Amigos y amigas, una situación muy delicada afecta a la región del Biobío, cuando los canales de TV dejaron de transmitir 24/7 el escabroso caso Hermosilla, se coló en la pauta, el anuncio de suspensión indefinida de la planta Huachipato. Para que se hagan una idea de su importancia, es la principal planta siderúrgica de Chile. Pertenece a la CAP, compañía de aceros del pacífico, hoy una SA, cien por ciento privada, pero que nació en la época dorada de CORFO, del estado emprendedor, durante los gobiernos radicales. A fines de la segunda guerra mundial, los gobiernos progresistas de aquellos años, impulsaban la iniciativa de sustitución de importaciones. Se esperaba generar una ola de industrialización en el país, para proveer las ingentes necesidades de un país que quería dejar atrás la pobreza y el subdesarrollo. Durante el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos, se funda la Compañía del Acero del Pacífico S.A, como una empresa de propiedad mixta conformada por CORFO (Estado de Chile, 33 %), la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública (14 %) y accionistas particulares (53 %). En 1950 se inauguró la Siderúrgica Huachipato, principal polo industrial de la compañía.
En el año 1971 durante el gobierno del presidente Salvador Allende, esta industria calificada de importancia estratégica, fue incorporada al área social de la economía, pasando a ser cien por ciento estatal. Esta empresa fue privatizada junto a otras 300, durante la dictadura militar, pasando a ser cien por ciento privada. Después de la crisis económica de 1982, los economistas neoliberales que eran la cara civil del régimen, decidieron impulsar el “capitalismo popular”. La idea era capitalizar las industrias, a través de recursos frescos de sus trabajadores. Se puede leer en el sitio del Centro de Estudios Públicos, una sentida columna escrita por un dirigente sindical de aquellos años, que aplaudía en forma entusiasta esta política: “En noviembre de 1984, la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó aumentar el capital de la compañía en 82 ,4 millones de dólares, mediante la emisión de 329.794.619 acciones, sin valor nominal, al precio unitario de US$ 0,25. Los trabajadores adquirimos, durante 1985, alrededor de un 5% de esa emisión con recursos provenientes del adelanto de indemnización por años de servicios” (CEP, 2024)
La compañía hoy es multinacional, es líder en Chile en producción de ciertos insumos de acero, para la minería, pero viene atravesando por más de una década, por serios problemas derivados de sus altos costos de producción, que tienen a la planta Huachipato, con pérdidas de un millón de billetes verdes al día. Una cifra difícil de imaginar, que configura una situación insostenible. El principal productor de elementos de acero en el mundo, es China, que produce más del 40% de la producción mundial. Hace más de diez años, la CAP, ha venido denunciando ante la Comisión anti distorsiones de precio, la existencia de dumping de las empresas chinas. La Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, fue creada en 1986, en 1990 el gobierno democrático le otorgó el carácter de comisión nacional. Desde 1993, la Comisión cuenta con la facultad de recomendar derechos antidumping y desde junio de 1999 dispone de la posibilidad de recomendar medidas de salvaguardia conforme al Acuerdo de Marrakech. (CENTRAL, 2024).
Según informe emitido por la asesoría parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, en octubre de 2023, se detalla que en el período 1999 y 2023, se había iniciado en la comisión, por denuncia en 12 casos, y de oficio en 2 casos, investigaciones para determinar la existencia de dumping u otras acciones contrarias a la libre competencia, por productos de acero. De acuerdo al mismo informe, en 12 casos se determinó la aplicación de salvaguardias. (BCN, 2024).
El caso es, amigos y amigas, que la CAP ha denunciado la existencia de dumping, y este, según la Organización mundial de comercio (OMC), es cuando un producto se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal. El caso presentado ante la Comisión Anti distorsiones de Precio, es en contra de productos de acero de origen chino. La comisión, es una entidad técnica, que analiza los antecedentes presentados por el denunciante, y realiza un concienzudo estudio de mercado. En su carácter de tal, resolvió acoger la denuncia presentada, y aplicar salvaguardias a las bolas y barras de acero importadas por un promedio de 15,3%, para así lograr una protección hacia la producción nacional. Sin embargo, la compañía ha informado que la tasa que había solicitado de un 25%, es la que le permitiría seguir operando, por lo que una tasa menor, le impediría absorber las pérdidas antes señaladas, de un millón de dólares por día.
Para la región del Biobío es una catástrofe social, enfrentar la pérdida de más de 20 mil empleos formales entre directos e indirectos. Desde luego que la producción de acero en Chile, es una actividad estratégica, y debemos buscar como país una solución racional que dé cuenta del problema de fondo. Por cierto, que ni yo, ni mis queridos lectores y auditores, somos especialistas en el mercado del acero. Pero sí podemos apreciar, que aplicar salvaguardas a destajo, por tiempo prolongado, con la esperanza de revertir pérdidas estructurales, no resolverá la situación de la planta de Huachipato. Algunos han recordado el cierre de la ENACAR, la empresa minera estatal de carbón de Lota, Coronel y Lebu. en los años 90´. En esa empresa laboraban decenas de miles de trabajadores, fue un golpe demoledor para la economía regional, que tardó años en recuperarse. En esa ocasión fue el menor valor del carbón importado, frente al alto costo de producción de ENACAR. El caso de la planta Huachipato es diferente, sus dueños son capitales privados, el anuncio de cierre de la planta, produjo un aumento del valor de la acción de CAP. Al parecer el mercado valora el fin de un activo que provoca pérdidas. Obviamente que no son sólo dólares y centavos, es un pueblo entero el afectado. Pero qué puede hacer el estado, ¿qué podemos hacer todos nosotros? Con un modelo de estado reducido a un rol de garante, y sin un rol activo en la economía, como lo tenía con la constitución de 1925, vigente durante la industrialización para sustituir importaciones, y el auge de CORFO. La constitución del 80’ impide al estado realizar actividad empresarial, salvo que una ley de quorum calificado lo autorice. Estamos amigos y amigas, caminando en la frontera del libre mercado, en esa área difusa donde medran los especuladores, esos que hacen “la pasada”, y ganan fortunas, a costa de la ruina de miles. El estado no tiene hoy ni los recursos ni las facultades para intervenir en la siderúrgica en tris de cierre. Lo de aumentar la salvaguarda, es un placebo, no va a reducir los costos de producción, ni a hacer rentable, una operación que genera sólo perdidas. Y qué impacto produciría en el mercado local del acero, si se duplica la salvaguardia, como se ha pedido. Parece que el libre mercado, tiene estos sinsabores. Pienso en los productores de uva que reclaman hoy, porque las grandes Viñas, les están pagando cien pesos por el kilo, lo que no cubre ni la décima parte de sus costos. Pienso en los productores de trigo, afectados también por el bajo precio que están pagando los grandes molinos. Tal vez, el apuro del momento sea, salir del paso, y aumentar la salvaguardia, sin consideraciones técnicas, sólo por razones políticas. Sería lo más sano, para un gobierno con minoría parlamentaria, y que en unos meses enfrentará nuevas elecciones. ¿Pero saben qué?, eso sólo postergará el cierre. Y se volverá a la misma discusión el próximo año. Aquí radica la esencia del contenido de la constitución del 80’. El orden público económico, defendido con diente y muela por el sector conservador. El mismo que exige un estado famélico, que no quiere impuestos a la riqueza, ni a las ganancias, pero está enfurecido exigiendo que el estado se haga cargo de las pérdidas. Que salve a las isapres, a las clínicas y compañías de seguros, integradas verticalmente en el negocio de la salud. Que salve a las AFP, para que la economía de casino, siga alimentando a precio de huevo, la especulación financiera y bursátil. Lo de la planta de Huachipato es la punta del Iceberg, tenemos que discutir el tema de fondo, darle herramientas al estado de Chile, para que tenga un rol más activo, efectivo y moderno en la economía.
Ernesto Sepúlveda Tornero