Como Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas, hemos tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación regionales, de los destemplados dichos proferidos por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, don Claudio Radonich Jiménez, y que dicen relación, una vez más, con su constante reproche a la labor de los funcionarios municipales, que son, en definitiva, los que permiten que su gestión se pueda desarrollar, con niveles mínimos de aceptación ciudadana.
El último exabrupto en este sentido, es afirmar que, respecto de la situación de los pozos lastreros, una problemática de larga data en nuestra comuna, habría existido “corrupción”, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la normativa, que, en este caso específico data de una ordenanza del año 2003.
Pese a que el señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, cuenta con formación de abogado, realiza una aseveración, que genera un tremendo daño a la gestión municipal, independiente del alcalde de turno, ya que, categóricamente, atribuye a actuaciones individuales de funcionarios a quienes no identifica, hechos que, a todas luces, se producen porque, lamentablemente, el sistema de fiscalización e inspección existente en la entidad edilicia, simplemente no permite fiscalizar de mejor manera, toda la normativa relacionada con la extracción de áridos, ya que, no cuenta con los recursos humanos ni físicos que lo hagan posible, y que, cada alcalde que llega a encabezar la municipalidad, tampoco estima como una primera necesidad a mejorar.
De ahí que nos llama profundamente la atención y nos lastima, que se vierta una crítica en términos tan duros, cuando en la Ilustre Municipalidad
de Punta Arenas, contamos con
trabajadores que llevan más de cuarenta
años al servicio de la comunidad,
y que no pueden ser
tratados de “corruptos” por una autoridad transitoria, que, hasta ahora, no ha implementado, tampoco, ninguna medida que pudiera brindar eficiencia y eficacia, al sistema de fiscalización de ésta u otras normativas municipales, en las que, reconocemos un déficit en su fiscalización como institución pública, a quien la ley le entrega dichas potestades.
De ahí que no nos parece justo, pretender utilizar a los trabajadores municipales como un “chivo expiatorio”, buscando responsabilizarnos, de que, en plena emergencia sanitaria, un grupo no menor de transportistas, haya optado por realizar una medida de presión consistente en el corte de la ruta de acceso a la ciudad de Punta Arenas, la cual pese al contexto de movilizaciones que ha vivido el país, en el último tiempo, ni siquiera fue objeto de algún tipo de reproche por parte de las autoridades encargadas de asegurar el orden público.
De lo expuesto, queda meridianamente clara, la estrategia seguida para enfrentar los conflictos que se presentan en la gestión municipal actual, la que se limita a culpar a los trabajadores, por lo que hacen, han hecho y seguirán haciendo, ya que, los encargados de resolver los problemas políticos de una administración, son los alcaldes y no los funcionarios.
Por último, deseamos pedir un mínimo de respeto por el trabajo municipal, el cual muchas veces se desconoce, y no permitiremos seguir siendo expuestos, como si fuéramos nosotros, los únicos responsables de una gestión municipal, cuyos destinatarios pudieran considerar ineficiente, y, no nos cabe duda que, si se realizan las investigaciones correspondientes, y se determinan responsabilidades administrativas, éstas serán de aquellos que en la municipalidad realizan una labor de dirección y no de nuestros representados.
La DIRECTIVA ASTRAMUPA