Las personas y las empresas de menor tamaño con problemas de sobreendeudamiento o de
solvencia tendrán próximamente nuevas alternativas para superar dichos problemas financieros,
esto luego que el presidente Gabriel Boric concretara la promulgación que moderniza la Ley de
Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, proyecto aprobado en enero pasado por el
Congreso y que este miércoles 10 de mayo fue publicado en el Diario Oficial.
La nueva normativa busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro
pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de
administración para personas, micro y pequeñas empresas; el incentivo al reingreso del deudor al
sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de
reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de procedimientos.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia de esta ley,
“especialmente para las personas naturales, las micro, y pequeñas empresas, ya que se crean
procedimientos simplificados especiales para este grupo, de rápida tramitación y bajos costos. Con
esto se promoverá la reorganización por sobre la liquidación, lo que incentivará la recuperación de
créditos, se preservan empleos y se evita el corte de cadenas de suministro”.
En esa misma línea, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez,
planteó que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la actual ley, que implica un mayor
acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos
simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles
tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.
Otro punto que ambas autoridades destacaron es que la nueva normativa extiende la
renegociación gratuita de la persona deudora a quienes emiten boletas de honorarios y están con
un sobreendeudamiento, integrando con ello a usuarios y usuarias que hoy están impedidas de
acceder a dicho procedimiento por ser consideradas empresas, implicando que tengan como única
opción para salir de sus dificultades económicas la liquidación.
Además, la nueva ley introduce mejoras para reducir trámites redundantes (como las audiencias
separadas de derecho a voto y la constitutiva de la liquidación) y facilita el uso de la tecnología
(por ejemplo, autorizando la realización de juntas de acreedores en forma remota), con la
finalidad de hacer mucho más expedito el desarrollo de los procedimientos.
Cabe señalar que la normativa entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el
Diario Oficial, por lo que debiera estar operativa a contar del 10 de agosto de 2023.