Como decíamos a inicios de la semana pasada, las elecciones presidenciales en Venezuela, se han
transformado en un evento que inevitablemente produce efectos en nuestra política interna. Los resultados absolutamente contradictorios entregados por el régimen chavista, y los entregados por la oposición, vuelven vitales los informes de entidades independientes. La propia noche de la elección el domingo 28 de julio, el presidente Boric hacía un llamado urgente a través de su cuenta en la red X, “La entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”. Esto ante la ausencia de datos, que respaldaran las declaraciones atribuyéndose el triunfo
por parte de los funcionarios chavistas. El propio régimen invitó a una serie de organizaciones sociales, representantes de movimientos políticos, y facciones de partidos de izquierda radical, de distintos continentes.
Según la prensa del régimen, serían unos mil observadores, mismos que a las pocas horas de haberse adjudicado el triunfo, Nicolás Maduro, publicaban una declaración felicitando la victoria del pueblo venezolano, y del gobierno “revolucionario”. La categoría de invitados y de observadores acreditados, el gobierno venezolano se la negó a diversas personalidades extranjeras, ex presidentes del continente, parlamentarios conservadores chilenos, y al ex director de “The clinic”, el ex convencional Patricio Fernández. Pero existió otro grupo de
observadores chilenos invitados, entre los que se cuenta al ex candidato presidencial Eduardo Artés y al diputado en ejercicio Boris Barrera del partido comunista. Este último, dando cuñas a CNN, sobre la transparencia del proceso electoral. Como era de esperarse, a pocas horas de anunciado su supuesto triunfo electoral, este grupo de “observadores”, despachó una declaración, suscrita por Eduardo Artés, el diputado Barrera, y once personas más, que dice lo siguiente: 1.-Reconocemos al pueblo venezolano por la realización del proceso electoral presidencial, que cumplió con los estándares democráticos internacionalmente.
2.-. Pudimos constatar directamente el trabajo serio del Consejo Nacional Electoral como Poder Institucional autónomo y soberano de la República Bolivariana de Venezuela, compuestos por todas las fuerzas políticas designadas por el parlamento y prestigiosos académicos, el que garantizó la realización de las elecciones presidenciales en todo el territorio venezolano a través de un mecanismo electoral con altos estándares de transparencia, fiscalización y
auditabilidad.
3. Valoramos la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral en la entrega de los resultados que despejaron el intento de vulneración antidemocrático a través de un ataque cibernético.
4. Finalmente desde nuestra observación y acompañamiento de las elecciones presidenciales llamamos al gobierno de Chile a respetar la institucionalidad democrática de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y a reconocer la voluntad de los venezolanos nítidamente aceptada en las urnas como ya incluso lo han hecho 8 de los 9 candidatos opositores.
Afortunadamente, la política internacional de Chile, no la dirige un partido político, sino el presidente de la república, en su rol de jefe de estado, y en esta materia el presidente ha tenido una claridad sin ambigüedades. La propia noche de la elección, el domingo 28 de julio, mientras los afines al régimen chavista llamaban a celebrar, el presidente expresó a través de su cuenta en la red social X: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.
Horas de zozobra y expectación se vivieron en Venezuela, y en numerosos países que han acogido a la diáspora venezolana, se estima unos ocho millones migraron en los últimos seis años. El día lunes 29 de julio las calles de las principales ciudades de Venezuela permanecían desiertas, en silencio, a la espera de la entrega de los antecedentes, que aclararan el resultado electoral. Pero esto no se produjo, el único organismo independiente, acreditado como veedor por la autoridad electoral venezolana, el Centro Carter, declaraba el martes 30 de julio: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela”.
Esta entidad observadora, es una organización sin fines de lucro, fundada en 1982 por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa Rosalyn. Cuenta con gran prestigio y dilatada trayectoria, como veedora de procesos electorales, y mediadora en conflictos internacionales. Por la labor de este organismo en resolución de conflictos y promoción de la democracia, el presidente Carter obtuvo el premio Nobel de la Paz en 2002 Lo que declara este centro independiente y especializado es que el hecho de no haberse entregado los
resultados desglosados por cada mesa, constituye una grave violación de los principios electorales. Asimismo, expresa que el proceso se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas que perjudicó a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Se dificultó la actualización del registro de electores, con plazos muy cortos, escasos lugares de inscripción y escasa difusión
pública. Para los venezolanos en el exterior, las dificultades para acreditarse como electores fueron mayores, con barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. Como resultado de esto, la proporción de votantes habilitados para votar en el extranjero, fue mínima considerando el universo de la diáspora venezolana. El Centro Carter comprobó también el uso de recursos públicos, vehículos y funcionarios públicos en la campaña electoral oficialista.
La declaración del Centro Carter, fue precedida por la evacuación de todo su personal de Venezuela, al desatarse la represión policial contra las manifestaciones de la oposición. Llama poderosamente la atención, que el grupo de observadores chilenos, no haya visto, ni oído, ninguna de las constataciones efectuadas por el Centro Carter. Si esas personas, de conocida afinidad política con el régimen chavista, fueron inmunes a lamverdad, otros observadores internacionales acusaron recibo. Eso pasó con el denominado “Grupo de puebla”, que reúne a diversas personalidades, ex presidentes o ex candidatos de partidos de izquierda, de diversas
latitudes. Entre ellos, el ex político chileno Marcos Enríquez, conocido como Meo, la noche de la elección en una críptica declaración, pedía que la “controversia” existente se pudiera aclarar. Con el andar de las horas, su postura fue mutando, y terminó alineado con la declaración del presidente Boric. Misma situación ocurrió con otros integrantes del grupo de puebla como los ex presidentes de la República Dominicana, Leonel Fernández y el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quienes también exigen que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publique inmediatamente de las actas de votación.
La voz más respetada del progresismo chileno, y referente internacional de la centro izquierda, Michelle Bachelet, manifestó enfáticamente que debe existir total transparencia en el proceso electoral, y “Es imperativo que refleje la voluntad del pueblo»
El día lunes 30 de julio el presidente Boric, fue más categórico aun, y Chile marcaba un punto intransable en la defensa de la libertad y la democracia, dando ejemplo a otras naciones del continente cuyos líderes han sido titubeantes. Y Chile pagó las consecuencias, en una medida inédita en las relaciones diplomáticas con Venezuela, el régimen chavista expulsó al personal de nuestra embajada, dirigida por el ex senador socialista Jaime Gazmuri. Junto a la misión chilena, fueron expulsadas las representaciones diplomáticas de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El presidente Boric, recibirá este lunes al presidente del Brasil Ignacio Lula Da Silva, con quien se espera, aborde una posible mediación conjunta de los presidentes de Brasil, México, Colombia y Chile ante el régimen de Maduro. La represión desatada por el régimen chavista contra la población civil en Venezuela, hace recordar las peores épocas de las dictaduras militares del continente, detenciones arbitrarias por agentes del estado que no se identifican, sin órdenes judiciales, represión violenta de manifestaciones pacíficas. Todo el repertorio de un régimen autoritario, para defender una victoria electoral, que no puede comprobarse mediante medios válidos y transparentes. La conocida diferencia existente en Chile, entre las fuerzas progresistas, sobre el régimen venezolano, aflora ahora con fuerza. El presidente del partido comunista de Chile, Lautaro Carmona, reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, pese a toda la evidencia existente. La decisión genera una crujidera intensa en el centenario partido. Se dice que esto no afecta el desempeño de sus ministros y ministras, ni la lealtad al presidente Boric. Mientras, los partidos del socialismo democrático, cuestionan enfáticamente las credenciales democráticas de Maduro y su gobierno, y se respalda totalmente la postura presidencial. Si bien algunos se justifican, diciendo que es una postura sobre política internacional, no se puede soslayar que la posición de Chile, defendida con coraje por el presidente Boric, debe ser respaldada transversalmente, partiendo por el conglomerado de gobierno. No sólo por ser una política de estado, sino también para defender la dignidad de nuestro personal diplomático, y nuestros equipos de prensa, expulsados intempestivamente de la hermana tierra de Venezuela. Paradojas del destino, cierta izquierda titubea en el rechazo a la tiranía venezolana, cuando fue precisamente en esa tierra, donde encontraron refugio cientos de chilenos que huían de la dictadura civil militar chilena.
Esperamos que nuestro país juegue un rol importante en la mediación con el régimen chavista, el objetivo debe ser claro, acreditación de resultados por entidades internacionales independientes, y respeto irrestricto de los DDHH de los opositores políticos y de la voluntad popular.
Ernesto Sepúlveda Tornero