Junto con saludarlos, por intermedio de la presente y en mi calidad de Presidenta Regional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (AFSAG) de la región de Magallanes, organización que agrupa al 70% de la dotación total del Servicio, me dirijo a ustedes para informar sobre un conflicto de alta relevancia que afecta a la sanidad agropecuaria del país. La reciente decisión del Gobierno de implementar un recorte de más de $4 mil millones en el presupuesto Nacional del SAG para el año 2025 ha suscitado nuestra preocupación y ha llevado a la AFSAG a iniciar un plan de movilización nacional que culminará en un Paro Nacional el próximo 4 de marzo.
Este drástico recorte, impulsado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pone en grave riesgo funciones esenciales del SAG, tales como la fiscalización en terreno, el control de enfermedades y plagas, la certificación de exportaciones y la seguridad fronteriza. Estas actividades son vitales para garantizar la competitividad de los productos chilenos en los mercados internacionales y proteger la producción agropecuaria nacional. De no revertirse esta decisión, el impacto en la fiscalización, producción y el comercio internacional podría ser crítico.
Desde AFSAG Magallanes, queremos alertar sobre las consecuencias inmediatas que esta reducción presupuestaria ya está generando en nuestras capacidades operativas. La falta de recursos se traduce en dificultades para operar en terreno, déficit de personal, restricciones en viáticos y problemas para llevar a cabo fiscalizaciones clave.
Exigir a nuestras funcionarias y funcionarios que continúen operando con menos recursos, es una precarización inaceptable de la función pública, que solo beneficia al Estado a costa de quienes lo sostienen.
Un punto crítico que queremos destacar es la posible afectación a la certificación de exportaciones, un proceso fundamental para el comercio agropecuario chileno. La falta de personal en puertos y fronteras podría atrasar las certificaciones, generando efectos en cadena sobre los envíos de productos agrícolas y ganaderos.
Por ello, como gremio, exigimos a las autoridades abrir un espacio de diálogo inmediato para evitar que esta crisis escale. Advertimos que el paro nacional sigue en pie a menos que haya una respuesta concreta antes del 4 de marzo. Este es un problema estructural; no se puede pretender que el SAG funcione adecuadamente con menos recursos y al mismo tiempo exigir una fiscalización rigurosa.
Hacemos un llamado a los gremios agrícolas, gremios pecuarios y a los exportadores para que se sumen a nuestra preocupación. Es fundamental que expresen su inquietud por esta reducción de recursos, ya que son ellos quienes se verán afectados en los tiempos de certificación y en los controles sanitarios, lo que generará retrasos y obstáculos en los mercados internacionales.
Mientras tanto, las/os funcionarias/os del SAG nos prepararemos para la movilización nacional del 4 de marzo, sin descartar acciones previas en caso de que no se logre una solución en el corto plazo. Este conflicto se produce en un momento clave para el sector agropecuario exportador chileno, que depende de un SAG operativo y con recursos suficientes para cumplir con las exigencias sanitarias internacionales.