“Entre las observaciones, se destaca la solicitud de realización de sumarios para establecer eventuales responsabilidades por haber realizado tratos directos por $348.674.902 y servicios transitorios por $2.537.533.988 sin acreditación”, señala el ente contralor como encabezado en su cuenta en Twitter.
Esto se ha transformado en una verdadera es una caja de Pandora que recién se está abriendo”, señaló Guido Kusanovic, presidente del Sindicato de Profesionales de Enap Magallanes, quien recordó que la actual administración mantiene a personas que fueron de la confianza del ex gerente corporativo Marcelo Tokman, y hoy siguen formando parte de la empresa. “Son los mismos que han preparado los informes y respuestas ante la comisión investigadora de la cámara de Diputados, es decir las mismas personas que participaron en todas estas contrataciones e irregularidades detectadas hoy por Contraloría”, apuntó.
En paralelo, la resolución que adoptó la Cámara de Diputados por acuerdo absoluto de sus miembros durante la sesión plena realizada el miércoles (19 de junio), y donde solo la diputada Sandra Amar estuvo presente por Magallanes, fue oficiar al Gobierno para que la estatal se comprometa -en el marco de las auditorías internas- a llevar ante Contraloría o la justicia, según corresponda, si detectaren nuevas pesquisas que impliquen irregularidades o dolo. Esta medida, que parece de una obviedad absoluta, no era lo que ocurría al interior de la empresa, por ello, para los profesionales esta medida representa una gran oportunidad para llegar al fondo de la verdad, a pesar de la resistencia de algunos parlamentarios que simplemente quieren que se dé vuelta la página.
“Queremos que esto no se vuelva a repetir. Actos irregulares, algunos como los descritos en el informe de Contraloría, simplemente pasaban por una sanción, cambios de cargo, o un acuerdo de salida con importantes indemnizaciones, dañando seriamente el patrimonio y prestigio de la empresa”.
Kusanovic agregó que, “mientras nosotros, los dirigentes, denunciábamos estos escándalos, la actual administración se demoró un año en detectar estas irregularidades a través de auditorías como esta. Ahora cabe preguntarse, tal como lo hicieran algunos diputados durante la sesión plena realizada el miércoles recién pasado, si nos encontramos frente a un nuevo caso de financiamiento irregular de las campañas políticas”. Cuestionamiento que no fue respondido ni por la presidenta del directorio, Loreto Silva, ni por su actual gerente general de Enap, quienes simplemente se remitieron a mostrar un balance de su gestión, con ciertos avances que para nada dejaron conforme a los dirigentes de los profesionales de Magallanes puesto que en gran medida estos resultados derivaron en un plan de despidos de 360 trabajadores directos y otros tantos indirectos asociados a reducción o término de contratos. “Finalmente el costo lo pagaron los trabajadores que nada tuvieron que ver en estos manejos irregulares de la gestión Tokman”, enfatizó. Hoy existen auditorías en curso por lo que si éstas revelan irregularidades o dolo, de ahora en más, deberá ser Contraloría el organismo que avance en estas materias.
En la fotografía, tras finalizar la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, dirigentes de la Fenatrapech y del Sindicato de Profesionales de Enap Magallanes, agradecieron el compromiso de la diputada Sandra Amar.
