Con la presencia del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez; del prorector de la Universidad de Chile, Alejandro Jofré; y líderes de Acción Colectiva por la Educación –conglomerado de 25 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con una educación de calidad, equitativa e inclusiva–, se realizó la entrega de una serie de propuestas educativas para la Convención Constitucional a su Presidenta, Elisa Loncon; y a la Vicepresidenta Adjunta, Lorena Céspedes.
Las propuestas surgen tras una serie de encuentros desarrollados por “Tenemos que Hablar de Educación” –proyecto impulsado durante 2020 por Acción Colectiva–, donde más de 7.800 estudiantes –desde niños y niñas de jardines infantiles hasta alumnos de enseñanza media–, profesores, educadores de párvulos, apoderados y asistentes de la educación analizaron los desafíos del sistema educativo y reflexionaron sobre la educación en Chile.
“Para la Convención Constitucional esto es lo que esperamos de la ciudadanía: propuestas y discusiones realizadas por distintos sectores. El mandato para nosotros es tener que hablar de educación transversalmente entre todos los pueblos, todas las nacionales, incorporando conceptos que ya se están instalando en la Convención Constitucional como la paridad, plurinacionalidad, descentralización o derechos de la madre tierra. Todo se articula con esta educación que buscamos, una revolución pedagógica para levantar nuestra condición de personas”, afirmó la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón.
El documento presentado a la Convención Constitucional contiene 11 propuestas, entre las cuales se propone consagrar a la educación como un proceso de aprendizaje permanente que tiene como finalidad el desarrollo integral de las personas. En materia de cobertura, se debe reconocer a la educación como un derecho social y un bien público. En la misma línea, se propone que el Estado debe ser garante del derecho a la educación, financiando desde la sala cuna hasta la educación superior. Asimismo, es responsable de manera preferente de la oferta pública, ampliando su alcance, convirtiéndose en un referente de una educación integral e impulsando una oferta descentralizada y adecuada a los diferentes contextos territoriales.
Por otro lado, en relación a la libertad de enseñanza, se sugiere que el Estado garantice el derecho a la educación independiente del tipo de dependencia –favoreciendo proyectos educativos interculturales y plurilingües– velando por que cada establecimiento cumpla con los estándares de calidad exigidos por la ley. Por último, la Constitución debe reconocer el rol central de los docentes para asegurar la calidad de enseñanza y garantizar condiciones laborales justas y formación continua.
“Desde Acción Colectiva esperamos que la redacción de la nueva constitución dé al derecho a la educación la relevancia que merece, pues es fundamental para el desarrollo individual de la ciudadanía y la construcción social del país. Además, buscamos que se recoja el principal trasfondo de las propuestas: avanzar a una revolución pedagógica, que ponga a los estudiantes en el centro del proceso educativo, y aseguremos a una educación de calidad, integral, inclusiva, gratuita y equitativa”, destacó el Director Ejecutivo de Elige Educar y representante de Acción Colectiva por la Educación, Joaquín Walker.