tenía mando como para evitar todas las arbitrariedades y lesiones en las que participó carabineros.
¿Qué es lo que se persigue?
¿Blanqueo de imágenes? ¿ Un nuevo intento por anmistiar a quienes delinquen amparados por el Estado?
Cualquiera sea la situación, queda claro que la justicia no es igual para unos y otros y que la impunidad seguirá reinando en esta sociedad del capital.