La noticia de la semana fue el rechazo de la acusación constitucional en contra de la ministra
del interior Carolina Tohá. Pese a los esfuerzos del sector ultra conservador de arrastrar a toda la
derecha consigo, finalmente sectores levemente moderados desistieron de aprobar el libelo
acusatorio. En una escalada más en la crispación del ambiente político, y cuando llevábamos
semanas conociendo los entresijos del caso audios, se intentó defenestrar a la ministra más fuerte
del gabinete, y probable carta presidencial. El traspié de la acusación, fue precedido por un
imprevisto apoyo del general en retiro, y ex general director de Carabineros Héctor Yáñez. Invitado a exponer en la antesala de la votación, los acusadores fueron testigos de una clara y contundente
defensa de la ministra Tohá. El general Yáñez puso sobre la mesa, la entrega de recursos materiales
y humanos, que supera con creces las de gobiernos anteriores, y el apoyo permanente a la
institución. Quitando todo argumento a los acusadores, quien hasta hace pocas horas dirigía a
Carabineros de Chile, sostuvo que era totalmente injusto responsabilizar a una persona, del
problema de seguridad que existe hoy en Chile. El golpe de efecto que se pretendió dar en contra de la administración Boric, tuvo un efecto boomerang, y la ministra Tohá salió fortalecida de la instancia.
Más allá de las simpatías políticas, la fracasada acusación constitucional, parecía un
despropósito, cuando todas las instituciones de la república están abocadas al combate frontal de la delincuencia, y a resolver la grave crisis de seguridad del país. Muchos analistas de la plaza
coinciden, que la medida fue más bien una cortina de humo, para que la opinión pública, olvide el
escándalo de la candidata Cubillos y la Universidad San Sebastián. También se pretendería ocultar
la delicada situación en que queda el sector, con los informes que vinculan al ex ministro del interior Andrés Chadwick, en el entramado de contactos del abogado Hermosilla. Al parecer han sido vanos estos intentos, puesto que recientes estudios de opinión, ya reflejarían el impacto comunicacional que han tenido estos casos.
En el ínterin se entregaron los resultados de una nueva encuesta del Centro de Estudios
Públicos, la CEP, que refleja con meridiana claridad, la mirada que tiene la ciudadanía sobre el
actual momento en nuestro país. Un 58% piensa que la situación política de Chile está mala o muy
mala. Sólo un 7% encuentra que es buena o muy buena. En coherencia con las calamitosas noticias que transmiten los medios a toda hora, el estudio refleja una fuerte pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones. El congreso cuenta sólo con un 8% de confianza ciudadana, en tanto, los partidos políticos son las instituciones con menor confianza con un magro 4%. Los
partidos políticos en una sociedad democrática sana, son el vehículo, el canal a través del cual se
expresan las ideas, los modelos de sociedad que se ofrecen al electorado. Partidos políticos débiles y fragmentados, sólo favorecen a los enemigos de la democracia, los sectores populistas y
autoritarios. En esto, no sólo los políticos han errado el camino, también los “expertos” que
propusieron las leyes que hoy nos rigen. Extrema permisividad y mínimos requisitos de constitución han favorecido la existencia hoy de 22 micro partidos políticos, que pronto serán 25, considerando los que están hoy en tramitación en SERVEL.
Las instituciones que cuentan con mayor confianza de la ciudadanía, son la PDI con 59%, las
universidades y Carabineros de Chile, ambas con 57%. Las FFAA con 51% y las radios con 45%. De
ahí el umbral de confianza baja varios escalones, y vemos que los municipios tienen un 24% de
confianza. La empresa privada un 21%, y el gobierno con un 19%. Los tribunales de justicia y el
ministerio público ambos con 17% de confianza, este es el caso más preocupante, ya que la
medición no alcanza a reflejar en su totalidad el impacto de los chats del abogado Hermosilla. Caso aparte la confianza existente en el sistema de pensiones que sólo alcanza el 10%, ratificando una vez más la urgencia de su reforma.
En este escenario convulso, Chile se prepara para ir nuevamente a las urnas. Nuestros ágiles
y sabios legisladores, y expertos afines, no previeron el efecto que tendría en el electorado, la ráfaga de votaciones en tan corto tiempo. Cada tanto, lo vuelvo a mencionar porque me parece de una irresponsabilidad mayúscula. Es la lógica del asambleísmo, que al parecer se ha tratado de replicar en el congreso y en el gobierno. Como si la calidad de la democracia dependiera de la cantidad de veces que vamos a las urnas. Desde 2020 al 2024, considerando las votaciones de fines de este mes y eventuales segundas vueltas de gobernadores, en el lapso de cuatro años, habremos ido a votar, nada menos que diez veces. Si no me cree, le hago el recuento: Plebiscito Nacional 2020; Elecciones Primarias de Gobernadores Regionales y Alcaldes 2020, en los casos en que las hubo; Elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales 2021; segundas vueltas de gobernadores regionales; Elección Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros/as Regionales 2021; Segunda vuelta presidencial 2021; Plebiscito Constitucional 2022; Elección del Consejo Constitucional 2023; Plebiscito Constitucional 2023; Elección de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales 2024; segunda vuelta elección de gobernadores donde proceda.
Dentro de esta multiplicidad de elecciones, también hubo aspectos positivos. En las
elecciones municipales de 2021, entró a regir reforma de 2020, que impide la re elección consecutiva en más de tres ocasiones fijando un límite de 12 años de ejercicio. De este modo, 96 alcaldes y alcaldesas no pudieron repostularse. De los alcaldes y alcaldesas en ejercicio se repostularon 259, pero fueron re electos sólo 87. En 258 comunas de 345 comunas existentes en el país, hubo recambio de autoridades comunales. Otra innovación es la restitución del voto obligatorio. Este ya debutó en el Plebiscito de 2023 donde las personas habilitadas para votar llegaron a las 15.278.800 en Chile de las cuales, concurrieron a votar 12.991.322 votantes con un histórico 85,03% de participación. En la región de Magallanes y de la antártica chilena, los habilitados para votar eran 157.304, de los cuales concurrieron 118,341 con un 75,24% de participación.
Defiendo el derecho a elegir a nuestros representantes en elecciones libres y competitivas. Lo
que deploro, es la desprolijidad del legislador, la poca previsión, la poca empatía con el pueblo que dicen representar. La multiplicación de eventos electorales, y ahora con voto obligatorio, no hará más que agotar al electorado, a producir hastío y rechazo. Para evitar que la manifestación más pura de una democracia, el derecho a elegir y ser elegidos, se vuelva superflua, debemos informarnos adecuadamente. Tomar la mejor decisión, y optar por los liderazgos que hagan más sentido, con nuestra forma de vida, liderazgos constructivos, con altura de miras, y que nos permitan soñar con una comuna y con una región más segura, más prospera y más feliz.
Ernesto Sepúlveda Tornero