A menos de un mes de que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y DD.HH., ingresara una
indicación que permite la creación de los Tribunales de Ejecución de Penas, este lunes la Cámara
de Diputadas y Diputados aprobó esta anhelada iniciativa, la cual pasará ahora a segundo trámite
legislativo en la cámara revisora.
La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, destacó este avance que “redunda en la
modernización del sistema penal y se cumple con el compromiso de Gobierno enmarcado en el
ámbito de seguridad ciudadana y prevención del delito”.
La autoridad señaló que esta acción legislativa se enmarca en la actual situación penitenciaria que
vive el país, con un alza sin precedentes de la población privada de libertad. La aprobación de la
moción aspira a contar con la presencia de tribunales especializados en la ejecución de las penas,
al no existir en Chile jueces de vigilancia penitenciaria o de ejecución de penas.
Al respecto, manifestó que la ejecución de la pena “es clave para permitir que aquellas condenas
dictadas por los tribunales se cumplan adecuadamente, además de cautelar los derechos de las
personas condenadas y, en el largo plazo, garantizar la reinserción de los penados y la seguridad
pública”.
El aspecto principal de la ley apunta al necesario establecimiento de un control de carácter
jurisdiccional respecto de la fase de la ejecución de la pena, como lo han hecho ver distintas
instituciones que participan del sistema de justicia penal, así como centros de estudio,
parlamentarios y también por parte de la doctrina.
La Seremi subrayó que hay actualmente cerca de 54 mil personas privadas de libertad y unas 145
mil sujetas a control, lo que hace tan relevante contar con estos tribunales especializados. La
norma establece una implementación gradual de tribunales de ejecución de penas y medidas de
seguridad en 14 territorios jurisdiccionales, además de incorporar 36 salas preferentes (en
juzgados de garantía) en otras comunas que cuenten con establecimientos penitenciarios del
sistema cerrado dentro de su jurisdicción.