El 18 O remeció las bases de un paradigma creado ficticiamente, el éxito del modelo neoliberal de desarrollo en Chile. Que aseguraba que éramos el ejemplo de Latinoamérica, que habíamos logrado con el orden de los acuerdos sellados en plena transición alcanzar estándares de países desarrollados y que ya nos encaminábamos a ingresos de U$$15.000 per cápita, los políticos de distinto signo se enfrascaban en extensas discusiones teóricas sobre la necesidad de establecer algunas limitaciones, pero bajo ningún punto de vista generar cambios estructurales al modelo, solo es justo reconocerlo, políticos extra sistema e incluso algunos al interior de las coaliciones de centroizquierda alertaban sobre los peligros de mantener un sistema que estaba generando importantes focos de exclusión y marginalidad.
Diferentes cifras alertaban sobre los crecientes niveles de desigualdad, un informe de la CEPAL del 2017 señalaba que el 1% más adinerado de Chile se quedaba con el 26.5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menos ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza.
En términos de ingreso, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 y según datos del INE la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.00 pesos mensuales. Que no se condice con el incremento del costo de los servicios básicos y el transporte, este último uno de los ítems en la que los sectores más pobres destinan una parte importante de sus ingresos.
A esto se suma, la precariedad del sistema de pensiones, que condena a los trabajadores y trabajadoras que jubilan a la reducción drástica de sus ingresos dado su cálculo en base a la capitalización individual, que dada la precariedad de sus ingresos y a pesar de las modificaciones realizadas en el gobierno de la Presidenta Bachelet, no han logrado revertir la situación de insuficiencia de las mismas. En contraposición a las millonarias ganancias anuales que reciben las mismas instituciones administradoras por el manejo de los fondos que pertenecen a los trabajadores que imponen mensualmente.
Lo cierto, es que en Chile se produjo en los últimos años producto del crecimiento económico, el acceso a mejores niveles educativos, por la expansión de la educación superior a partir del crédito o mejor dicho del endeudamiento, significó que en muchas familias por primera vez un miembro de ella tuvo acceso a un título profesional, eso origino un crecimiento de una clase media precarizada, es decir, que se desarrolló como tal producto de un alto endeudamiento, malas pensiones y con bajas remuneraciones.
Las reformas implementadas por los gobiernos centroizquierdistas no lograron transformar las bases del modelo neoliberal, y muchas de las tibias reformas que se buscaron implementar muchas veces fracasaron por la falta de convicción política de los miembros de la propia coalición, situación que quedó patente en las dificultades que tuvo Bachelet para implementar una serie de reformas que mejoraban sustancialmente las condiciones de vida de los sectores más pobres.
No es de extrañar por tanto que, producido el estallido social de octubre, la consigna más repetida por los ciudadano fuera no son 30 pesos son 30 años, una explosión de descontento solo comparable con las multitudinarias protestas de la década de los 80 exigiendo la salida del Dictador.
La rabia e impotencia acumulada lleno las calles, plazas, barrios de todas las ciudades del país, la exigencia central DIGNIDAD.
En este marco, nos dimos cuenta o nos explotó en la cara, que esa imagen idílica de país en vías de desarrollo se caía a pedazos, fruto de la indiferencia, la comodidad, la preeminencia de lo económico en la aplicación de políticas públicas que no permitían dar cuenta de la demanda ciudadana por mayor justicia e igualdad.
Con el acuerdo de noviembre que posibilito la convocatoria a plebiscito para elaborar una nueva constitución, comenzamos a pensar en la construcción de un nuevo espacio para pensar un Chile diferente, con un modelo desarrollo que genere mayor, justicia e igualdad, que permita garantizar una estado más fuerte que proteja a sus ciudadanos, especialmente a los más pobres, un país realmente para todas y todos, con un sistema de seguridad social que de tranquilidad y permita vivir la vida y no sobrevivir o mal morir.
Sin embargo, la Pandemia del COVID-19 nos aterrizó brutalmente, el mundo y especialmente Chile fue puesto en tensión máxima, junto al combate contra la Pandemia, se comenzó a vislumbrar con más violencia y crudeza el país real del desamparo y la pobreza, de la incapacidad del modelo de dar respuesta y seguridad a millones de compatriotas que asustados por el contagio, debían enfrentar además las penurias de la cesantía, las carencias y el hambre.
Lo que partió como un problema de salud pública, se transformó con los días en una catástrofe económica y social de proporciones incalculables, producto de un gobierno ineficiente, arrogante e incapaz de poner el interés de los ciudadanos por sobre el interés de los negocios y el capital. Le pareció más importante a Piñera proteger a las empresas y la economía que proteger la vida de los ciudadanos. A fin de cuentas, los trabajadores han pagado con sus propios ahorros los costos de la crisis, las medidas inoportunas e insuficientes han multiplicado el esfuerzo colectivo de los propios ciudadanos por hacer frente a los impactos económicos de la pandemia.
Se han multiplicado las ollas comunes como en tiempo de Dictadura, las canastas familiares generadas por las propias organizaciones sociales y grupos de voluntarios, la atención de personas en situación de calle, etc. Estás formas de organización colectiva se levantan con un doble propósito reemplazar la inexistencia de estado protector y benefactor y `protestar frente a la indolencia de un modelo de desarrollo que no les otorga la seguridad necesaria para una vida digna.
Qué duda cabe y ya lo estamos viviendo, del impacto que la crisis tendrá en el empleo tanto en el desempleo como en el subempleo, en la calidad misma del trabajo ya sea por reducción de remuneraciones o accesos a la protección social. Donde se nota con mayor dureza será en los trabajadores informales, los cuales aumentaran la precarización de sus labores, hoy concentrado principalmente en población migrante, que además debe soportar dificultades en el acceso a la vivienda, a la salud y la protección social y en muchos casos a su propia situación migratoria.
La CEPAL advierte que el impacto en el mercado laboral, trae aparejados efectos en términos de ingresos laborales, lo que se traduce en menor consumo de bienes y servicios, con lo cual se genera menos dinamismo de la actividad económica lo cual puede repercutir en que muchos trabajadores caigan en situaciones de pobreza.
En este escenario el rol del Estado es fundamental, dado que en su momento deberá sostener y luego estimular la oferta y la demanda, recurriendo a los instrumentos y recursos públicos que se manejan, en este sentido, Chile debe recurrir a los ahorros que dispone o al endeudamiento para proteger a la población.
Durante años los sucesivos gobiernos, insistieron en la necesidad del equilibrio y la responsabilidad fiscal para generar ahorros que permitieran hacer frente a situaciones de emergencia, bueno ese tiempo llegó y la ciudadanía lo que espera es que el gobierno este a la altura de las circunstancias, si es que no quiere, que la situación social adquiera ribetes mucho más complejos que los vividos durante octubre pasado.
Los efectos sanitarios del COVID-19 permanecerán con nosotros durante un buen tiempo, pero los efectos sociales, económicos y políticos se mantendrán en la medida en que como ciudadanos no seamos capaces de generar las condiciones para terminar con este modelo de desarrollo neoliberal y reemplazarlo por un desarrollo con rostro humano, que nos permita construir no protección social sino un sistema de seguridad social que ponga en el centro, la preocupación fundamental por la persona.