El Concejal de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, ingresó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que este organismo se pronuncie sobre las posibles irregularidades en el proceso de concurso público para la selección de Directores de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna.
De acuerdo con lo expuesto en su solicitud, la Corporación Municipal de Punta Arenas, publicó las bases del concurso en enero de 2025 sin someterlas a la Comisión de Salud del Concejo Municipal ni a la aprobación del pleno del Concejo, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 19.378, que establece la obligación de contar con la participación del Concejo en estos procesos.
Asimismo, Becerra señaló que este procedimiento también contraviene el Dictamen N° 202/7 de la Dirección del Trabajo, emitido el 6 de febrero de 2023, el cual indica expresamente que no es procedente realizar un concurso de Directores de establecimientos de salud municipal sin la aprobación previa del Concejo Municipal.
El Concejal recordó que este procedimiento ha sido históricamente respetado en Punta Arenas, tal como lo demuestran los concursos realizados en los años 2017 y 2022, cuyas aprobaciones están debidamente registradas y fueron incorporadas en su requerimiento.
Becerra manifestó su preocupación por el hecho de que este concurso se haya realizado entre cuatro paredes, sin la participación del Concejo Municipal ni la debida fiscalización, lo que podría derivar en situaciones como las ocurridas en los últimos tres años, en donde se han perdido acreditaciones, han existido directores sumariados y se han designado directores que posteriormente han asumido otras funciones, dejando sus cargos con subrogancias durante todo su período de gestión.
Ante esta situación, el Concejal José Becerra solicitó formalmente a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la Municipalidad de Punta Arenas y la CORMUPA, determine si la omisión del Concejo Municipal constituye una infracción a los principios de legalidad y transparencia, y que, en caso de encontrar irregularidades, ordene las medidas correctivas correspondientes.
Finalmente, el edil reafirmó su compromiso con la fiscalización y la transparencia en la gestión municipal, destacando que continuará velando por el cumplimiento de la normativa y los más altos estándares de probidad en los procesos administrativos de la comuna.