A 50 años del Golpe de Estado, la Democracia de nuestro país nuevamente
está en riesgo. Con origen distinto al del ’73, pero igualmente peligroso.
Distinto, porque esta vez la amenaza no proviene de la Derecha y de los
sectores económicos que ella representa políticamente. Ahora es el crimen
organizado quien pone en cuestión si el orden institucional de nuestro
Estado es suficiente para enfrentar los desafíos del tiempo presente.
¿Por qué nuestro orden democrático está en riesgo? Porque hoy se está
usando el mismo discurso que permitió legitimar que la democracia es
incapaz de hacer frente a determinados problemas, y por lo tanto, otro
régimen es necesario. Este discurso lo levantó la Derecha durante el
Gobierno de la Unidad Popular, y ahora lo ha reutilizado la oposición al
presidente Boric.
Los principales reparos a su gestión se pueden entender como un intento
por instalar como sentido común esta supuesta incapacidad de la
institucionalidad chilena para hacer frente a las consecuencias de un mal
gobierno.
Repasemos las críticas. Es muy joven, no tiene experiencia, no respeta las
costumbres republicanas, gobierna según su ideología y no según el bien
común, está aliado con quienes representan un peligro para la democracia,
se sirve del Estado para beneficio propio. Expresiones que más que criticar
a un gobierno, tratan de demostrar que el problema radica en las
irremediables limitaciones que atribuyen a nuestro sistema institucional. El
paso siguiente: actuar en consecuencia.
Si se tratase de una estrategia, y no de una casualidad (¿cómo saberlo?),
sus autores rápidamente repararon en que estaban lanzando un
boomerang: el cincuentenario del Golpe de Estado deja los horrores de la
Dictadura demasiado a la vista como para pensar que otro golpe va a
encontrar respaldo ciudadano en el país.
Cual maná (nada como una referencia bíblica en Semana Santa), les llegó
la incapacidad actual del Estado de Chile para erradicar en plazo breve,
brevísimo, al crimen organizado. Las y los carabineros asesinados en estos
días son una enorme demostración de esta incapacidad del Estado, y de la
capacidad adquirida en el país por el crimen organizado.
Las críticas a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y las razones dadas
para para demandar su renuncia al cargo, emplean, sin mayor complicación,
los argumentos ya conocidos por la oposición del presidente Boric. Por lo
tanto, conducen a la misma conclusión: es necesario salirse de la
institucionalidad, ya que la institucionalidad ES el problema.
Al ubicar al crimen organizado, y no al marxismo en cualquiera de sus
vertientes, como lo que nuestra institucionalidad es incapaz de enfrentar, la
oposición al presidente Boric obtiene una ventaja obvia: des-ideologiza el
origen de la demanda por romper con la actual institucionalidad, evitando
así que se le vincule con el ‘73. Pero, probablemente sin proponérselo, cae
en un enorme riesgo.
El crimen organizado debe ser considerado como una amenaza para un
régimen democrático. Las coimas, el financiamiento de campañas y las
amenazas, entre otras, dejan a las autoridades democráticamente
generadas con capacidad de acción sumamente deteriorada, y poca
independencia a la hora de tomar decisiones. En países como México o
Colombia, esto ha sido ampliamente estudiado. La mexicana Sayak
Valencia ha formulado una propuesta interesante para este fenómeno:
Capitalismo Gore.
Frente a este riesgo, vale la pena preguntarse si la afirmación que suelen
usar estadistas como Lagos o Boric (los problemas de la democracia se
solucionan con más democracia), aplica a la delincuencia. Creo que sí: el
crimen organizado es un enorme problema de la democracia, que se
soluciona con más democracia. Entonces, resulta obvio que el crimen
organizado entiende que mucha democracia o más democracia, es contrario
a las condiciones que requiere para funcionar.
El crimen organizado tiene claro cómo enfrentar al Estado Democrático:
realizar acciones que favorezcan la crítica fácil a las autoridades, y así,
contribuir a pavimentar el camino a gobiernos autoritarios y populistas. Una
vez que estos lleguen, será mucho más fácil corromper o negociar para
continuar con una actividad delictiva muy lucrativa. Y continuar de un modo
seguro.
Una delincuencia sin impacto en el espacio público, especialmente en el
mediático, no aporta al debilitamiento de la Democracia. Crímenes,
especialmente asesinatos, que calcen con la línea editorial de medios de
referencia, cumplen este doble cometido. Son necesarios para el negocio
(“It’s Not Personal; It’s Strictly Business”), y para debilitar la legitimidad
institucional de la Democracia.
Cuando nos demos cuenta, ya habrá un Bukele en el gobierno, un Estado
de excepción permanente (qué contradictorio), derechos suprimidos, y
oscuridad absoluta sobre las relaciones entre el Estado y el crimen
organizado. Como en tantas ocasiones, cuando nos demos cuenta, será
demasiado tarde.
Si los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, y
entendemos que el crimen organizado ES un problema de la democracia, la
solución pasa necesariamente por fortalecer la convivencia ciudadana,
lograr que las comunidades vuelvan a ocupar los territorios, diseñar e
implementar espacios públicos atractivos para las personas, construir una
ciudad no segregada y sin guetos verticales u otros. En breve: una ciudad
de encuentro y no de exclusión.
Pero claro, son todas acciones de largo plazo, y ahora necesitamos también
respuesta ante inmediata ante la emergencia. Ese es el desafío de nuestros
representantes: alcanzar un acuerdo sobre qué hacer ya. Y olvidarse de
recriminaciones inútiles, pues todos los actores públicos tienen
responsabilidad en el estado actual de la delincuencia. En distinta medida,
pero todos.
Que la Izquierda asuma que este tema tiene prioridad, y que la Derecha
estime que la delincuencia tiene causas estructurales (aunque sea el poco
control migratorio) son pasos esperanzadores.
Lo que está en riesgo es demasiado. Si la Democracia no se muestra
efectiva ante la delincuencia, el autoritarismo populista está a la vuelta de la
esquina. A pesar del cincuentenario.
Rodrigo Araya C.