Una fiscalización multisectorial se realizó ayer entre las 18:00 y las 21:00hrs en locales nocturnos del sector céntrico de la ciudad. Luego de una reunión dirigida por el gobernador provincial, a la que fueron convocados, Policía de Investigaciones (PDI), la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, el Seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, Director del Trabajo, Carlos Gorziglia, Coordinadora de Subprevención del Delito, Pamela Flores, Coordinador provincial de Riesgos y Emergencias, Jimmy Cárdenas, Coordinador CTA(s) Rodolfo Guajardo, Fiscalizador sanitario de la Seremi de Salud, y otros funcionarios, se dio inicio a una actividad cuyo propósito era el de controlar visas de trabajo de personas extranjeras, para verificar el cumplimiento de la Ley de Migración y Extranjería, condiciones sanitarias, laborales, trata de personas, entre otros.
En ese sentido el gobernador provincial de Magallanes, Alejandro Vásquez Servieri, manifestó que “Nuestro deber y compromiso es mantener la seguridad de la población, y en temas relativos a extranjería, estas fiscalizaciones contribuyen a mantener el orden y verificar la condición migratoria de las personas extranjeras que viven en nuestro territorio, que sus papeles estén en regla y se cumpla con las normativas y leyes dispuestas. En el caso de la trata de personas, hay que estar atentos ante vulneraciones de esa índole, porque este es un delito que existe en nuestra región. Con respecto a los temas laborales, de salud los empleadores están obligados a entregar a los trabajadores las condiciones que la ley les exige y nosotros velar porque se cumplan, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y respecto a la seguridad pública, es un trabajo de esfuerzo constante, en el que trabajamos también en forma coordinada con las Policías, Fiscalía y la Coordinadora de la Subprevención del Delito, Pamela Flores”.
Durante el operativo, tanto detectives de Migraciones, como el resto de servicios, fiscalizaron a un total de 15 personas, 12 extranjeras y 3 chilenas que se encontraban en dos locales de expendio de bebidas alcohólicas ubicados en el centro de la ciudad. Al respecto, el subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó que “los extranjeros fiscalizados se encontraban de manera regular en Chile y los ciudadanos chilenos no registraban antecedentes policiales ni encargos judiciales pendientes. Este operativo forma parte de una serie de controles que seguiremos haciendo con la finalidad de verificar la situación migratoria de extranjeros en nuestro país”.
En estas fiscalizaciones se verifica la condición migratoria de las personas, en el caso de los turistas, se comprueba, por ejemplo, que su permanencia en el país esté dentro de los plazos otorgados y en los residentes, que su visa o permiso de residencia esté vigente. Las infracciones a la Ley de Extranjería más frecuentes en esta región son no informar su cambio de domicilio dentro de los 30 días de realizado y para los turistas, estar trabajando sin autorización de la autoridad administrativa.
Por su parte, la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, indicó que “este tipo de fiscalizaciones siempre resultan ser muy provechosas, principalmente porque nos permite como cartera de Trabajo tomar conocimiento de la situación jurídica de los migrantes, pero, además de eso, poder analizar si efectivamente los empleadores están cumpliendo con todos los derechos legales de los trabajadores y la mejor forma de hacerlo, por supuesto, siempre es en terreno, teniendo un contacto directo no sólo con los empleadores, sino también con los trabajadores que fueron objeto de la fiscalización”
El Seremi de Justicia, punto focal en la Mesa de Trata de personas en la región, manifestó que “Afortunadamente no detectamos ningún caso en esta oportunidad. Las personas consultadas estaban trabajando por su propia voluntad. Pero siempre debemos estar atentos, porque nosotros somos una de las regiones de más alto riesgo dentro del país, existen diferentes niveles de riesgo de trata de personas y nosotros, por nuestra condición geográfica, de puerto y otras consideraciones, somos una de las regiones que tiene uno de los más altos riesgos de trata y por lo tanto tenemos que estar muy alerta a que eso no ocurra y si sucede poder detectarlo, corregirlo y poner la fuerza, voluntad y aparataje estatal, al servicio de las víctimas de trata y a los victimarios en manos de la justicia”.