Los juzgados de Letras y Garantía de Puerto Aysén y de Garantía de Punta Arenas declararon “admisibles” las querellas contra quienes resulten responsables de la muerte de dos
ballenas jorobadas, dadas a conocer entre los días 29 y 30 de octubre, al interior de las áreas protegidas Parque Nacional San Rafael y Reserva Nacional Kawésqar, acciones que fueron presentadas el recién pasado lunes 11 por Greenpeace, junto a la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar.
Desde la organización ambientalista declararon estar conformes con esta declaración de admisibilidad, y aseguran que representa un importante hito en materia de acceso a la justicia ambiental, tanto para las comunidades, como para la sociedad civil: “No sólo implica que se da el ‘vamos’ oficialmente al Ministerio Público para iniciar la investigación, sino que también supone un avance importante en el reconocimiento de la ciudadanía en materia de cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y políticas ambientales, y su rol en la defensa de los territorios”, determinó Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
Esta acción legal representa un hito inédito en la historia penal del país, ya que se utilizan por primera vez las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal para querellarse por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas. En este cuerpo legal, se menciona claramente que las penas serán aplicables a quienes afecten gravemente uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional o un humedal de importancia internacional’, por lo que los responsables podrían ser sancionados con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, lo que podría equivaler a una pena privativa de libertad desde 5 años y 1 día, hasta 10 años más multa.
“Con esta acción, esperamos aportar nuevos antecedentes a la investigación y sentar un precedente en la materia. Hoy tenemos una normativa que pena con cárcel las negligencias e infracciones medioambientales de las industrias; llegó la hora de hacer justicia por nuestra naturaleza y por las comunidades que la habitan. Basta de mirar al costado y basta ya de impunidad”, comentó Asun.
Roxana Núñez, abogada y especialista en Incidencia de Campañas de Greenpeace Andino,
complementó que “la muerte de especies al interior de áreas protegidas es algo a lo que como país no sólo no nos debemos acostumbrar, sino que, por el contrario, debemos sancionar duramente. Contamos con un texto legal que fue creado precisamente para perseguir delitos como éste, por lo valoramos la decisión de los juzgados de declarar admisibles estas querellas, lo que no sólo permitirá que el Ministerio Público inicie una investigación en esta materia, sino que también genera un precedente para que las comunidades puedan defender sus territorios y velemos en conjunto por la protección de nuestras áreas protegidas y las especies que las habitan”.
“Para nosotros es importante querellarnos porque en los casos previos de ballenas muertas en nuestro
territorio, así como en otros, no ha habido una investigación exhaustiva, ni tampoco sanciones para
quienes resultaren en responsables concretos”, aclaró al respecto Leticia Caro, representante de la
comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar.
Caro subrayó que éste representa un hito importante para avanzar en la conciencia sobre los territorios
ancestrales y las áreas protegidas. “La ballena ocupa una parte importante en nuestra historia y también
en la memoria de nuestros antiguos: en tiempos de navegación libre, su presencia era objeto de
ceremonias y grandes encuentros de significancia espiritual y de subsistencia, representando una
conexión importante con nuestra espiritualidad y cosmovisión. Ahí radica la importancia para nuestra
comunidad de cuidar a esta especie y proteger nuestro territorio ancestral, y que estas muertes no
queden en la impunidad”, destacó la integrante de la comunidad Kawésqar.
Cabe recordar que, aunque han pasado seis años de su incorporación al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Estado (SNASPE), esta reserva aún no cuenta con un plan de manejo, una herramienta
fundamental para la conservación efectiva. “La muerte de una ballena en el interior de la reserva subraya
la necesidad de que el proceso de consulta indígena avance con celeridad, a fin de aprobar y aplicar el
plan de manejo que permita una gestión y protección duradera para este espacio. Mientras eso ocurre,
esperamos que la justicia pueda actuar con celeridad para establecer las responsabilidades en estos
lamentables dos casos de cetáceos muertos, y que se puedan generar penas y multas ejemplificadoras
para que no vuelvan a ocurrir casos como los de San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar”, concluyó
el vocero de Greenpeace.