Como es habitual año a año, la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos
de Libertad de Adolescentes (CISC RPA) realizó su segunda visita semestral durante 2024 al Centro
Privativo de Libertad de Río de Los Ciervos, administrado por el Servicio Nacional de Menores
(Sename). Aquella fiscalización apunta a garantizar una mejor atención de los adolescentes y
jóvenes infractores de ley que cumplen alguna medida cautelar de internación provisoria o
sanción privativa de libertad.
Allí en terreno, las y los comisionados pudieron verificar la condición de cinco jóvenes infractores
de ley sujetos a internación provisoria, régimen cerrado y semicerrado, bajo la coordinación de la
Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat. La comisión tiene por objetivo asesorar
en el debido resguardo de los derechos de los jóvenes y adolescentes, de sus condiciones de vida,
tanto al interior de los Centros Privativos de Libertad administrados por el Servicio Nacional de
Menores, como en las Secciones Juveniles de los establecimientos penitenciarios de Gendarmería
de Chile.
La Seremi Michelle Peutat indicó que dicha tarea se enmarca en el ámbito de acción de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084), para lo cual se debe visitar dos veces al año
aquellos establecimientos que alberguen a adolescentes o adultos que hayan sido condenados
cuando eran menores de 18 años, y que estén cumpliendo una medida cautelar o condena. Esto,
en consonancia con la prioridad expresada por el Presidente Gabriel Boric, en orden a trabajar con
un modelo y soporte adecuados para trabajar con jóvenes que han infringido la ley.
Agregó que las y los profesionales pudieron efectuar un acabado levantamiento de información
acerca de las condiciones de funcionamiento de cada área de trabajo de aquel centro dependiente
de Sename, tales como alimentación, tratamiento de adicciones, salud, educación, disciplina,
infraestructura trato recibido por los adolescentes, entre otras. Aquello les permitió formarse una
impresión general del recinto, hacer recomendaciones y revisar el cumplimiento de indicaciones
cursadas en semestres anteriores.
A nivel de instituciones, participó la Seremi de Justicia y DD.HH. junto al Fiscal de la Corte de
Apelaciones y representantes de la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Publico, Fundación
Opción, Universidad de Magallanes y Fundación Esperanza.