No se puede menos que repudiar el elocuente y, al mismo tiempo, brillante desatino de nuestra autoridad comunal, de militancia derechista y a ultranza, al rendirle homenaje a los asesinos de trabajadores de esta tierra que cayeron, hace 100 años, en el levantamiento obrero del 23 de enero de 1919 en Puerto Bories y Puerto Natales. ¿A quién -y bajo qué premisa- se le ocurre homenajear con una placa, financiada con caudales públicos, a nada menos que a los asesinos de estos obreros en huelga?
Por décadas, Natales contaba con un modesto monumento a los obreros caídos bajo las balas de la policía del Ejército de Chile que jugaba el discutido rol de mantener el orden público en esta zona. Ese monumento fue recientemente remozado por el municipio en torno al centenario de la revuelta, ocasión que fue utilizada por la autoridad comunal para incluir una placa en recuerdo de la “actitud patriótica” de los policías del Ejército que mataron a los obreros.
No es nuevo el hecho de que el Estado, bajo la excusa del orden y bienestar común, haya usado la fuerza de militares de bajo rango para ametrallar a su propio pueblo en defensa de intereses de la empresa privada, tal como la famosa y genocida Sociedad Explotadora Tierra del Fuego en la época. Ya en 1907, solo 12 años antes que ocurrieran los incidentes en Puerto Bories, se contaban en miles los obreros y familias enteras asesinadas por el glorioso Ejército de Chile en el Norte Grande, en una tragedia hoy recordada como la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. Dicho esto, creo que a nadie, e incluyo a la derecha más ultra, en su sano o por lo menos calculado juicio, se le ocurriría levantar un monumento para los uniformados que llevaron a cabo tan terrible y sangrienta tragedia.
Sin embargo, a don Fernando Paredes Mansilla (UDI), alcalde de Natales, no le asaltan dudas a la hora de meter tan profundo la pata en la historia de los derechos civiles. No solo se requiere de un juicio moral, pero también un consenso histórico y académico, antes que la mera y voluntariosa actitud de una autoridad edilicia y su sesgada visión de mundo, a la hora de levantar placas recordatorias de hechos sangrientos.
Independientemente del criterio o descriterio utilizado para erigir la cuestionada placa que hoy, en el centenario de la revuelta obrera del 23 de enero de 1919, recuerda con honores también a los victimarios uniformados, es necesario establecer, como un acto que salvaguarda la dignidad, que tales medidas sean consultadas con la ciudadanía y, tal vez, con los familiares de los mártires, antes de arrogarse como autoridad civil el peso de la historia, más aún si no se es un especialista en esta ciencia social.
Sobran palabras para tan desatinada determinación. Acá hubo gente asesinada por fuerzas policiales, trabajadores como todos nosotros, que simplemente luchaban por sus derechos por años pisoteados. Sin ir más lejos, uno de los policías homenajeados por el señor Alcalde de Natales era también reconocido por la comunidad de entonces como el asesino a palos de un obrero detenido en Cerro Castillo, atrocidad cometida por varios policías en el marco de su “labor patriótica” tan solo unos meses antes, en la antesala del estallido de la revuelta obrera de 1919.
No podemos negar la historia y hacer creer a las nuevas generaciones que el levantamiento del 23 de enero de 1919 fue una obra del azar y, mucho menos, poner en una misma bandera a víctimas y victimarios. Es una falta de respeto a nuestra historia, a nuestros trabajadores y todo nuestro pueblo.
Pedimos a las autoridades que por respeto a la memoria de nuestro pueblo, revierta dicha determinación y se utilice la plazoleta para lo que fue creada. Esto es, para rendir homenaje a los mártires del 23 de enero de 1919 y no a quienes, sueldo mediante, tuvieron el descaro de usar las armas contra su propia comunidad para defender intereses ajenos.
Atentamente: Benito Ruiz Águila
Presidente de
“Agrupación Mártires 23 de enero 1919”}
