La Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena 2012-2020, sostiene que “los requerimientos de crecimiento de la región implican el impulso de aquellas actividades que efectivamente tienen impacto en la generación del Producto Regional”, y agrupa tales actividades en 6 sectores productivos: “Minero/Energético, Turismo, Pesca y Acuicultura, Servicios Marítimos y Portuarios, y el sector Ganadero/Forestal/Hortícola”.
A su vez propone, en el ámbito de Competitividad y Desarrollo Productivo, “desarrollar una visión concreta en torno al crecimiento y expansión sostenible y sustentable de la actividad minera-energética, que permita consolidar a la región como una de las principales productoras de carbón, hidrocarburos y energías no convencionales para el mercado regional y nacional”. Y en específico, plantea “propiciar el desarrollo de un modelo productivo sustentable para la minería del carbón”.
¿Qué pasó entonces con esa voluntad de desarrollo regional a partir del carbón? Aparentemente entró en crisis, puesto que ya no resulta tan convincente como hace algunos años.
Hay que reconocer, en primer lugar, que por más de un siglo la extracción de carbón ha tenido presencia en la región, como una actividad productiva importante. Su quehacer ha dado forma a hombres, mujeres y familias que han nutrido la idiosincrasia local con la cultura minera del carbón. A través de su faena -a pesar de sus peligros y víctimas-, varias generaciones de trabajadores alcanzaron mejoras en sus condiciones de vida, y pudieron educar a su descendencia con un mejor anhelo para ella. Hoy mismo, las actuales generaciones de trabajadores vinculados a esta industria, defienden su fuente laboral por las mismas razones que generaciones pasadas.
Sin embargo, el inminente desempleo que se está produciendo a partir del cierre programado de las operaciones de Mina Invierno, es el corolario funesto de una decisión fundamental del propio actor productivo. En efecto, si la empresa hubiera admitido desde un inicio todos los métodos de extracción posibles en el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, las consecuencias de su omisión inexcusable, respecto del uso potencial de tronaduras, se habrían evitado.
Su pecado original está perjudicando a trabajadores directos e indirectos, pero además gravita en las esferas políticas y judiciales, por ser éstas, ámbitos de corresponsabilidad sobre las actividades productivas que impactan el territorio, las comunidades y la economía regional.
En segundo lugar, se debe tener presente que el modelo de producción dominante, basado en la extracción de recursos naturales, está siendo cuestionado desde la raíz. Aún si la empresa cumple con la normativa ambiental establecida, ese cumplimiento resulta insatisfactorio, ya que el estándar legal es juzgado insuficiente y la fiscalización precaria y muchas veces, inexistente.
Los reclamos ciudadanos contra industrias que explotan recursos no renovables, o contra industrias contaminantes, o contra las llamadas zonas de sacrificio, son absolutamente legítimos, y surgen de una actitud consciente respecto a que este tipo de producción y sus derivados, causan profundos daños al ecosistema global, y amenazan seriamente con romper el equilibrio climático del planeta hasta un punto que no exista retorno.
Esta es la ecuación fundamental que debemos resolver, si queremos hablar de desarrollo en el siglo XXI.
No obstante el grave riesgo que experimenta la humanidad (a causa de su propia actividad y progreso), la restricción que pesa en este instante sobre un negocio “poco sustentable”, se presenta a la opinión pública como una catástrofe laboral y económica, y no como una oportunidad para repensar la producción y el desarrollo, que contribuya, localmente, a evitar una catástrofe en el planeta que habitamos.
De modo consecuente, y sin perjuicio de lo que llegue a resolver el Tribunal Ambiental competente sobre Mina Invierno; existen, al menos, tres puntos políticos que queremos plantear:
- El gobierno actual debe efectuar, a la brevedad, un llamado amplio a participar de un proceso de deliberación orientado a renovar la actual Estrategia Regional de Desarrollo. Donde se puedan articular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y los intereses de crecimiento y empleo regional. En éste porceso, la participación de los actores involucrados en la decisión, formación, investigación, producción, innovación y evaluación de acciones y procesos que inciden en la actividad económica regional, en la sostenibilidad ambiental del territorio y la calidad de vida sus habitantes, es fundamental.
- Según INE, al menos el 50% de la superficie regional “corresponde a áreas silvestres protegidas, estratificadas en reservas, monumentos naturales y parques nacionales”. Siendo así, Magallanes genera una importante contribución mundial al establecer zonas de conservación de gran magnitud, pero sin recibir nada a cambio. Es preciso entonces, reclamar un incentivo económico por estas medidas de salvaguardia del ecosistema, para que sea invertido en procesos que generen valor a la producción como: educación, investigación, capacitación, ciencia, tecnología, innovación.
- El Estado tiene la obligación de mejorar aspectos regulatorios que están bajo cuestionamiento, como son la ley y la fiscalización. A este respecto, lo siguiente:
- La legislación ambiental es crucial para orientar adecuadamente el desarrollo productivo del país y de cada región. En paralelo, el proceso de descentralización debe asegurar mecanismos que entreguen facultades a las autoridades locales para ordenar y planificar el territorio, asignar recursos financieros y humanos suficientes, y definir una nueva Estrategia Regional de Desarrollo, con un proceso de Evaluación Ambiental Estratégico, que represente un amplio consenso respecto a la hoja de ruta que quiere seguir la región.
- Es preciso fortalecer el estándar de calidad que tienen los sistemas de control de las instituciones fiscalizadoras del Estado sobre las faenas productivas. Como es el caso de Sernageomin para proyectos mineros; para proyectos acuícolas, Sernapesca; y en general, para cualquier proyecto aprobado ambientalmente, la Superintendencia de Medio Ambiente, con capacidades humanas y de recursos para abarcar esta extensa región, con independencia y transparencia. Por lo tanto, son tres las áreas institucionales que requieren una intervención prioritaria, a la vista de lo que ocurre con Mina Invierno y la salmonicultura.
Esperamos que el gobierno acoja esta propuesta y actúe con máxima responsabilidad para lograr objetivos de largo plazo. Es tiempo de plantear una nueva Estrategia de Desarrollo Regional que inicie una transición fundamental hacia la diversificación de nuestra matriz productiva.
PARTIDOS DE OPOSICIÓN, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA