Amigos y amigas, esta semana en Chile, la agenda estuvo marcada por los temas económicos, aunque había tenido su introducción, el 22 de septiembre con la presentación del informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta es una organización internacional a la que Chile fue invitado a participar e ingresó durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Siendo el único país de sud américa, y el segundo de Latinoamérica, en integrarse después de México. El objetivo de la OCDE es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Para ello, trabaja en colaboración con los gobiernos, como un centro de conocimientos para la recopilación de datos y análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Busca establecer estándares internacionales y proponer soluciones a los retos sociales, económicos y medioambientales, basándose en datos empíricos. En su último informe sobre Chile la OCDE, destaca la solidez de las instituciones que han permitido gozar de estabilidad macroeconómica al país, sorteando tres grandes shocks. El producido por el estallido social de 2019; el de la pandemia de Covid-19 en 2020; con su alto costo en vidas y medios de subsistencia, que llevó a la contracción más aguda de los ingresos en 40 años. Y el shock de 2022, por la guerra de Ucrania, que produjo escasez mundial de suministros, aumento de precios, y presiones inflacionarias. El informe describe, la fuerte respuesta dada por Chile, a través de políticas económicas expansivas. Que permitieron la rápida recuperación de la pandemia en 2021, pero la mantención de la expansión del gasto fiscal y los tres retiros de fondos de pensiones, provocaron un sobre calentamiento de la economía. Sólo los retiros de fondos entregaron recursos ascendientes al 18% del PIB a los hogares. Si se considera los subsidios estatales entregados en forma universal, los recursos y la liquidez llegaron a un 30% del PIB. De este modo, la inflación aumentó a su máximo nivel en 30 años. Observa la OCDE, que, a raíz de esto, las autoridades económicas debieron adoptar medidas de política monetaria, para contener las presiones inflacionarias. Asimismo, se observa que los retiros de los fondos de pensiones, implicaron que las AFP liquidaran parte de los activos a largo plazo de su cartera. Como consecuencia de esto se ha reducido la profundidad del mercado financiero. Esto impacta, por ejemplo, en las tasas y condiciones para el otorgamiento de créditos hipotecarios.
El informe de la OCDE hace una serie de recomendaciones, a nuestro país, entre las que destaco las siguientes:
• Mantener una política monetaria restrictiva para asegurar el retorno de la inflación a la meta.
• Reforma tributaria. Movilizar ingresos fiscales adicionales a través de una reforma integral de los impuestos: sobre la renta personal, sobre la propiedad, y por mejoras en la administración tributaria.
• En materia de productividad y competencia. Agilizar y unificar los procedimientos municipales de concesión de licencias y fomentar la digitalización de los procedimientos pertinentes. Revisar el conjunto de regulaciones existentes y su impacto en la competencia.
• Potenciar el apoyo a la I+D centrándose en los programas más eficaces, manteniendo una combinación equilibrada entre ayudas directas y créditos fiscales.
• Formalización laboral. Establecer una estrategia integral para fomentar la formalización, que incluya la reducción de los costes laborales no salariales, la mejora de las competencias de los trabajadores, el refuerzo de la aplicación de la ley, y la mejora de la administración fiscal.
• En materia de pensiones. Considerar incrementar las pensiones y aplicar tasas de contribución progresivas en el sistema de pensiones, asegurando fuertes incentivos a la creación de trabajo formal.
• Mejorar el acceso universal a servicios de salud de calidad mediante la creación de un fondo único que mancomune los recursos financieros y los distribuya de forma más equitativa entre los aseguradores, con un mayor uso de ingresos fiscales generales.
• Capacitación. Revisión completa de los programas de formación profesional, incluido el crédito por gasto de capacitación, para aumentar la pertinencia y calidad de la formación y mejorar la focalización hacia los trabajadores vulnerables.
• Acelerar los avances en la descarbonización de la economía mediante una normativa más estricta y unas señales de precios más coherentes, utilizando tanto impuestos sobre el carbono como sistemas de permisos de emisión transables, protegiendo al mismo tiempo el poder adquisitivo de los hogares vulnerables. Considerar acelerar las exenciones del impuesto sobre el carbono para las centrales eléctricas que utilizan fuentes de energía renovables.
Tras la presentación del informe de la OCDE sobre Chile, los actores económicos y políticos, esperaban la presentación del proyecto de ley de presupuestos 2023. Por cadena nacional del jueves 29 de septiembre, el presidente Boric explicó al país, el primer presupuesto de su gobierno. El presupuesto contempla un incremento en el gasto de 4,2%, en línea con la reducción del gasto fiscal que este año superará el 23%. El presidente destacó que, siguiendo la buena práctica de las políticas contra cíclicas, en períodos de bajo crecimiento económico como el que vivimos, será el estado el que hará un importante esfuerzo de inversión, para incentivar la economía. En su contenido, se cubren varias de las recomendaciones de la OCDE, asimismo, se aprecia que ha sido confeccionado, para dar cuenta de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por esta razón el presupuesto se estructuró en tres áreas: Seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad social.
Seguridad económica: El gasto total en inversión pública crecerá un 5,5% respecto de 2022. Corresponde a un monto de 1.6 billones de pesos, es decir, más de mil seiscientos millones de dólares, en un Programa de Infraestructura para el Desarrollo, que involucra la construcción de carreteras, puentes, vías férreas y aeropuertos por todo Chile. Este presupuesto tiene énfasis en lo local y en la descentralización, por lo que contempla un aumento de 6,2% en los fondos de inversión municipal y de un 2,9% la inversión regional que se entrega directamente a los Gobiernos Regionales.
Para fortalecer los programas de acceso a créditos destinado a las pequeñas y medianas empresas, que otorgan más del 60% de los empleos del país. Se dispuso de un fondo de $ 58 mil millones de pesos, haciéndose cargo que muchas de ellas no están bancarizadas.
Para incentivar la inversión, y facilitar la ejecución de proyectos, se anunció que se buscará acelerar la tramitación de permisos otorgados entre otros, por el Consejo de Monumentos Nacionales, los municipios y el Servicio de Evaluación Ambiental. De este modo, el gobierno se hace cargo de planteamientos que los distintos actores económicos han hecho, sobre escollos o trabas a los proyectos de inversión, también recogidos por el informe OCDE. Trabas burocráticas consideradas, verdaderos cuellos de botella para los grandes proyectos de inversión. También haciéndose cargo de las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales, y de los planteamientos de universidades y centros de investigación, el presupuesto de 2023, contempla una inversión extraordinaria en Ciencia y Tecnología de casi 76 mil millones de pesos, lo que significa un aumento histórico del 9,6% para potenciar la investigación y el desarrollo del país. En palabras del presidente Boric “La ciencia nos ayudará a encontrar soluciones para los problemas que nos aquejan día a día: la contaminación del aire, las listas de espera, los tacos en las ciudades, la burocracia”.
Seguridad pública: Se aumentará el presupuesto de Orden público y seguridad a $164 mil millones de pesos (USD 170.560.000), es decir, un aumento de un 4,4% respecto de 2022. Se destinarán recursos a incorporar más policías, la recuperación del espacio público y combate al narcotráfico y al crimen organizado. En particular, se considera fondos de 38 mil millones de pesos para ejecutar la nueva Política Nacional Contra el Crimen Organizado, que fortalecerá la capacidad operativa de Carabineros de Chile y la PDI. Asimismo, para incrementar la presencia policial, y mejorar sus tiempos de respuesta, se contempla un aumento de 25 mil millones de pesos el presupuesto a Carabineros de Chile.
Seguridad social. Se destinarán más de 750 mil millones de pesos para continuar con el IFE Laboral, el Ingreso Mínimo Garantizado, el Subsidio Protege y el Bono de Canasta Protegida. En salud, continuando con la política de copago cero, implementada en el sistema público para los usuarios de FONASA, se pondrá en marcha el plan piloto de Atención Primaria Universal. Este contempla en mejorar los consultorios, entrega de fármacos a domicilio, compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para pacientes con tratamiento GES y no GES con foco en la prevención de las enfermedades. En materia de salud mental, se destinará más de 19 mil millones para el refuerzo de la salud mental. Para la reducción significativa de las listas de espera se destinará 28.360 millones de pesos, para hacerse cargo del aumento extraordinario ocurrido durante la pandemia. En materia de pensiones. Un 60% del presupuesto del año 2023, está destinado a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), de casi 2 millones 300 mil personas con un monto de $193.917, producto de la ampliación de la cobertura al 90% de las personas mayores de 65 años. El presidente Boric reiteró el compromiso de su gobierno de llegar a un mínimo de 250 mil pesos de PGU, a fines de mandato.
Como se puede apreciar, de esta extensa crónica sobre el Informe de la OCDE sobre Chile y sobre el proyecto de ley de presupuesto año 2023, enfrentamos una realidad económica compleja, marcada por el bajo crecimiento y la alta inflación, donde adquieren todo su valor la existencia de un Banco Central autónomo, y autoridades económicas responsables en el gobierno. La reducción del déficit fiscal ha sido radical, y se espera que el efecto de esa medida junto a las alzas en el tipo de cambio dispuestas por el banco central, contengan el alza en la inflación. Nos espera un año 2023 con bajo crecimiento económico, por lo que es vital concentrar la inversión pública, en las áreas intensivas en mano de obra. Asimismo, es coincidencia tanto de los expertos de la OCDE, como de los agentes económicos locales, que es imprescindible una reforma tributaria, dada la existencia de demandas sociales, que consideran un gasto permanente. No resulta lógico que más de la mitad del presupuesto anual, se destine solamente a financiar la pensión garantizada universal. Es algo a tener en mente, con miras a la discusión de un nuevo proceso constituyente.
Ernesto Sepúlveda Tornero