El levantamiento popular del 18 de octubre 2019 en Chile implicó masivas y diversas expresiones de descontento y repudio popular a un conjunto de injusticias sociales, vividas cotidianamente, como consecuencia de la aplicación a ultranza de un modelo económico y social neoliberal en nuestro país. Esta manifestación social se caracterizó por su masividad, transversalidad y legitimidad social.
La respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera, fue una represión policial centrada en restaurar el “orden público” mediante el uso indiscriminado de la fuerza, represión policial que se extendió por varios meses en diferentes lugares del país, en los cuales la ciudadanía continuó manifestándose pacíficamente. En este contexto sociopolítico, en el cual también hubo disturbios y expresiones de violencia social y policial, fueron detenidos arbitraria y abusivamente centenares de personas, quienes luego de ser formalizados y acusados de diversos delitos, fueron encarcelados y mantenidos en prisión preventiva, algunos hasta el día de hoy, sin avances sustanciales en las respectivas causas judiciales. En relación con la cantidad de personas afectadas por el uso arbitrario de la medida cautelar de prisión preventiva, no hay un acuerdo entre los diversos actores sociales, políticos y del propio sistema judicial. Pero diversas fuentes han estimado que al menos serían 200 personas privadas de libertad sin un debido proceso judicial y sometidas a condiciones carcelarias inaceptables.
Considerando estos antecedentes es urgente aprobar una ley de indulto general o amnistía que permita liberar a aquellos que, por luchar legítimamente en el contexto del levantamiento popular de octubre, se encuentran injustamente encarcelados. El indulto o amnistía reconoce el rol que tuvo la protesta social en impulsar los cambios institucionales y las demandas sociales. Este hecho histórico, fue liderado por la juventud chilena, de manera transversal miles de jóvenes se movilizaron y por cierto, con un alto costo: ya sea de sus propias sus vidas, su integridad física, la ceguera total o parcial y la cárcel.
El congreso tiene la oportunidad de avanzar en materia de reparación y reconciliación. Quienes tengan que decidir sobre el futuro de las vidas de jóvenes inmersos en un movimiento social sin parangón en nuestra historia deberán hacerlo considerando los antecedentes señalados que configuran el entorno innegable y que rodean dichos hechos, y por otra parte aspectos éticos profundos que están en la base de nuestras relaciones humanas (y humanitarias).
Dado que no somos, cada uno de nosotros, ni jueces ni verdugos, las sociedades han creado mecanismos como la amnistía y el indulto que en esencia comparten la noción de “perdón”. En ambas situaciones, el perdón está a la base de ambas medidas reconocidas tanto en el ordenamiento jurídico nacional como internacional y que constituyen herramientas disponibles para superar graves conflictos sociales como el antes descrito y vivido en Chile, abstrayéndonos de todas estas consideraciones: estallido social, juventudes en las calles, violencia policial, detenciones arbitrarias, situaciones de vida precarias, mecanismos judiciales inapropiados. Los parlamentarios hoy tienen la facultad de decidir el futuro de otro ser humano y la noción de “perdón” noción cristiana que sin duda es repetida cotidianamente en ritos religiosos está en su dimensión más real y humana; confiemos que el humanismo inspire su decisión.
Por Margarita Makuc