El martes pasado en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que está indagando eventuales irregularidades en la transferencia de fondos públicos a fundaciones, el director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que existen «patrones comunes» a nivel nacional en la adjudicación de los cien casos que están cuestionados.
En relación a las transferencias desde gobernaciones a fundaciones o corporaciones confirmó que se está investigando en la Región de Magallanes y Antártica la relación de dos entidades receptoras de $543.285.000.
Al respecto, el diputado magallánico Christian Matheson señaló que “hoy confirmamos lo que vengo denunciando desde julio de 2023, es decir, posibles irregularidades en ciertos convenios emitidos desde la Gobernación Regional a fundaciones. La gente tiene derecho a conocer con claridad el destino de los más de 500 millones de pesos que fueron mal justificados y derechamente cuál fue su destino”.
El parlamentario agregó que “es una suma altísima, con esos $543 millones se podría haber implementado un centro de diálisis en Porvenir, haber comprado ambulancias para Puerto Natales, o solucionar problemas de tanto adulto mayor que vive con carácter de abandono. Me parece que los magallánicos merecen conocer la verdad y que si efectivamente existe mal uso de recursos, los responsables paguen, porque no hay nada más despreciable que enriquecerse con fondos que debieran destinarse a mejorar las condiciones de vida de las personas con mayor vulnerabilidad de nuestra región”.
La Fiscalía explicó en la instancia parlamentaria, que las transferencias que se investigan tendrían un mismo modus operandi, habrían sido adjudicadas a organizaciones con falta de experiencia, ausencia de garantías y giros comerciales que no guardan relación con el convenio.
“Aquí lo que se ve a nivel nacional es una coordinación para defraudar al estado recurriendo a fondos destinados a mejorar la vida de las personas. Es muy grave, pero confío en la experiencia, profesionalismo y el trabajo coordinado de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, Contraloría, Servicios de Impuestos Internos, PDI y la Unidad de Análisis Financiero”, finalizó Matheson.
A nivel nacional, son más de $90 mil millones los que se investigan en el Caso Convenios que estalló en junio de 2023.