Nos enfrentamos a un proceso constituyente único en su tipo en el planeta. Si, único en el planeta, dado que será la primera constitución en el mundo que será redactada por una convención conformada de manera paritaria por hombres y mujeres, que tendrá cupos reservados para los representantes de sus pueblos indígenas y que será sometida a un plebiscito ratificatorio que tendrá carácter obligatorio. Todo un hito político. El mayor desafío en el proceso constituyente es, a mi juicio, la capacidad de los actores sociales y políticos de dar conducción y representación a ese mayoritario 80% de la población que dio al APRUEBO a este proceso. Los partidos deben asumir que representan solo a una parte de la población y que mas allá de sus fronteras existe organización que tiene y debe tener participación y ser escuchada para dar la necesaria legitimidad que la carta magna requiere.
En paralelo, coindice con el proceso constituyente, el necesario proceso descentralizador que vive el país y que es sin duda la gran oportunidad para el desarrollo y respuesta a las necesidades de las regiones de Chile. El modelo centralista al que se ha sometido a las provincias y regiones por mas de dos siglos, muestra su desgaste mediante la injusticia social representada en los sectores mas alejados del centro. Una muestra de ese desgaste y el cansancio generado en la población, es el resultado del plebiscito del 25 de octubre en aquellas zonas aisladas y olvidadas por el centralismo o aquellas denominadas “de sacrificio” donde el APRUEBO alcanzo porcentajes superiores al 88% como el caso de Huasco, Tocopilla, Tortel, Illapel, Mejillones, Petorca, Chañaral, Diego de Almagro, María Elena o Freirina donde se llegó a un histórico 92%. En todas estas zonas se conjugan la pobreza extrema con una extrema contaminación, afectando la calidad de vida, la salud y la economía de sus habitantes que ven como finalmente ellos pagan el costo con su salud y sus vidas y el tributo se lo llevan unas pocas familias que viven en Santiago.
La experiencia de los países más desarrollados que son, a su vez, países descentralizados deben ser objeto de atención para Chile y la Región de Magallanes, dado que ahí se demuestra en la práctica que el desarrollo de las regiones pasa por el fortalecimiento de los gobiernos locales y su capacidad para establecer sus propias políticas y estrategias. Esto último, es el paso siguiente que debe dar la región para su pleno desarrollo. Se necesita que las provincias y sus comunas tengan también la autonomía suficiente para decidir acerca de cómo quieren orientar la inversión y el desarrollo de los sectores productivos, para así dejar de ser solo receptores de diseños y decisiones tomadas en Santiago o Punta Arenas y demostrar con hechos que es posible disminuir las desigualdades territoriales, económicas y sociales.
Nicolás Gálvez López
Vanguardia Comunitaria