Como es tradicional, esta semana (29 de septiembre) la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y DD.HH., celebra el Día Nacional del Acceso a la Justicia, fecha que busca un acercamiento con la comunidad para relevar los avances en la materia, así como la importancia de la labor que cumplen sus funcionarias y funcionarios.
En términos de personas, la CAJ atiende 489 nuevos ingresos mensuales en promedio a nivel regional, prestando asesoría jurídica y judicial. Esto, luego de haber afrontado parte de la pandemia del Covid-19 vía teletrabajo, sin dejar de atender, resguardando en todo momento la salud del usuario (a) y la de su personal. En permanente esfuerzo por lograr una justicia cercana, con un vínculo efectivo con las personas, su Director Regional, Alejandro Donatti Otárola, destacó como su hito más reciente la incorporación en Magallanes de su línea de representación jurídica especializada “La Niñez y Adolescencia se Defienden”.
Mencionó que esta pionera iniciativa busca procurar defensa jurídica especializada de los niños, niñas y adolescentes (NNA), garantizando su efectivo acceso a la justicia y el debido proceso de las causas judiciales en que se busca proteger sus derechos.
Al respecto, Gonzalo Rojas Castillo, Coordinador Regional de “La Niñez y Adolescencia se Defienden”, indicó que este esfuerzo de la CAJ viene a responder a una necesidad nacional y también regional de representación especializada, y se aboca a aquellos casos de vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) quienes viven con sus familias (catalogados de baja complejidad). Se diferencia del Programa “Mi Abogado”, que es una línea de acción pensada en NNA en situación de cuidado alternativo (separados de sus familias) y, por ende, se habla de hacer un trabajo complementario y colaborativo con el que ya hacía este último.
DEFENSA EN ACCIÓN
Donatti mencionó que su apertura se debió a múltiples factores, como el cierre de los programas de representación de NNA del Sename. Además se hizo un estudio y un catastro que arrojó que había al menos 30 mil a 40 mil procesos en los cuales los NNA no tenían un curador exclusivo (Ad Litem) que los represente. Al respecto, si bien Magallanes tenía un estándar bastante alto -con muy pocas causas sin representación- al implementarse esta nueva línea por parte del Ministerio de Justicia y DD.HH., “vamos a complementar (lo existente) y a futuro esperamos tener representado el 100 por ciento de las designaciones que nos haga el tribunal”, añadió.
A contar del 1 de septiembre, Rojas señaló que ya están representando varios casos de vulneración de derechos ante el Juzgado de Familia y denuncias realizadas en Fiscalía. Al 12 de septiembre, contabilizaban 32 ingresos o casos vigentes con curadores Ad Litem, lo que da cuenta que esta línea viene a cubrir también una sentida necesidad. Para ello, cuentan con una oficina especializada en Armando Sanhueza esquina Mejicana, y un equipo de trabajo de cuatro profesionales (tres abogados y abogadas y una trabajadora social).
Gonzalo subraya que el primer derecho fundamental que deben resguardar es el derecho del NNA a ser oído y participar del procedimiento, con un catálogo muy amplio de posibles vulneraciones de derechos que pueden representar, alusivas al atentado a la integridad física o psíquica, maltrato, vulneración al derecho a la educación, al acceso a la salud e incluso en la esfera de la sexualidad, pudiendo ser representados ante el Juzgado de Familia y también en el tribunal penal, según corresponda.
Según Donatti, debieran andar entre los 500 y 600 curadurías por lo menos a nivel regional -en Punta Arenas bordean las 500-.