No hay caso con Chilito, por más que pasen y pasen los años, cada once de septiembre vuelve
a abrir las heridas del pasado. Ya van 51 años del golpe civil-militar que derrocó al gobierno del
presidente Salvador Allende, y la tragedia que ha marcado las vidas de varias generaciones de
chilenos y chilenas, sigue allí. La recuperación de la democracia, conquistada en una lucha de 17
años, que costó innumerables vidas, y el tormento de miles, no puso fin a los dolores de un alma
nacional fracturada. Son tantas las preocupaciones del día a día del ciudadano de a pie, que es muy probable que la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, haya pasado desapercibido. A excepción de las grandes ciudades, donde se multiplican los cortes de tránsito o las suspensiones de clases, el Chile profundo, que mueve literalmente, la máquina productiva del país, le resulta lejana esta fecha. Haremos acá una reflexión breve de los intentos de 1990 a la fecha, porque no se olvide lo que sucedió.
Desde 1990, los sucesivos gobiernos progresistas, hicieron esfuerzos por determinar la verdad
histórica. La comisión de verdad y reconciliación, que lideró el abogado Raúl Rettig. Estuvo integrada por ocho miembros, cuatro de los cuales pertenecían a la derecha política. Esta comisión dio lugar al informe Rettig, en el año 1991, durante el gobierno del presidente Aylwin. Fue el primer intento del estado de Chile para consignar por escrito, la memoria de lo ocurrido, y se anotó los nombres de las personas víctimas de violencia política durante la dictadura, que a ese año eran 2.298 personas. En el año 1996 durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, se constituyó una mesa de diálogo entre la sociedad civil y las FFAA y de orden y seguridad. Durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, se constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como comisión Valech, la cual consignó en su informe de 2005 los testimonios de 35.865 personas residentes en Chile y el extranjero. De estos casos, más de 28 mil testimonios fueron aceptados como válidos, existiendo más allá de toda duda, la convicción de que fueron víctimas de prisión y tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Con muy sentidas palabras el presidente Lagos reflexionaba al presentar el informe: “¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo provocar conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta para ello. Como en otras partes del mundo y en otros momentos de la historia, la razón no alcanza a explicar ciertos comportamientos humanos en los que predomina la crueldad extrema. ¿Cómo explicar que el 94% de las personas detenidas señalaron haber sufrido torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que prestaron testimonio, casi todas señalan haber sido objeto de violencia sexual? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se creó el museo de la memoria y los DDHH, instancia que es reconocida internacionalmente, por la dignidad y respeto con el que se conserva la memoria de las violaciones a los DDHH durante la dictadura. Asimismo, durante su gobierno, se constituyó la denominada Comisión de Valech II, que se abocó entre 2007 y 2009 a retomar los
registros y análisis de testimonios, ampliándose el número de víctimas de la violencia política a 3.216 personas. Asimismo, durante su gobierno se promulga la ley N° 20.405 que crea el Instituto
Nacional de los Derechos humanos, iniciativa que inició su tramitación en 2005 durante el gobierno del presidente Lagos, se publica en el diario oficial el 10 de diciembre de 2009. El acto de constitución del INDH, se efectuó el 20 de julio de 2010, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien designa a los once miembros fundacionales del Consejo: Miguel Amunátegui, Eugenio Díaz, Lorena Fries, Sergio Fuenzalida, Roberto Garretón, Claudio González, Luis Hermosilla, Enrique Núñez, Manuel Núñez, y María Luisa Sepúlveda. Como primera directora del Instituto fue nombrada la abogada Lorena Fries. Durante ese primer mandato del presidente Piñera, habla de los “cómplices pasivos” de las violaciones a los DDHH, que estarían en su sector político, separando aguas de ese modo, de quienes aún reivindicaban el golpe de estado y defendían la dictadura.
Durante el gobierno del presidente Boric, se ha creado la política nacional de búsqueda, cuya
finalidad es avanzar en la recopilación de información, que permita ubicar el paradero de las miles de personas, víctimas de desaparición forzosa durante la dictadura militar. Asimismo, se ha dispuesto modificar la obligación de secreto de los testimonios entregados en la Comisión Valech, que fijaba un horizonte de 50 años, para que se liberaran esos testimonios. Esto a su vez ha abierto una discusión, ya que los testimonios fueron recibidos bajo esas reglas, y no se estaría respetando la voluntad de los declarantes. Hoy existe un mecanismo judicial para acceder a esa información, en los casos específicos de personas a quienes les atañe directamente.
Durante la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, el año pasado, se efectuó el
viaje que ya constituye un rito para los ex prisioneros del campo de reclusión de Isla Dawson. En un buque armada, y acompañados de sus familias, los ex prisioneros visitaron Isla Dawson, en esa
ocasión fueron testigos, del discurso del Almirante Juan Andrés Maza, quien expresó «Es por todos
conocido (…) este fue un centro de detención de prisioneros políticos de la época. Y, ¿cómo lo vamos a desconocer?, no lo puedo desconocer y por eso estamos aquí», asimismo, hizo votos para que «Nunca más, que estos hechos no ocurran nunca más. Ni aquí y ojalá en ninguna parte del mundo, estos son condenables, los hechos todos, en cualquier parte del mundo».
Hasta ahí vamos bien. Una sola voz para repudiar las violaciones a los derechos humanos y las
atrocidades cometidas durante la dictadura. Sin embargo, nunca se puede dar por sentada la
democracia y la libertad. Muy inquietantes hechos ocurrieron esta misma semana, en lo que
aparentaba ser una humorada, una docena de jóvenes de un grupo ultra conservador, filmaron un
pequeño video frente a La Moneda, reivindicando el golpe de estado de 1973. Las declaraciones
sorprendieron incluso en el sector conservador, que con el difunto presidente Piñera, intentó separarse de la herencia del dictador. Eso sería meramente anecdótico, y si no se hubiese conocido también esta semana, una resolución de la excelentísima Corte Suprema, que autoriza a reponer en las instalaciones de las FFAA y de Orden y Seguridad, las fotografías de los comandantes en jefe de las mismas durante la dictadura. Una decisión que sólo se puede entender, en el contexto de descalabro moral que sufre el máximo tribunal del país. A pocos días del inicio de acusaciones constitucionales contra tres de sus miembros, y con el cuaderno de remoción abierto por ellos mismos, contra una conocida ministra, y ex vocera del propio tribunal, la que, por cierto, estuvo por autorizar la reposición de la foto del dictador y sus secuaces.
Pasan y pasan los años, y los consensos básicos, que nos tardamos treinta años en construir,
hoy se tiran por el caño, y se encienden de nuevo los odios, que nos llevaron al abismo. La
responsabilidad del liderazgo político conservador, que mira con ansias las elecciones del 2025, tiene un desafío mayor, cortar amarras definitivamente con el pasado autoritario, o cerrar filas, con los grupos ultra conservadores que miran con nostalgia la dictadura.
El sector progresista, tiene una tarea mayor, intentar cerrar con éxito un gobierno sin mayoría
parlamentaria, donde sus iniciativas emblemáticas chocan indefectiblemente con la muralla
conservadora. La proyección presidencial de alguna de las figuras más reconocidas del ex movimiento estudiantil, parece descartada, y se mira con excesivo entusiasmo la mano que puede devolver la centro izquierda, con su figura más relevante.
Ernesto Sepúlveda Tornero