Este año con sorpresa se anunció en las noticias que un filántropo chileno donó una mansión a la organización Desafío Levantemos Chile con el fin de poder construir viviendas sociales. Con la venta de ese lujoso inmueble se construirán hogares que sin duda podrán cumplir el sueño de vivir con mayor dignidad en la anhelada casa propia.
La encuesta Chile Dice del 2020 señalaba que el 44% de las personas tenía la casa propia como su mayor aspiración. Como el problema del acceso es una realidad multidimensional que se explica entre otras razones por sus altísimos precios, por los ingresos económicos de los hogares, la exclusión del sistema de créditos hipotecarios cuando se tiene un trabajo formal como también por un déficit habitacional actual dada la brecha entre la demanda de soluciones habitacionales y la generación de ofertas financiadas por el Estado a través de sus políticas públicas.
Enfrentamos una de las mayores crisis habitacionales de nuestra historia. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el BID elaboraron un catastro con el número de campamentos. De acuerdo con el informe, en Chile hoy hay 1.091 campamentos, vale decir, asentamientos preferentemente urbanos, de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas son precarias, y se encuentran agrupadas y contiguas.
Entre las razones por las que las personas terminan residiendo en los campamentos menciona que un 55% declara haberlo hecho por los bajos ingresos en el hogar y en 47% por el alto costo en los arriendos. Asimismo, esta situación preocupa aún más, ya que la fundación Techo Chile y el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), realizaron el estudio: «Exposición a amenazas y vulnerabilidad: la continua emergencia en los campamentos en Chile”. Del universo total de 23.843 familias que residen en campamentos en la región de Valparaíso un 99,6% se exponen a algún tipo de amenaza (incendios forestales, aludes, etc).
Todos estos antecedentes tienen implicancias para la vida de los hogares, por lo que no solo se trata de construir viviendas sino también de generar condiciones dignas para el desarrollo de sus habitantes. Se reconoce la preocupación filantrópica como también la implementación de programas gubernamentales que focalizan en los hogares de más alta vulnerabilidad social y económica. Pero claramente en términos de impacto de las políticas públicas, los resultados y la realidad nos señalan que es urgente concertar un plan estatal a largo plazo, en el que los distintos actores políticos, institucionales, sociales y comunitarios en el tiempo se articulen bajo una política pública intersectorial que proyecte y garantice la reducción del déficit existente, considere las realidades territoriales y regionales particulares, se avance en procesos de regularización de históricos campamentos e incluya medidas para que quienes allí habiten accedan a servicios básicos y se forjen comunidades multiculturales y seguras.