En Chile se aburre el que quiere. Semana a semana, se van sucediendo hechos que impactan, que emocionan, o que sulfuran, que enojan tanto que parecen quemar en las entrañas. Es el caso de lo que se conoció sobre el presidente Piñera y su familia, en los denominados “Pandora Papers”. Investigación, efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan los sitios chilenos CIPER y LaBot, junto a medios y más de 600 periodistas de todo el mundo. Que indaga en documentos filtrados, de paraísos fiscales. En lo que respecta a Chile, se revelan detalles del multimillonario negocio, que selló Sebastián Piñera y su socio Délano, para la venta de la minera Dominga. El contrato en inglés, contenía una cláusula, que sometía al cumplimiento de una condición, el tercer pago del precio de venta. Délano pagaría a Piñera esa suma, si el lugar donde se emplaza la mina, no era declarado como sitio de protección ambiental. El proyecto Dominga, se emplaza en un ambiente de gran riqueza, por la biodiversidad existente en el medio marino. Se ha cuestionado mundialmente, el daño que podría causar, a un espacio de delicado equilibrio.
Según informa Ciper Chile “Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses. “
En el congreso la oposición unida, ha anunciado la presentación de una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, para iniciar un juicio político, que debe concluir con un pronunciamiento del senado, en calidad de jurado. Aunque es improbable que, en el senado, la oposición logre su aprobación. Se requiere un quórum de 2/3, es decir 29 senadores, y la oposición contaría con 24 senadores. El hecho político es que el congreso nacional, iniciará la discusión de una acusación constitucional contra el presidente Piñera, con miras a que el senado apruebe su destitución.
Se trata de un hecho político de proporciones. Que, dentro de esta misma semana, ha sido abonado, o reforzado, por la decisión de la fiscalía nacional, de iniciar una investigación penal en contra del presidente Piñera y su familia. Para determinar la eventual existencia del delito de cohecho, soborno y eventuales delitos tributarios. La fiscalía nacional ha sido enfática, en aclarar que no existe cosa juzgada al respecto. Lo anterior debido a que la causa sobreseída, del caso de Pesquera Exalmar, no guarda relación con Dominga, ni se tuvo a la vista el contrato de compraventa.
Siempre se ha destacado la habilidad de Piñera como inversionista, el haber hecho una fortuna multimillonaria, en base a la especulación financiera. A la par de esa historia, siempre ha existido una historia paralela, que habla de irregularidades, incluso de eventuales delitos. Los enumera en su última columna en “La Tercera”, el periodista Daniel Matamala, estos serían: Quiebra del Banco de Talca (1982), Empresas zombis para eludir impuestos (1992 a 2004), Caso Chispas (1997), venta de acciones de Enersis a Endesa España, en condiciones privilegiadas, siendo senador de la república.
Tanto en la campaña presidencial de 2009 como en la de 2017, todo este historial fue ampliamente difundido, fue material para los debates presidenciales. Sin embargo, Piñera se impuso en las urnas. Es una constatación singular, ¿será acaso que al ciudadano común y silvestre no le importan estos temas?, quien puede decir que no escuchó decir alguna vez: “Él no va a robar porque ya es rico, y no tiene necesidad”. Nociones como esa, hacen dudar de la racionalidad de las decisiones electorales. En parte explican cierta credulidad, de la que se benefició el candidato “Que no declararon reo por lindo”. Pero ni aún esa aparente habilidad para sortear acusaciones o denuncias, le servirá a Piñera esta vez. La investigación penal abre un escenario que no va a concluir con el mandato presidencial. El proceso se va a prolongar después de su salida de La Moneda, y pondrá la lápida al fin de su segundo mandato. En tanto, la acusación constitucional, pone en el tapete de la discusión pública, e instala en el debate presidencial, los cuestionados negocios del inversionista-presidente. Su sector político, nominalmente le apoya por medio de los presidentes de partido. Pero los parlamentarios y consejeros regionales que van a re elección, y su candidato presidencial, han cortado amarras, y rechazan la defensa corporativa.
Llegó el momento de que se aclaren las cosas, que la verdad se imponga. No hay otra forma de entendimiento social y político en Chile, que no sea sobre esa base. Nuestro país necesita estabilidad, reglas claras para todos, partiendo por los gobernantes. Es nuestra única defensa contra el populismo y la anarquía. De esta situación amarga que vivimos como república, nadie sale beneficiado. El prestigio de la institución presidencial, la honra de nuestra nación, es imprescindible para cualquiera de los candidatos que se alce con el triunfo en noviembre. Recuperar ese prestigio, y salvar esa honra, es tarea de todos los ciudadanos, más allá de colores o posiciones políticas.
Ernesto Sepúlveda