No han sido muy tiernas las relaciones entre el Gobierno y la Convención Constituyente.
Es una mala relación que hay que entender, el problema es que en Chile nos regimos por una Constitución que fue creada por la dictadura de las Fuerzas Armadas y partidos políticos de derecha, una Constitución de corte empresarial, que ha permitido que privatizando la educación, la salud y bienes públicos como el agua, se enriquezcan empresarios.
Y el actual gobierno es de empresarios, así es que no les gusta mucho la posibilidad de que les corten esas fuentes de riqueza.
No hay que olvidar que ningún gobierno, entre el llamado retorno a la democracia y el año 2019, quiso cambiar esa Constitución. Fue necesaria una rebelión popular, en octubre del 2019, para que los partidos políticos, muy asustados, aceptaran la creación de un organismo de reforma constitucional. Tampoco hay que olvidar que los partidos políticos trataron de ser ellos los que estudiaran el cambio, pero la ciudadanía les dio un portazo en las narices en el plebiscito de octubre del aña pasado.
Convocada la convención constituyente, sus integrantes se encontraron que el lugar que el Gobierno les había designado para sesionar no tenía computadores, micrófonos ni medidas sanitarias. Seguro que algún avispado ministro pensó, la pelota es de nosotros y si no podemos impedir que jueguen y llevarnos la pelota a la casa, por lo menos podemos dificultarles el juego.
No contaron con que las universidades estatales les ofrecieron a los constituyentes otra pelota, ni que el Colegio Médico aportara una pelota sanitaria, ni que el Congreso les aportara la pelota del salón del honor del Parlamento en Santiago, con personal y elementos técnicos incluidos.
El resultado es que los convencionales tienen ahora más de una pelota para jugar y ya no dependen de la del Gobierno, que tendrá que acatar, aunque no le guste, la voluntad ciudadana.
El Gobierno no debe olvidar la célebre expresión Vox populi, vox Dei (en latín, literalmente, «la voz del pueblo, es la voz de Dios») que significa que «la opinión popular de la gente ordinaria revela la voluntad de Dios y debe obedecerse», aunque no le guste a los que prefieren la Constitución de la dictadura.