La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) es una de las formas de
vulneración más violentas existentes, equivalente a una esclavitud moderna, definida como toda
actividad en que una persona usa el cuerpo de un menor de edad para sacar provecho sexual y/o
económico, basándose en una relación de poder. Magallanes no está ajeno a este flagelo, que
adopta diversas formas como el comercio sexual, la pornografía infantil o el turismo sexual, y
frente a lo cual se ha buscado alertar a la población y promover su denuncia.
De ahí la relevancia del anuncio realizado este jueves, por parte del Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Luis Cordero Vega, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con motivo del lanzamiento
de un Protocolo que fortalece la investigación de delitos de explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes. En una región con una alta incidencia de delitos de connotación sexual, la
Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, resaltó los alcances de esta iniciativa coordinada por
su cartera en conjunto con el Ministerio Público, y que se suma a una serie de recientes avances
legislativos impulsados desde el sector Justicia.
Destacó como eje central el buscar mejorar la efectividad de la persecución penal de tales hechos
eventualmente constitutivos de Explotación Sexual Comercial de NNA (ESCNNA) por medio de un
protocolo interinstitucional, abordando tanto la detección, denuncia e investigación de los
mismos.
Al amparo de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, agregó que en 2022 se
creó una subcomisión que lideró la construcción de este Protocolo, a través de un trabajo
participativo y colaborativo entre distintas instituciones del Estado, trabajo que finalizó el primer
semestre del 2023. Bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y DD.HH., participaron en el
diseño de este instrumento: el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,
el Poder Judicial, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez
y Adolescencia, la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de
Menores, el Programa Mi Abogado (de la Corporación de Asistencia Judicial) y la Defensoría de los
Derechos de la Niñez.
Sin ir más lejos, la Seremi Michelle Peutat informó que a nivel regional, en base a las cifras del
Informe Estratégico y Territorial de Seguridad Pública, que elabora el Consejo Regional de
Seguridad Pública, los abusos sexuales y otros delitos sexuales registraron un total de 39 víctimas
en la Región de Magallanes durante el primer semestre de 2023, de las cuales 37 casos
correspondieron a mujeres (94,9 por ciento) y dos a varones (5,1 por ciento).
Casi la cuarta parte de los delitos sexuales registrados durante dicho periodo, lo cual se tradujo en
nueve casos, tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes de sexo femenino: de 1 a 13 años
(13,5 por ciento) y de 14 a 17 años (10,8 por ciento), en ambos casos considerando el total de
víctimas femeninas. En el total de casos reportados a nivel regional, se trató de victimarios
hombres.
En cuanto a la categoría del delito de violaciones, en enero-junio 2023 el indicador de Tasa
Regional (15,4 por ciento) supera a la Tasa País (12,4 por ciento). En dicho periodo se registraron
28 casos, versus 22 del mismo trimestre 2022. En el indicador de Umbral (técnica estadística que
analiza la pauta de los casos policiales durante cinco años), el comportamiento del delito figura a
nivel regional con un aumento moderado. Los ilícitos de esta naturaleza fueron reportados en dos
provincias de la región: Magallanes y Última Esperanza.
A la luz de esta información, la autoridad regional subrayó en base a este Protocolo, el interés de
fortalecer la colaboración entre las diferentes instituciones involucradas en esta temática tan
delicada, bajo la esencial premisa de mejorar la persecución penal de estos delitos. De acuerdo a
lo comprometido por el Ministro Luis Cordero, los equipos de investigación penal que trabajan en
estos casos contarán con todo el apoyo y guía necesaria para la protección y respeto a los
derechos de las víctimas menores de edad a lo largo del proceso.
Finalmente, graficó que sólo en lo referido a explotación sexual comercial de NNA, según cifras de
la Fiscalía Nacional, un total de 1.615 delitos han sido ingresados a nivel nacional entre 2020 y
2023, de los cuales 600 están relacionados con la realización de una acción sexual y 1.015 con
promover o facilitar la explotación sexual de un menor de edad.