La Asociación Regional manifiesta su profundo rechazo y malestar, ante la decisión adoptada por la autoridad regional, dado que lo denunciado por el intendente en los medios de comunicación, no corresponde a la realidad de los hechos.
El lunes el intendente de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, José Fernández Dübrock, emprendió una acción judicial, en contra de un funcionario público que desempeña labores en la Unidad de Vialidad, entidad dependiente de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, por haber generado supuestos daños al edificio de la intendencia, en noviembre del año pasado durante una manifestación.
Ante este escenario, la Asociación Regional de Empleados Fiscales (Anef Magallanes) declara que lo denunciado, no se corresponde con la realidad de los hechos acaecidos, por tanto, se trata de una acción desproporcionada y carente de fundamento.
Como Asociación hemos dado nuestro pleno respaldo al funcionario afectado, con quien solidarizamos y reivindicamos, dado lo desmedido de esta acción por parte de la primera autoridad, que viene a cumplir con directrices emanadas del poder central, sin realizar el análisis pertinente a la realidad y al momento histórico que está viviendo la región y el país.
Legítimamente nos preguntamos, por qué la intendencia se encontraba cerrada, en un horario que debe estar abierta a la comunidad, considerando además que quienes se estaban manifestando en el frontis y que luego ingresaron a entregar dos cartas, eran fundamentalmente asociaciones sindicales del sector público, y no una ”turba” como ha indicado el Intendente a los medios de comunicación.
Precisamente, los/as funcionarios/as públicos/as, representados en Anef, tras el estallido social del 18 de octubre, nos hemos sumado desde el día uno, a las demandas y manifestaciones de toda la ciudadanía, que clama por un Chile más justo y digno. Somos los mismos que en varias ocasiones, ingresamos a la intendencia, con la libertad que debe tener cualquier ciudadano, de entrar a un lugar que debe acoger y responder a la comunidad y con mayor razón, en momentos en que la ciudadanía exige respuestas y quiere soluciones.
Quisiéramos ver el mismo rigor y disposición por parte de la autoridad, para presentar querellas frente a las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en la ciudad y no únicamente contra los bienes materiales.
La historia juzgará al Intendente Fernández, como un funcionario al servicio de la criminalización de la protesta social, de una administración que no posee legitimidad para gobernar y que el 26 de abril próximo, conocerá el poder que tiene el pueblo.