Proyecto indica que el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, estableciendo qué se entenderá por desorden público.
Como un paso en la dirección correcta, calificó la diputada de la UDI, Sandra Amar, la aprobación en Sala del proyecto de ley que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, como saqueos y barricadas, en situaciones excepcionales como lo son desastres naturales y desordenes que alteren la paz pública en el país, agravando las penas aplicables.
La legisladora explicó que el estallido social desde hace un mes y medio en el país “ha dado ocasión a una serie de acontecimientos que han tenido por protagonista la violencia. La comisión de delitos ha sido habitual en este tiempo, lo que nos ha llevado a plantear seriamente medidas de drásticas para enfrentarlo, ya sea por vía de declaración de estados de excepción constitucional, así como la configuración de nuevas hipótesis penales y el aumento de penas para determinados delitos”.
“En este último caso, particular relevancia cobra la creación de un tipo penal de saqueo, por las especiales características que reviste este delito y que en la actualidad sólo se considera como hurto en lugar no habitado, con una sanción sin efecto real alguno”, agregó Amar.
Por ello, la parlamentaria subrayó que esta legislación “busca dar una herramienta más al Ministerio Público, para que sancione estos actos delictivos que se dan en situaciones excepcionales, donde ciertos individuos o grupos se aprovechan de una situación particular que vive el país para destruir, robar y provocar daños tanto en grandes empresas como en pequeños locales comerciales”.
Finalmente, la diputada Amar indicó que en la actualidad “hay una serie de hechos que quedan impunes por ser ciertos tipos penales de difícil aplicación. Sin embargo, este proyecto permitirá perseguirlos, protegiendo efectivamente el bien jurídico del orden público y la paz social”.
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