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ACUERDO POR LA SEGURIDAD

Amigos y amigas. Esta semana estuvo marcada por los impactantes eventos ocurridos en la república de
Ecuador. Todos pudimos ver la transmisión del canal TC de Guayaquil, emitida en vivo, mientras sus
trabajadores eran tomados como rehenes por un grupo armado. Afortunadamente la intervención de la
fuerza pública permitió el rescate de los rehenes y la entrega de los delincuentes. Según reporta el portal
de noticias BBC News mundo (1) el gobierno del presidente Noboa, asumido hace sólo dos meses,
explica que los ataques son una represalia, de las organizaciones criminales por las medidas
implementadas por su gobierno. Se estima que los distintos grupos criminales, del Ecuador podrían
reunir unos 20 mil miembros. Entre estos grupos se menciona a: Los tiguerones (grupo sindicado como
autor del ataque al canal de TV), Los Lobos, Los choneros, Las Águilas, Los fatales. Todos ellos con
vinculaciones con el narco mexicano. El detonante del estallido de violencia, que incluyó coches-
bombas, atentados incendiarios, toma de rehenes en las cárceles, habría sido la fuga del líder del grupo
“Los Choneros”, llamado Adolfo Macías, alias “Fito”, quien purgaba 34 años por diversos crímenes. Se
informa, que la fuga se produjo el día anterior a su traslado a una cárcel de alta seguridad. Este grupo es
sindicado como un brazo del sanguinario Cartel de Sinaloa, de México. Tanto las bandas criminales de
“LosTiguerones”, como “Los Lobos”, se encuentran en una sangrienta disputa territorial con “Los
Choneros”. En medio de la oleada de violencia criminal, se fugó de la cárcel de Riobamba, junto a más
de 30 reclusos, el líder del grupo “Los Lobos“, Fabricio Colón, quien estaba acusado de planificar el
asesinato de la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. La crisis que hoy vive El Ecuador se grafica
dramáticamente, en la tasa de homicidios, que aumentó de 5 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 46
por cada cien mil habitantes en 2023. Todo el continente observa expectante como se desarrolla este
proceso, por lo pronto el presidente Daniel Noboa, ha declarado la existencia un conflicto armado
interno en el país. Ha dispuesto que las tropas del ejército inicien la persecución de veintidós bandas
narco identificadas, las que han sido calificadas como organizaciones terroristas. Ecuador se ha
transformado en la ruta predilecta de los cárteles mexicanos, para trasladar la cocaína desde Colombia a
México y a los Estados Unidos. Por esta razón, la embajada de USA en Ecuador, ha participado
activamente en las reuniones de seguridad, organizadas por el gobierno de Noboa. Otros países del
continente han comprometido ayuda, incluido un intempestivo e inusual ofrecimiento del presidente
argentino, de enviar tropas de su país a combatir al narco en Ecuador.
Apresuradamente, los políticos chilenos han salido a dar sus interpretaciones sobre el caso
ecuatoriano, incluso desde el sector conservador, pretendiendo asimilar la situación de Chile, al drama
de Ecuador. Sin embargo, los datos, sitúan a Chile como uno de los países más seguros del continente.
Es cierto, que, se ha producido en los últimos años un incremento de los delitos de mayor peligrosidad,
incluidos crímenes como el sicariato y el secuestro, asociados a bandas criminales extranjeras. Pero las
instituciones de persecución criminal y la institución penitenciaria, funcionan normalmente, y el estado
mantiene el control del territorio, dentro y fuera de las cárceles. Lamentablemente, cuando se usa como
como argumento de campaña, la política de persecución penal de un país, caemos presa de toda clase de
discursos politiqueros de baja estofa, y hace nata el populismo penal. Con medidas facilistas, como
escuadrones municipales para perseguir al narco, ofrecidas por un mediático alcalde de la capital. El
tema de la seguridad del país, no es un asunto de izquierdas o de derechas. Fue un craso error político de
cierta izquierda, que, en el pasado, repugnaba de las políticas de seguridad. Hoy no existen dos
opiniones, los vecinos y vecinas de Chile, a lo largo y ancho del territorio, piden más presencia del
estado. No sólo con aumento de dotación de Carabineros de Chile y de la PDI, con mejor equipamiento
y mejor armamento, sino con el fortalecimiento de la acción de los organismos del estado, entre los que
están en primera línea los municipios. Fortalecimiento, para el empoderamiento de los habitantes

efectivos del territorio, mobiliario público adecuado y disponible, para el uso comunitario. Plazas y otros
espacios de reunión, debidamente iluminados, con protección y seguridad. Estamos muy lejos de la
situación dramática que viven nuestros hermanos ecuatorianos, pero no debemos ser autocomplacientes,
el narco está instalado en Chile. Pese a la distancia de los grandes centros de consumo, existe una ruta de
tránsito de la droga, que está usando los puertos chilenos. El volumen de recursos financieros de estas
bandas criminales, hacen presa fácil a nuestra juventud vulnerable. Es deber del estado combatir a estas
bandas ahí donde se encuentren, encarcelando a sus líderes, desarmando a sus soldados, pero, sobre
todo, siguiendo la ruta del dinero. Está comprobado que estas organizaciones criminales cuentan con
sofisticadas asesorías legales y contables, que les permiten lavar sus ganancias. La persecución más
efectiva del poder narco, es privarlo de sus recursos financieros, de sus propiedades. Es esa la tarea que
está haciendo hoy día el gobierno de Chile, con todos los organismos públicos. No hay que dudar ni por
un momento, que quienes encabezan la persecución penal, a través del ministerio público, las policías, y
los órganos jurisdiccionales, están preparados para llevar este combate hasta el final.
Es imposible no solidarizar ni condolerse por los trágicos y violentos hechos, ocurridos en El
Ecuador, una tierra hermosa con un pueblo generoso, que acogió a cientos de familias chilenas que
vivieron allí el exilio político. No podemos vacilar, ni claudicar en el combate frontal al flagelo del
narco. Sin titubeos ni medias tintas, para que nadie tenga que dialogar o pactar con el narco, para entrar
a nuestras poblaciones. Para que los vecinos y vecinas de Chile, puedan salir tranquilos a sus calles, a
sus plazas, sin temor. La política en Chile tiene que ponerse a tono, con esta necesidad, con esta
demanda por seguridad. Que no sea argumento de campaña ni de unos ni de otros, quedan dos años del
gobierno progresista, y sería faltar al deber más sagrado, si el ejecutivo junto al parlamento, no logran
avanzar en un pacto, que involucre la seguridad en su más amplio espectro. Seguridad pública, pero
también seguridad social, para que nuestros adultos mayores tengan la cobertura adecuada de sus
necesidades. No se puede seguir postergando la aprobación de la reforma de pensiones. Seguridad en las
calles y barrios, pero también seguridad en las empresas, para que puedan desarrollar su labor y crear
empleos, y seguridad en las inversiones. Para que nuestros jóvenes tengan reales oportunidades, y no
caigan presa de los cantos de sirena, de las mafias. Para esto existe un instrumento, propuesto por
nuestro buen ministro de Hacienda, Mario Marcel, el pacto fiscal, que no debe postergarse más y debe
ser aprobado.
Amigos y amigas, no podemos fracasar como sociedad, debemos enfrentar todos juntos la lucha
contra el narco, y el flagelo criminal, al mismo tiempo, que enfrentamos juntos la pobreza y la
desigualdad. Una vez más, es urgente llegar a acuerdos que permitan aprobar la legislación que responde
a las necesidades de la población.
Ernesto Sepúlveda Tornero