Dada la crisis social y política que vive el país internamente y también en las fronteras de nuestro territorio, el Colegio de Trabajadores Sociales de Magallanes, indica la falta de medidas acertadas y humanitarias para abordar los fenómenos de violencia desmedida, y la expulsión de migrantes, las que afectan la dignidad e integridad de las personas.
El Estado de Chile debe tener un rol protector y garante para sus conciudadanos, por consiguiente, el Gobierno debe garantizar derechos y libertades fundamentales, por lo que solicitamos el respeto a la vida y un debido proceso, para esclarecer los diversos asesinatos que han ocurrido en estas últimas semanas, y que han afectado gravemente a chilenas y chilenos, así como profundizar acciones que contribuyan a la protección de niños, niñas, y mujeres víctimas de violencia de género y maltrato, promoviendo una cultura sin violencia.
La expulsión de personas migrante devela malas prácticas de discriminación del Estado Chileno, las que rechazamos, y hacemos un llamado a las autoridades a que se dicte con urgencia una nueva legislación migratorio para el país, y se establezcan medidas humanitarias para aquellas personas que se ven obligadas a emigrar, dadas las crisis en sus países de origen, en consecuencia, Chile debe respetar la Convención de los Derechos Humanos, y cada uno de los Tratados Internacionales en materia de migración.
Finalmente, los profesionales del Trabajo Social solicitamos se establezcan medidas de alto nivel diplomático para abordar el fenómeno migratorio, coordinar acciones de cuidado y protección en los pueblos fronterizos, abordando de forma certera el fenómeno de la violencia, interculturalidad, y requerimiento de refugio que viven los extranjeros que tocan territorio nacional, y no desarrollar gestiones que contengan o abran paso a la afectación de la dignificad o discriminación de las personas, como a sido la exposición a condiciones inhumanas y expulsiones masivas, o limitar la vacunación a un segmento de la población por el sólo hecho de no estar regular en el país, en tanto, el plan de vacunación contra el covid-19 debe responder a una política pública universal, sin distinción de acceso o limitación por la condición socioeconómica o de nacionalidad.
DIRECTIVA – COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES MAGALLANES AG