La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, valoró como un histórico
hito que el pasado viernes 10, tras su publicación en el Diario Oficial, se oficializara la
implementación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), política oficial del Estado de Chile que tiene
como objetivo avanzar en la búsqueda de verdad y justicia respecto de personas víctimas de
desaparición forzada durante la Dictadura Cívico-Militar.
Al respecto, remarcó que este inédito instrumento aspira a esclarecer las circunstancias de
desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero. Asimismo,
garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto
de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Y, en otro aspecto relevante,
implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de
desaparición forzada.
La autoridad regional reconoció un compromiso del Estado estrechamente vinculado con ayudar a
curar las heridas que dejó un oscuro periodo en nuestro país, siendo uno de sus elementos
centrales el tratar de reconstruir las trayectorias de cada una de las personas que fueron
detenidas y hechas desaparecer, incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final.
El ministro Luis Cordero Vega señaló que «no solo hay un diagnóstico, no solo está el propósito,
están los objetivos y las metas», destacó que a partir de ahora comenzarán a ejecutarse las
acciones principales del Plan, en las cuales los familiares tendrán un gran rol activo en el
seguimiento de esta política, siendo necesaria la mayor colaboración de todos y todas para poder
cerrar de la mejor manera este proceso.
Plan Nacional de Búsqueda fue presentado al país el 30 de agosto, Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas, por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Se
reconocen 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada en Chile en
dictadura. De este total, 307 personas han podido ser encontradas, identificadas y restituidas a sus
familiares, según cifras del Servicio Médico Legal. Aún 1.162 víctimas cuyo paradero y
circunstancias de desaparición y/o muerte aún siguen pendientes de determinar.
Algunas de las medidas iniciales del plan son:
Instalación de la estructura de gobernanza del Plan Nacional de Búsqueda, lo que supone
crear el Comité de Seguimiento y Participación, compuesto por representantes de familiares e
integrantes de la sociedad civil.
Creación de la Mesa Operativa del Plan Nacional de Búsqueda, compuesta por los actores
institucionales que participan en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada
durante la dictadura con la finalidad de coordinar las acciones del Plan y su nivel de ejecución.
Configuración de una Mesa Técnica de Archivos, que tendrá por finalidad identificar y
acceder a los diversos acervos documentales que se encuentran en las instituciones del Estado.
Diseño de la plataforma del Plan Nacional de Búsqueda, que servirá como una
herramienta para el análisis y cruce de información de las bases de datos con apoyo de
inteligencia artificial.
Coordinación permanente y prioritaria con los Ministros en visita extraordinaria para
causas de violaciones a los Derechos Humanos.
Confección del primer catastro de sitios de interés para realización de trabajos de
búsqueda en terreno y de identificación de víctimas en coordinación entre el Poder Judicial,
Servicio Médico Legal y Programa de Derechos Humanos.