El 4 de mayo de 1925 se funda en Santiago de Chile la primera Escuela de Trabajo Social de Latinoamérica y el Caribe. Esta nueva profesión surgió al alero del recién creado Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, y muy particularmente, tras un breve paso por el precitado ministerio del doctor Alejandro del Río Soto Aguilar (1867-1939) quien fuera provisionalmente su primer ministro entre el 17 de octubre y el 23 de enero de 1925. Este connotado médico higienista chileno fue uno de los protagonistas en el surgimiento de esta primera escuela de Servicio Social en Chile.
Su destacado rol en estos acontecimientos institucionales quedaron registrados en una publicación de divulgación científica de la época y donde resume sus gestiones fundacionales del siguiente modo: “Fue para mí motivo de especial satisfacción durante mi corto paso por el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social poder dar impulso a estas nuevas orientaciones (…) y echar siquiera las bases de las instituciones, obras y organizaciones que tienen estrecha relación con estas carreras (…). Llevan mi firma el decreto-ley que creó el Consejo Superior de Asistencia Social y los decretos que dieron forma a los Consejos Superiores de Protección a la Infancia (…) tuve también el honor de dictar el decreto-ley que crea la carrera (…) En la preparación del presupuesto vigente tuve el agrado de incluir asignaciones para dar vida a las nuevas instituciones y servicios y entre éstos a nuestra Escuela de Servicio Social. Bien puedo, pues, dar por compensados- los sacrificios y sinsabores que para mí significaron esos meses de ruda e inquieta labor en servicio del país” (Revista de Beneficencia Pública, Tomo IX, Volumen 3, septiembre de 1925).
Como se puede observar, el nacimiento del trabajo social chileno está situado en el contexto de un fenómeno sociopolítico más global que se relaciona con la emergencia de la denominada “beneficencia pública”. Y que en el caso de Chile tempranamente cristalizó en la Junta Central de Beneficencia (JCB), una naciente institucionalidad paraestatal que tenía la forma de una entidad semiautónoma subvencionada por el Estado y que estaba encargada de organizar las prestaciones sociales a la población chilena que se encontraba en estado de pobreza o necesidad a comienzos del siglo XX.
En relación a esta misma institucionalidad, cabe destacar que la figura institucional de las Juntas de Beneficencia pública, ya sea en sus expresiones a escala nacional, provincial o departamental, como la institución homónima existente en la época en la ciudad de Punta Arenas; ya habían sido definidas legalmente a partir del siglo XIX en términos de sus objetivos, estructura y funcionamiento. Y que de acuerdo a su primer reglamento tenían la siguiente misión y composición: “La dirección de los establecimientos públicos de beneficencia en cada departamento de la República estará a cargo de una Junta compuesta por el siguiente personal (…) En Santiago i Valparaíso, de cuatro miembros elegidos por la Municipalidad (…) de otros cuatro nombrados en la misma época por el Presidente de la República; i de los administradores i subadministradores de los establecimientos” (Reglamento J de B, 1886). Como se puede observar en las disposiciones legales anteriores desde el Estado hay, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX una permanente preocupación por incidir en las formas de organización, estructura y conducción de las Juntas de Beneficencia Pública a lo largo de todo el territorio nacional, ya sea a nivel local o departamental, en virtud de su calidad de órganos operativos la Beneficencia Pública a lo largo del territorio de Chile.
Por todo lo anteriormente planteado, en sus primeras décadas de vida, la formación profesional de las y los trabajadores sociales tuvo una fuerte impronta formativa que hacía énfasis en los aspectos médico-sociales y sanitarios en la configuración de los problemas y necesidades que afectaban a vastos sectores de la sociedad chilena de la época.
Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XX, específicamente en el año 1950, un grupo de asistentes sociales convocaron a una jornada de análisis de la realidad social en el contexto de una emergente realidad sociopolítica chilena, y estaban decididos a denunciar y visibilizar que las estructuras sociales marcadas por las desigualdades sociales eran la verdadera explicación de las situaciones de pobreza, insalubridad e injusticia social en Chile. Y es de este modo, las y los trabajadores sociales de la época junto con realizar exitosamente sus jornadas de reflexión, crítica y análisis de la nueva realidad social chilena; entre el 6 al 11 de noviembre de 1950, concluyeron estos debates con dos grandes acuerdos que marcarían el desarrollo futuro de la profesión en Chile. El primero, declara oficialmente el 11 de noviembre como el Día del Asistente Social. Y el segundo acuerdo, fue constituir la Federación de Asistentes Sociales de Chile, organización sindical que a la postre se transformaría en el Colegio de Asistentes Sociales que se fundó en octubre del año 1955 amparado en la Ley número 11.934 que regulaba el funcionamiento de los colegios profesionales de la época.
En virtud de todo ello, y con un trabajo social chileno ad portas de cumplir 100 años de vida profesional y disciplinaria en el ámbito de las ciencias sociales; vaya un gran abrazo y un fraternal saludo a todas y todos los/las profesionales del trabajo social que en su/nuestro día conmemoramos un nacimiento social y colectivo de una profesión comprometida con un desarrollo social inclusivo y el protagonismo de las clases populares en el Chile contemporáneo.