El pasado 4 de julio, al instalarse la Convención Constitucional, un grupo de constituyentes entregó a la presidenta Elisa Loncón la propuesta de Reglamento Feminista de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, que la componen cerca de 50 organizaciones desde Arica a Punta Arenas, representando a esta última la Colectiva/Taller Cueca Sola Punta Arenas. Días después, en reunión con la Presidenta Loncón, la Articulación presentó un protocolo para prevenir y enfrentar toda manifestación de discriminación y violencia de género y una carta de compromiso contra la violencia política.
El argumento de la propuesta dice que la violencia de género ha sido el principal mecanismo disciplinante y de control hacia las mujeres y la diversidad sexual, obstaculizando el ejercicio de sus derechos, dificultando su participación política y excluyéndolas de la adopción de decisiones. Por ello, el compromiso propuesto para la firma de las y los 155 constituyentes, incluye el rechazo a toda violencia y otras formas de discriminación y, sobre todo, su participación activa en la erradicación, con particular atención a la violencia que viven mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, en situación de discapacidad, lesbianas y transgénero, entre otras. Dados los numerosos episodios ya conocidos de violencia y discriminación, resulta urgente que este compromiso sea firmado por todas las y los convencionales, y que la Convención Constitucional cuente con un protocolo en la materia, dice la comunicación de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena.
Compromiso de Constituyentes Contra La Violencia Política De Género.
Propuesta Articulación territorial feminista, “Elena Caffarena”
La Convención Constitucional permitirá al país contar con un nuevo pacto social donde las personas en toda su diversidad, esperan ser parte de una comunidad política que los reconoce en su dignidad y derechos. Para ello es fundamental que la paridad lograda por el amplio movimiento de mujeres en Chile, se exprese en esta Convención. La Convención debe ser, por tanto, un espacio común donde se garantice la plena participación de las personas que ejercen como convencionales, así como también el derecho a no ser discriminadas o sujetas de violencia de género. Solo así, será posible que todas, todos y todes puedan expresarse respecto al país que soñamos.
La violencia de género ha sido el principal mecanismo de disciplina y control hacia las mujeres, obstaculizando el ejercicio de sus derechos, dificultando su participación en la vida política y excluyéndolas de la adopción de decisiones públicas. A nivel regional se ha reconocido que “la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y es una amenaza principal para la democracia. La violencia contra las mujeres en la vida política impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas y que se beneficien de este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir en los espacios donde se toman las decisiones”. Resulta urgente que “los Estados adopten todas las medidas necesarias para su erradicación, en el entendido de que la eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida política es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad”. (Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política).
La paridad definida para la Convención Constitucional ha permitido contar con una composición equilibrada de hombres y mujeres, pero asegurar la participación igualitaria en el debate constituyente y en la toma de decisiones requiere además garantizar un espacio libre de toda discriminación y violencia política de género.
A continuación se detallan los compromisos que asumirán los constituyentes, que acepten firmar dicho compromiso.
«Por ello, en mi calidad de convencional constituyente ME COMPROMETO públicamente a:
- Condenar toda manifestación de discriminación y violencia de género, especialmente la violencia política contra las mujeres.
- Proponer y promover que la Convención Constitucional cuente con un protocolo para prevenir y enfrentar la violencia política de género.
- No ejercer ninguna clase de discriminación ni violencia política de género en contra de ninguna de las personas que ejercen como constituyentes, ni de ninguna persona que se desempeñe o intervenga en la Convención Constitucional.
- Participar activamente en las acciones de prevención de la violencia política de género.
- Denunciar cualquier manifestación de violencia política de género de que tome conocimiento y colaborar con las instancias de investigación.
- «Prevenir y condenar otras formas de violencia y discriminación múltiple como las que se ejercen contra las mujeres indígenas, afrodescendientes, en situación de discapacidad, lesbianas, bisexuales, transgénero, entre otras, y las opresiones que se expresan y se sostienen en una cultura patriarcal, como lo son el colonialismo, el racismo, el clasismo, la lesbofobia, bifobia, transfobia, y homofobia, entre otros».
